Alertan en Parlamento por retiro de personal de las Fuerzas Armadas.

La inminente reforma del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas que el gobierno se propone concretar este año, disparó las alarmas entre el personal superior y subalterno de las Fuerzas Armadas. Por un lado cerca de cien médicos de Sanidad Militar, particularmente en el Hospital Militar, presentaron su solicitud de retiro voluntario, y por otro, no hay oficiales voluntarios para cumplir con la misión de un año para la pacificación en Colombia, a la que Uruguay ya fue invitado.

En ambos casos se busca evitar quedar atrapados en las nuevas disposiciones que el Gobierno proyecta que son, básicamente, más años de aportes dilatando los retiros y un nuevo impuesto a los jubilados y pensionistas.

La descripción de una "preocupante" situación fue hecha por los miembros de un equipo de análisis, estudio y diagnóstico de los aspectos relacionados con la reforma integrada por el general Heber Fígoli, los coroneles Mario Frachelle, Rivera Elgue, Sergio Rico, y el capitán de navío Enrique Falco, todos retirados de las Fuerzas Armadas, ante la comisión de Defensa del Senado.

"Los médicos hoy no están en Sanidad Militar por el salario que cobran ni por las exigencias que tienen, sino porque allí buscan asegurarse un piso con el retiro y luego siguen trabajando en sus otras actividades. Si ellos ven una limitación en sus expectativas por el efecto de un impuesto o por modificaciones en el sistema de retiro militar, seguramente vamos a presenciar una salida masiva de médicos, enfermeros, nurses y técnicos", aseguró Elgue, que fue director y también subdirector del Servicio durante años, hasta 2014. Rico, por su parte, precisó a El País que "hay decenas, cerca de 100 médicos, que presentaron solicitud de retiro y no han sido autorizadas".

Los médicos y técnicos del Hospital Militar tienen una jerarquía. Son oficiales equiparados, y atienden hoy en día a unas 180.000 personas, entre militares activos, retirados y sus familias.

Sobre lo que ocurre con los voluntarios para ir a la misión de un año en Colombia, Elgue reveló que "se está pensando en llamar a personal retirado para concurrir dado que no hay personal superior voluntario para cubrir las necesidades que tiene esa tarea. No lo hay, en parte, porque todo el mundo está expectante de lo que pase con la ley y con el impuesto. ¿Por qué? Porque el personal en el exterior no puede pasar a retiro. Eso determina que todo el mundo esté reticente a irse del país mientras esta situación no se aclare", dijo en la comisión legislativa.

Fígoli advirtió a su vez que se viene "una retirada masiva de personal técnico, superior, con años de servicio, porque ven que sus expectativas y, de alguna manera, sus derechos adquiridos, podrían verse violentados".

Falco, que es abogado además de militar retirado, dijo que un nuevo impuesto sobre las pasividades sería "una doble imposición porque frente a un mismo hecho generador se pretende aplicarnos dos impuestos de igual naturaleza".

"Es confiscatorio porque, de acuerdo con los datos de que disponemos, la doble imposición, la suma de los dos impuestos, en algunos casos podría ascender hasta el 50% del haber que se percibe. Realmente, no conozco una situación igual en el Uruguay", sostuvo en la comisión.

Además advirtió que se viola el principio de igualdad consagrado en la Constitución.

A su vez, Rico consideró que la reforma "es un hecho político y no económico". Y apuntó que "este es un problema de fondo y tiene que ver con qué Fuerzas Armadas queremos, cuántos deben ser sus efectivos y cuánto está dispuesto a gastar el Estado para beneficio de toda la población".

Elgue indicó que "un 74% del total de los retirados cobra menos de $ 30.000", y que "los retiros que superan los $ 80.000 son el 14% del total, algo más de 600 personas entre retirados y pensionistas".

"Hay que tener en cuenta que el 60% de nuestro personal subalterno —es decir, la tropa— está viviendo en pobreza, y el 20% de ese 60% está en la indigencia. Solo el 30% de oficiales es propietario de vivienda".

El general Hebert Fígoli recordó ante los miembros de la comisión de Defensa del Senado, entre quienes estaba el expresidente José Mujica, que puede haber una motivación ideológica en la reforma de la Caja Militar. "Cuando estábamos en actividad nos tuvieron con salarios mal pagos, los más bajos del país. Los gobiernos democráticos entendieron que lo que había que hacer era dar la expectativa de una vejez digna, y ahora se les ocurre que también quieren castigar la vejez".

A su vez, el coronel retirado Carlos Frachelle preguntó a los senadores de la comisión de Defensa: "¿Por qué decimos que nosotros no tenemos déficit? ¿Porque tenemos asistencia financiera? Acá es necesario que comparemos, porque se ha llevado al colectivo civil a pensar que nosotros somos los únicos deficitarios. Si ustedes se fijan en lo que establecen las leyes y la Constitución, verán que el Banco de Previsión Social tiene asistencia financiera y nadie dice que tenga déficit; que la Caja de Jubilaciones y Pensiones Policiales tiene asistencia financiera y nadie dice que tenga déficit; que la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias tiene asistencia financiera y nadie dice que tenga déficit". Y respecto a la necesidad de asistencia financiera, explicó que es "producto de un desnivel creado a partir del año 1985 por decisiones estrictamente políticas. En aquel momento, Defensa Nacional costaba casi un 4% del Producto Interno Bruto (PIB) y hoy es menos del 1%. Para eso, las autoridades políticas —el Parlamento y los sucesivos Poderes Ejecutivos— decidieron que había que reducir las Fuerzas Armadas. Entonces la cifra de 40.000 hombres fue llevada a 27.000 y con tendencia a la baja. Si una institución tiene 40.000 hombres y los lleva a 27.000, y sigue bajando la cantidad, es lógico que, llegado el momento, esos se van a jubilar y que los ahorros que se hicieron con el Ministerio de Defensa Nacional tengan que ser pagados como parte de la seguridad social".

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