Presentará proyecto de ley; hoy solo están obligados el presidente y el vice.

El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres presentará en los próximos días un proyecto de ley para que todas las declaraciones juradas patrimoniales de las personas que ocupan cargos electivos (presidente, vicepresidente, parlamentarios, intendentes), de sus parejas y de ministros deban ser públicas. Además, el legislador dijo a El País que difundirá la declaración jurada de sus bienes, aunque actualmente no está obligado legalmente a hacerlo.

El País publicó ayer que tanto en 2005 como 2015 la declaración de bienes de la esposa del presidente Tabaré Vázquez, María Auxiliadora Delgado, (con la que tiene separación de bienes) si bien fue presentada no fue abierta por la Junta de Transaparencia y Ética Pública (Jutep) por expreso pedido de Delgado. La solicitud es, con la actual normativa, legal. Las declaraciones del actual vicepresidente, Raúl Sendic y de su antecesor, Danilo Astori, no incluyeron las de sus parejas. El ex presidente José Mujica sí hizo una presentación conjunta con su esposa, la senadora Lucía Topolansky.

El presidente de la Jutep, Luis Yarzábal, anunció que el organismo quiere que se abra una discusión sobre la necesidad de que todas las declaraciones sean públicas. El candidato a la presidencia del Frente Amplio, el diputado Alejandro Sánchez, ha dicho que las declaraciones de bienes de los legisladores deben ser públicas, al igual que las del presidente y el vicepresidente. Y el diputado oficialista Gonzalo Mujica difundió la suya por iniciativa propia.

Según Mieres, lo que ocurre es "increíble" y "hay que legislar" para que las declaraciones sean públicas, aún cuando haya separación de bienes en la pareja. "En estos casos hay que dar señales claras y curarse en salud. Yo no tengo pruebas y no estoy acusando. Pero hay que dar señales claras y no difundir la declaración del cónyuge no es una señal clara", sostuvo Mieres. El legislador señaló también que "falta mucho" para fortalecer la Jutep y destacó como un avance que se haya creado una comisión parlamentaria con el fin de legislar respecto al financiamiento de los partidos. En un tuit consideró "triste y preocupante" que Vázquez, Astori y Sendic no hayan difundido las declaraciones de sus parejas.

El senador colorado Pedro Bordaberry, por su parte, se mostró de acuerdo con una iniciativa como la de Mieres. Al haber sido candidato presidencial su declaración ya es pública, señaló. "Ojalá se concrete. Nosotros no tenemos mayoría y si la presento (la iniciativa) no la votan", dijo. Un reciente planteo del legislador colorado para que se crease una comisión investigadora sobre corrupción no tuvo andamiento porque fue rechazada por una comisión preinvestigadora con mayoría oficialista. Bordaberry consideró al presentar su propuesta de crear una comisión que "la corrupción es mundial y Uruguay no es una isla".

La ley 17.060 de 1998, estableció la obligación de que presenten declaración jurada el presidente y el vicepresidente del país, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los ministros de Estado, los del Tribunal de Cuentas y de lo Contencioso Administrativo y los parlamentarios, además de muchas otras categorías de funcionarios públicos, incluyendo ediles, oficiales militares y directores de empresas públicas. La presentación jurada de bienes puede hacerse por vía electrónica.

A la Jutep también se la conoce como Junta Anticorrupción y su tarea no es menor. Pero parece estar bastante relegada. Cuenta con 19 funcionarios y un presupuesto que equivale a $52.000 diarios. Un estudio que la Jutep hizo sobre sus fortalezas y debilidades determinó que el hecho de que la esposa del Presidente Tabaré Vázquez haya presentado su declaración junto a la de su marido, pero en sobre cerrado constituye una circunstancia que restringe la información que es de libre acceso al público, publicó El País. La normativa sobre declaraciones juradas establece que deben incluir un detalle precisos de los bienes muebles e inmuebles y los ingresos tanto del declarante como de su cónyuge o concubino, aunque estos últimos tienen la prerrogativa de pedir que permanezcan en reserva.

JUNTA ANTICORRUPCIÓNJUAN PABLO CORREA