Hace 50 días anunció que lo haría e instó al resto del Frente a imitarlo.

A 50 días de que el Movimiento de Participación Popular (MPP) anunciara que sus legisladores difundirían las declaraciones juradas de bienes e ingresos que presentaron ante la Junta Anticorrupción, ninguno lo hizo. Este gesto de transparencia solo lo tuvieron los diputados de Asamblea Uruguay Alfredo Asti y Gonzalo Mujica, y los líderes de la oposición.

Asti publicó en la página web del Parlamento no solo sus declaración jurada de 2015 sino las anteriores de 2010 y 2000.

"En el MPP vamos a presentar a la ciudadanía nuestro patrimonio de forma voluntaria, y vamos a solicitarle a todo el Frente Amplio que haga lo mismo", había dicho a El País el 21 de junio el diputado Daniel Caggiani (MPP). "Quienes tenemos la responsabilidad de legislar debemos ser transparentes en todo", agregó en ese entonces. La convocatoria incluso aspiraba a que quienes hoy ocupan una banca y participaron de legislaturas pasadas publicaran las declaraciones anteriores de forma de transparentar la evolución de sus bienes.

En la charla "Izquierda, Medios y Transparencia", realizada el 2 de mayo en el marco de la campaña electoral por las internas del Frente Amplio, el candidato del MPP Alejandro Sánchez anunció que impulsará un proyecto de ley para que las declaraciones juradas de bienes e ingresos de legisladores, ministros de Estado, ministros de la Corte Electoral y de la Suprema Corte de Justicia y directores de empresas del Estado sean públicas, como lo son hoy las del presidente y vicepresidente de la República.

Sin embargo, transcurrido un mes y medio ninguno de los legisladores del MPP ha publicado su declaración jurada ni en la web del Parlamento ni en la propia del sector, según un relevamiento realizado por El País.

Asti declaró en 2015 tener un patrimonio de $ 11 millones sumando depósitos bancarios, varios inmuebles y dos vehículos. De Asamblea Uruguay, quien había publicado su declaración patrimonial previo al llamamiento del MPP había sido el diputado Gonzalo Mujica. En su declaración correspondiente a 2005 figura que cuenta con un vehículo y el 50% de un inmueble que además de otros ingresos elevan su patrimonio neto a unos $ 2,2 millones.

En la campaña electoral de 2014, los candidatos presidenciales de la oposición divulgaron sus declaraciones juradas de bienes e ingresos. Hace unas semanas, ahora en el Senado, los nacionalistas Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga, el colorado Pedro Bordaberry, y el independiente Pablo Mieres volvieron a divulgar sus declaraciones de bienes actualizadas.

Bordaberry declaró un patrimonio neto de $ 22,56 millones, Lacalle Pou uno de US$ 534.589 y Mieres $ 638.000. Larrañaga también informó en ese entonces que su patrimonio no tuvo grandes cambios frente a 2014 cuando era de US$ 711.581.

Senadores y diputados están obligados a declarar sus bienes ante la Junta Anticorrupción, aunque el sobre se mantiene cerrado a menos que la Justicia solicite su apertura o que el propio legislador pida hacerla pública, tal como sucedió con los diputados Mujica y Asti.

Por fuera del ámbito legislativo, el único ministro en publicar su patrimonio fue el de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro. El secretario de Estado declaró el año pasado un patrimonio total de $ 2.056.000 entre inmuebles, vehículo y el 100% de un caballo.

En junio, mientras en Argentina explotaban diversos escándalos de corrupción, siempre con decenas de millones de dólares involucrados, en Uruguay el sistema político prometía legislar para intensificar los controles sobre los funcionarios públicos. La Junta Anticorrupción se pronunció, reclamando algunas herramientas para mejorar su trabajo, entre ellas la de actuar de oficio, algo que no tiene claro si puede hacer desde su creación a principios de los años 90. Mientras, el presidente Tabaré Vázquez hizo pública la declaración jurada de bienes e ingresos de su esposa, María Auxiliadora Delgado, luego de que fuera presentada bajo reserva en 2015. También se supo que el expresidente José Mujica se valió de una sociedad anónima "de confianza" para comprar dos predios rurales.

TRANSPARENCIA Y GESTIÓN PÚBLICALUCÍA BALDOMIR