También presenta proyecto para que empresarios declaren su patrimonio.

Parte del sistema político coincide en las últimas horas en emitir señales dirigidas a aprobar iniciativas, relegadas durante años, que garanticen la transparencia y sirvan de escudo frente a la corrupción.

Hoy, el Movimiento de Participación Popular (MPP) anunciará a la bancada del Frente Amplio que los legisladores del sector difundirán sus declaraciones confidenciales de bienes e ingresos que presentaron ante la Junta Anticorrupción. El MPP exhortará al resto de los parlamentarios del Frente Amplio a que sigan su ejemplo y también hagan público su patrimonio. Incluso instará a quienes hoy ocupan una banca y hayan participado de pasadas legislaturas, a que publiquen las declaraciones patrimoniales anteriores, de manera de poder observar la evolución de sus bienes.

"En el MPP vamos a presentar a la ciudadanía nuestro patrimonio de forma voluntaria. Y vamos a solicitarle a todo el Frente Amplio que haga lo mismo", dijo a El País el diputado Daniel Caggiani (MPP). "Quienes tenemos la responsabilidad de legislar debemos ser transparentes en todo", agregó.

La semana pasada el diputado Gonzalo Mujica (Asamblea Uruguay), fue el primer legislador en publicar su declaración patrimonial en la página web del Poder Legislativo.

Senadores y diputados están obligados a declarar sus bienes ante la Junta Anticorrupción, aunque el sobre se mantiene cerrado a menos que la Justicia solicite su apertura.

La Junta Anticorrupción tiene 19 funcionarios y un presupuesto que equivale a $ 52.000 diarios, según un informe publicado por El País el pasado domingo. Ha pedido diversas herramientas legales para potenciar su accionar pero hasta el momento prácticamente ninguna ha sido contemplada.

Hechos de corrupción en la región, fundamentalmente en Brasil y Argentina, han provocado una reacción en el sistema político y ahora se superponen iniciativas dirigidas a prevenir ilícitos en la función pública.

Ayer, el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, anunció que presentará en los próximos días un proyecto de ley para que todas las declaraciones juradas patrimoniales de quienes ocupan cargos electivos (presidente, vicepresidente, parlamentarios, intendentes), de sus parejas y de ministros, deban ser públicas. Además, el legislador también anunció que difundirá la declaración jurada de sus bienes.

El MPP también presentará hoy a la bancada del Frente Amplio un proyecto de ley que estipula que empresarios que manejan dinero del Estado también sean obligados a declarar sus bienes ante la Junta Anticorrupción.

"Nuestra línea de razonamiento es que existe corrupción pública en tanto existe también corrupción privada. Creemos que quienes administran servicios que son públicos y manejan dineros de la gente deben rendir cuentas a la sociedad", explicó Caggiani.

El universo de privados obligados a declarar su patrimonio, según el proyecto de ley del MPP, incluye a integrantes de órganos directivos y directores o gerentes de mutualistas que participan del Sistema Nacional Integrado de Salud. Caggiani dijo que esas entidades reciben 1.000 millones de dólares al año del Estado. Asimismo, el proyecto establece que deben declarar sus bienes "los licenciatarios o concesionarios de obra pública o servicios públicos".

También involucra a "organismos privados que manejan fondos públicos o administran bienes del Estado, bajo cualquier título o modalidad".

En este caso, Caggiani precisó que se trata de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que gestionan fondos públicos en proyectos y tercerizaciones de políticas publicas sociales.

El proyecto de ley también establece que la carátula de cada declaración incluya el monto total del patrimonio del declarante (no el detalle de bienes o cuentas bancarias) lo que será de libre acceso al público y permitirá seguir su evolución en el tiempo. "Debe ser un dato público y puede ameritar investigaciones periodísticas, etc. Da más garantías", dijo Caggiani.

El MPP agrega entre los sujetos obligados a declarar su patrimonio a los fiscales adscriptos y a los secretarios generales de la Fiscalía General de la Nación, alcaldes, concejales municipales y sus correspondientes suplentes.

Otra disposición apunta a que las declaraciones juradas de los cónyuges o concubinos del presidente y vicepresidente de la República sean abiertas. El País informó el domingo que la Junta Anticorrupción puso reparos a la declaración del presidente Tabaré Vázquez, dado que en la nómina de 2015 (también lo hizo en su primer mandato) incluyó un sobre cerrado con la declaración patrimonial de su esposa, que se amparó a la confidencialidad que le concede la ley dado que tienen separación de bienes.

El proyecto del MPP, y otros legisladores que se han pronunciado sobre el hecho en las últimas horas, considera que tales declaraciones deben ser abiertas. La Jutep también se mostró abierta a discutir este punto.

Asimismo, el MPP prevé en su proyecto un sistema aleatorio por el cual se abrirán por los medios correspondientes hasta un 5% de las declaraciones anuales a los efectos de ser examinadas y controladas por los técnicos pertinentes. Hoy la Jutep no tiene claro si puede actuar de oficio y abrir declaraciones juradas.

Caggiani dijo que los legisladores del Movimiento de Participación Popular (MPP) cobran el 25% del sueldo que reciben. "El otro 75% lo donamos a la fuerza política y al sector. Algunos también donan a otras organizaciones. Además, desde 2012 nuestros ingresos están congelados, y los aumentos que han recibido nuestros sueldos se donan a un fondo común destinado a financiar acciones de campaña electoral nacional, departamental e interna", explicó. "Estas cosas deben saberse, todo debe ser transparente con quienes legislan", dijo. Con respecto a la propuesta legal para la difusión retroactiva de declaraciones presentadas por quienes ocuparon cargos en el pasado, dijo que si bien es "inconstitucional", se propone como una señal política hacia la gente.

La comisión preinvestigadora que había promovido el senador colorado Pedro Bordaberry para tratar los casos de corrupción, presentará su informe al Senado mañana miércoles. La comisión, que se había reunido el jueves 16, recibió a Bordaberry, quien expuso las razones de la creación de una comisión investigadora, y luego resolvió por mayoría no hacer lugar al pedido. La decisión se tomó por dos votos a uno, haciéndolo a favor de no investigar los senadores frenteamplistas Ruben Martínez Huelmo (MPP) y Daisy Tourné (PS). El voto a favor fue del senador José Amorín.

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) prepara diversas iniciativas legales para reforzar su capacidad como organismo especializado en combatir y prevenir hechos de corrupción en la Administración Pública. Su presidente, Luis Yarzábal, explicó en nota publicada el domingo por El País, que una de las iniciativas apunta a dotar a la Junta de la capacidad para investigar denuncias. "Hoy las recibimos pero sin más trámite son derivadas a la Fiscalía. La idea es que se convierta en un órgano que pueda investigar lo que se denuncie y, en caso de confirmar irregularidades, derivar a la Justicia", dijo.

La Jutep tiene un magro presupuesto ($ 52.000 por día) y solo 19 funcionarios. La Justicia no pide su colaboración en calidad de perito auxiliar, uno de sus principales objetivos. Tampoco lo hacen los fiscales. Durante 2015 la Junta recibió del Poder Judicial solamente ocho solicitudes de informes. En 2014 habían sido tres. También tiene incertidumbres legales. Por ejemplo, desde su creación en 1998 a la fecha no ha podido definir las circunstancias en las que está habilitada a abrir de oficio declaraciones juradas. La ley es tan difusa que la Junta ha preferido no hacer uso de esa potestad para no caer en un ilícito.

EL EFECTO “LÓPEZ”