El director de laOficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), Alberto Scavarelli, había anunciado públicamente su intención de resolver la "inequidad" entre los nuevos funcionarios -que trabajan 8 horas- y los anteriores, que tienen jornadas de 6.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, dijo en conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros de este lunes que "la reducción a seis horas la jornada de trabajadores públicos no está en la agenda del gobierno". 

Añadió que “la directriz fundamental sigue siendo la estrategia de la cultura del trabajo para el desarrollo” presentada en 2015.

Con esta afirmación desautorizó el anuncio que en la edición de ayer El País realizó el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), Alberto Scavarelli, dijo que actualmente se constata una "inequidad" entre los funcionarios de una misma oficina, porque los que recién ingresan (provisoriatos) están obligados por ley a trabajar ocho horas y los empleados que ya estaban cumplen un horario de seis horas o seis horas y media.

En ese sentido, Scavarelli explicó su intención de trabajar en un proyecto para bajar a 6 horas y así avanzar sobre ese "nudo" en función de que el funcionario que recién ingresa se sienta "a la par de sus compañeros". Según entiende, la obligación de cumplir ocho horas diarias "no aporta mucho", cuando casi la totalidad de un servicio trabaja seis horas. "Es una cosa que tenemos que ir resolviendo, no creo que haya un resentimiento de la calidad del servicio si se cambia el horario y se adecua a la oficina", enfatizó el director.

En ese marco, explicó que el problema se da cuando los nuevos funcionarios se tienen que quedar una hora y media más que sus compañeros. "¿Qué estamos logrando con esto? No tiene ningún sentido, es uno de los temas en los que estamos pensando cómo podemos ser más justos, siempre teniendo en cuenta que el funcionario tiene que cumplir con el servicio", precisó.

Asimismo, también durante la conferencia de prensa las ministras Eneida de León (Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente) y Carolina Cosse (Industria), defendieron la decisión del gobierno de Tabaré Vázquez de subir las tarifas de los servicios públicos e hicieron hincapié en que la idea es ir cada vez más hacia un sistema diferenciado donde algunos paguen más que otros. 

En ese sentido, De León aseguró que el aumento de OSE al sector residencial se aplica en forma diferenciada y escalonada por lo que 82% de los hogares no sufrirán un incremento en sus tarifas de agua. 

"La intención es trabajar intensamente en este año en lograr una diferenciación importante porque el gobierno entiende que tenemos que avanzar mucho en esto para contemplar a los hogares más humildes", añadió Cosse y explicó en todas las tarifas los afectados por las inundaciones serán exonerados de enero y febrero.

Por otro lado, se anunció que unos 12.000 hogares de bajos ingresos fueron exonerados por UTE del aumento de tarifas que comenzó a regir en enero. 

Estos hogares son los que entre 2010 y 2015 se sumaron al programa de descuentos especiales a cambio de regularizar sus conexiones. La ministra Carolina Cosse (Industria) también informó de la quita dispuesta de hasta 50% en los pagos al ente de firmas productivas que requieren uso "intensivo" de electricidad. Estas firmas, que invierten más de 3 % de su presupuesto en electricidad, representan el 30 % del total de la industria productiva.

La ministra informó además en la rueda de prensa que UTE dispuso la exoneración del pago de las tarifas de enero y febrero a las familias damnificadas por las últimas inundaciones en los departamentos de Artigas, Rivera, Salto y Paysandú.

Agregó que la empresa estatal de energía eléctrica se hará cargo de los trabajos de reconexión e instalación de llaves diferenciales

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