Operadores judiciales dicen que manejaba desde Uruguay el cartel “Los Cuinis”.

La jueza especializada en Crimen Organizado, Adriana de los Santos, embargó por US$ 10 millones al traficante de drogas mexicano G.G.V., uno de los jefes del cartel Los Cuinis, procesado junto a su esposa y su suegro con prisión por lavado de activos.

Fuentes del caso indicaron a El País que, apenas pisó el país con su familia en 2011, el narco compró una mansión por US$ 2 millones en Punta del Este. Con el pasar de los meses, adquirió una decena de autos de alta gama —dos Audi y una camioneta Land Rover, entre otros. También compró lotes en Punta Ballena y realizó otras inversiones inmobiliarias en distintas partes del país.

G.G.V., a quien se considera el encargado financiero de Los Cuinis, y que quedó al frente del cartel tras la caída de su hermano Abigael en febrero de 2015, entró y salió de Uruguay en varias oportunidades en los últimos cinco años. En las primeras ocasiones entró a través de la frontera con Argentina —vivió un tiempo en Buenos Aires— y en otras por la frontera seca con Brasil (Chuy). "Siempre que ingresaba al país traía dinero vivo (en billetes)", dijo el detenido a los investigadores policiales.

En el auto de procesamiento, De los Santos ordenó la citación "a la brevedad" del gerente de un conocido cambio de Salto donde el acusado realizó movimientos de dinero. También fueron congeladas las cuentas que G.G.V. tenía en un banco de plaza.

Investigadores policiales aseguran que el mexicano procesado manejaba el cartel "Los Cuinis" desde Uruguay mediante la utilización de un teléfono satelital y 45 celulares. En un allanamiento realizado a la mansión de Punta del Este, efectivos de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas incautaron "mucha documentación", nueve notebooks, los celulares, seis tablets y el teléfono satelital, dijo ayer en una conferencia de prensa el director esa unidad, comisario general Walter Mario Menéndez.

El jueves 21, cuando fue detenido por la Policía frente a un conocido colegio de Carrasco, G.G.V. intentó huir. Esperaba a sus hijos con todo listo para salir del país, dijo Menéndez.

"Al detectar a la Policía huyó a la cancha del colegio. En el lugar no había ningún niño. Antes de ser atrapado, destruyó su teléfono celular. No estaba armado", agregó el jerarca policial.

En el lugar también fueron detenidas otras dos personas de nacionalidad uruguaya que mantenían vínculos con G.G.V.

Sus tres hijos fueron derivados temporalmente al INAU. La esposa de G.G.V. llegó al país el sábado 24. Arribó con una tía. Los investigadores policiales estiman que sabía que iba a ser detenida en el Aeropuerto de Carrasco como sucedió. El domingo 25 fue procesada por la jueza De los Santos y la fiscal María Camiño por asistencia al lavado de activos. Su hermana realizó los trámites para la custodia de los tres hijos, informó Menéndez.

La investigación a G.G.V. comenzó en 2011. No fue sencilla. El hoy procesado se mantenía siempre en alerta, dijeron a El País fuentes de la investigación. En una primera instancia, los policías de la Brigada Antinarcóticos detectaron el chalet "Quincho Grande" y luego comenzaron a realizar seguimientos e intervenciones telefónicas con el propósito de establecer cuál era el rol del G.G.V. dentro del cartel "Los Cuinis", cuyo principal negocio es ingresar cargamentos de cocaína y metanfetaminas en Europa.

En la conferencia de prensa realizada ayer en el Ministerio del Interior, el director Nacional de Policía, Mario Layera, explicó que la investigación llevó mucho tiempo porque hubo que esperar a que se cometieran "acciones crimi- nales" en otras partes del mundo y, al mismo tiempo, confirmar la identidad del mexicano radicado en Uruguay. "En el momento en que adquiere la propiedad (en Punta del Este), surge una acción que permite iniciar una investi- gación judicial", dijo en alusión a que con dicha compra se configuró el lavado de activos en Uruguay, con un delito precedente que es el de narcotráfico fuera del país.

Layera también señaló que tanto la investigación, detención y posteriores traslados de G.G.V. y los otros procesados se hicieron en el marco de operativos de seguridad evaluados por autoridades del Ministerio del Interior. A diferencia de otros reclusos procesados por la Justicia, el traficante mexicano no fue derivado a Cárcel Central para su evaluación y posterior traslado a otro penal. Por razones de seguridad, ante un eventual intento de rescate por parte de integrantes del cartel, la Policía no reveló dónde será alojado G.G.V.

Una fuente del sistema penitenciario dijo a El País que Uruguay carece de una prisión para alojar un recluso de tanta peligrosidad. "Ese hombre es un narco pesado. Si lo ponen en el Comcar, enseguida lo rescatan en dos helicópteros", dijo.

Es probable que G.G.V. y su esposa W.A.A. estén recluidos en una dependencia policial.

El director de la Secretaría para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Carlos Díaz, aclaró que la investigación había comenzado antes de que el nombre del narco apareciera en las notas sobre los "Panama Papers".

El director Nacional de Policía, Mario Layera, explicó ayer que no es la primera vez que narcotraficantes vinculados a carteles de drogas son detectados en Uruguay. "Buscan lugares que no los relacionen con ellos; lugares lejanos que les ofrezcan seguridad para no sufrir consecuencias del accionar de otras organizaciones criminales", explicó. En varios allanamientos, la Policía incautó 29 computadoras que pertenecían a un estudio jurídico y a una inmobiliaria que realizaron trabajos y gestiones para G.G.V. La jueza especializada en Crimen Organizado, Adriana de los Santos encomendó a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central, la Secretaría para la lucha contra el Lavado de Activos y a un perito del Instituto Técnico Forense que elaboren un informe sobre las S.A. de los acusados y si estos son titulares o no de cofres fort.

En el auto de procesamiento fechado el sábado 23, la jueza especializada en Crimen Organizado, Adriana de los Santos señaló que, en Uruguay, ninguno de los miembros de la familia del traficante mexicano desarrollaba una actividad laboral, ni comercial ni lucrativa lícita. "No recibía rentas, por lo que los gastos eran cubiertos por fondos que provenían desde México, como lo admitió G.G. V., manifestando que

ingresaba dinero vivo a nuestro país, no realizando transferencias bancarias, no posee cuentas bancarias, ni tampoco tenía en México ninguna actividad laboral", expresa la magistrada. Enseguida agregó: "Por lo que existen serios indicios que esos fondos provienen presuntamente de las actividades de narcotráfico, estando tanto G.G.V. como su esposa W.A.A., vinculados a los carteles de los Cuinis y de Jalisco Nueva Generación".

LA OPERATIVA DEL CARTEL LOS CUINIS DESDE URUGUAY