La norma vuelve ahora a la Cámara de Diputados que la debe votar en un plazo de no más de 15 días.

La Rendición de Cuentas terminó anoche su paso por el Senado con varios choques entre las bancadas del Frente Amplio y la oposición.

Ahora volverá a la Cámara de Representantes donde se analizarán los cambios en un plazo que no debe superar los quince días.

El artículo 6, uno de los más polémicos, fue aprobado por los senadores del Frente Amplio exclusivamente. Esta disposición es la que abate gastos para la Educación y otras áreas por $ 1.437 millones, pero a su vez los restituye gracias a un acuerdo político al que llegó la bancada del FA para reasignar fondos de otros Incisos de la Administración Central. Contiene medidas que para la oposición son una ajuste fiscal encubierto debido al elevado desbalance de las cuentas.

Los fondos ahora restituidos a la Enseñanza habían sido recortados cuando la Rendición de Cuentas llegó al Parlamento desde el Poder Ejecutivo respecto a lo votado el año pasado en la ley de Presupuesto.

Al analizar globalmente el déficit de las cuentas públicas, intervino el presidente del Senado Raúl Sendic para decir que hay "problemas estructurales del país" que inciden en el déficit fiscal. Admitió que el resultado de las empresas públicas explica una parte "importante" del déficit de las cuentas estatales. Sostuvo que entre las causas estructurales "está la seguridad social y la situación compleja del país en lo demográfico, que obliga al gobierno a destinar una cantidad importante de recursos a las generaciones de mayor edad".

Otra disposición aprobada topea en el 60% del sueldo nominal del presidente las remuneraciones mensuales de todos los funcionarios públicos, excepto los intendentes departamentales. Esta norma fue aprobada por todos los partidos en el Senado. Cuando la Rendición pasó por Diputados, este artículo no se aprobó porque no tuvo las mayorías especiales requeridas al no dar su voto buena parte de la bancada del Partido Nacional al no incluirse en el tope a los intendentes.

Otra disposición que generó entredichos fue el artículo 77, que deriva recursos de la Dirección del Cine y Audiovisual para contratar personas en el Ministerio de Educación y Cultura para informativos, asesores, periodistas, productores de programas, conductores, sonidistas, fotógrafos de página web, editores, entre otras categorías. Esto se permite por el artículo 195 de la ley 18.834.

La oposición se molestó porque se le quita dinero a la cinematografía nacional para contratos de otra naturaleza. Marcos Otheguy, senador frenteamplista, sostuvo que "no es el objetivo contratar a la gente que la ley no habilita", explicó. "No es para contratar periodistas", aclaró.

El senador Pablo Mieres (PI) apuntó que "no debió usarse ese artículo porque mañana puede permitir cualquier contratación". Este artículo fue votado solamente por el Frente Amplio.

Otro de los momentos tensos se vivió cuando el senador nacionalista Javier García anunció que el Partido Nacional convocará al ministro de Defensa Jorge Menéndez a sala, en régimen de comisión general, es decir una interpelación sin consecuencias políticas.

Se pretende debatir en general el tema de la función de las Fuerzas Armadas. Pero esto generó un fuerte entredicho entre el legislador blanco y la senadora del Frente Amplio Constanza Moreira.

García explicó que los militares dedicaron este año seis millones de horas/hombre a tareas que no son de su cometido como la recolección de basura, ayuda en catástrofes como tornados o inundaciones, el traslado de enfermos y la custodia de cárceles.

Dijo que "todo se hace con personas que ganan $ 15.000 por mes y que muchísimas de ellas que viven en asentamientos". Y que paulatinamente se le adjudican al Ministerio del Interior tareas que son originales de las Fuerzas Armadas.

La senadora Moreira contradijo a García respecto a los salarios de los soldados; relativizó el problema señalando que "en el Estado hay muchas profesiones de $ 15.000, qué decir de los policías, de las maestras".

García se molestó: "Aquí se ha expresado odio" por parte de la senadora Moreira. Eso hizo que se le pidiera desde la mesa "respeto".

"Atribuirme esas intenciones es un acto de violencia política contra mi persona", replicó Moreira. "Ratifico desde la primera hasta la última palabra. Ha habido rencor y odio", insistió García.

En tanto, el senador colorado Germán Coutinho opinó que la situación actual de las Fuerzas Armadas "es triste y caótica", y que el porcentaje de su presupuesto destinado a inversiones es mínimo.

En tono irónico, el senador Pablo Mieres presentó un "menú de opciones para buscar otros nombres para futuros ajustes", lo que fue reproducido por 180.com: "Yo le sugeriría para las próximas Rendiciones de Cuentas algunos nombres que podrían pasarle a Astori ", dijo. "¿Qué tal acentuación tributaria? Suena interesante, ¿no?". Además agregó como posibilidades: "incremento de la capacidad extractiva del Estado", o "contribución popular al esfuerzo nacional".

Senadores del oficialismo y la oposición intercambiaron acusaciones en torno al ingreso de familiares de jerarcas políticos a la función pública.

El senador Luis Alberto Heber del Partido Nacional, cuestionó la cantidad de asesores que poseen los ministros, argumentando que ocupan esos cargos solo para recibir un sueldo sin que se justifiquen las tareas que desarrollan.

Ante la denuncia del senador blanco, la senadora frenteamplista Daniela Payssé, le salió al cruce, y aunque admitió que no es adecuado que ingresen familiares de legisladores a la función publica, afirmó que ese no es un problema del Frente Amplio, sino que se trata de prácticas que están instaladas a lo largo de todo el sistema político sin distinción de partidos.

Por su parte, el senador José Amorín del Partido Colorado, también criticó los manejos del oficialismo en la materia haciendo referencia al hijo del director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Alberto Scavarelli, ya que éste fue contratado como adscrito en el Ministerio del Interior. Amorín afirmó que el funcionario ingresó a dedo a la cartera por una amistad de Scavarelli con el ministro del ramo, Eduardo Bonomi.

EL PROYECTO SALIÓ DEL SENADO