Larrañaga insiste con militares en la calles y Bordaberry en bajar la edad de imputabilidad.

El asesinato de un taxista en Punta de Rieles a manos de un menor fugado del INAU, sumado a otros hechos delictivos de alto impacto en estas semanas, reno-vó el debate sobre la inseguridad. El gobierno promoverá este año medidas legislativas más restrictivas, luego de que cerrara el 2015 con un alza de casi 8% en los homicidios y de 4,5% en las rapiñas, según cifras oficiales presentadas en febrero en el Parlamento por el ministro del Interior, Eduardo Bonomi.

En cuanto a la participación de menores en homicidios, ha habido un comportamiento irregular. En 2011 fue del 13%, en 2012 subió al 15%, un año más tarde bajó al 11%, en 2014 siguió cayendo al 7%, pero en 2015 volvió a subir al 10% del total de homicidios en el año.

El senador blanco Jorge Larrañaga (Alianza Nacional) reflotó esta semana su propuesta de que los militares apoyen a la policía en el patrullaje, en tanto el senador del Partido Independiente Pablo Mieres es partidario de dar una "señal clara" del gobierno y la oposición, al tiempo que propuso medidas para desterrar la violencia en los espectáculos deportivos.

Desde el Partido Colorado, el senador Pedro Bordaberry reivindicó su proyecto para bajar la edad de imputabilidad penal a 16 años; esto fue rechazado por un referéndum en octubre de 2014, donde el Frente Amplio hizo campaña en contra del planteo del entonces candidato presidencial colorado, que contó con el apoyo de parte del Partido Nacional.

"Hace cuatro años presentamos nuestra propuesta para enfrentar el creciente problema de la minoridad delincuente, pero nos dijeron no y prometieron otros caminos", sostuvo ahora Bordaberry. Pero lamentó que el gobierno "se quedó en promesas". Por ello, subrayó que "es necesario actuar y fijar límites claros a los que quitan la vida a otros".

El gobierno proyecta negar la libertad condicional a los presos que hayan reincidido en la comisión de delitos graves.

Desde el sistema político se han hecho algunas propuestas y replanteado otras. Por ejemplo, Larrañaga reiteró varias iniciativas que han sido parte de su plataforma de combate a la delincuencia: por ejemplo la de capacitar a un contingente de militares para que cumpla la función policial, a modo de guardia nacional, lo que considera que permitiría aumentar la presencia policial en las calles; también la jerarquización del rol de las Fuerzas Armadas con la equiparación del salario militar al policial; y la idea de destinar militares a la custodia de embajadas y edificios públicos, que ya presentó en 2013, para permitir destinar una mayor cantidad de agentes policiales que hoy cumplen esa función a la vigilancia de las calles.

Larrañaga afirmó que el sistema no puede estar "sin hacer nada" y que "el Estado debe dar respuestas". Y planteó un "endurecimiento de penas y ajuste de la normativa penal".

"Falta mayor presencia policial en las calles. Y los militares ayudarían a la policía", dijo. El líder de Alianza Nacional sostuvo que "la ciudadanía siente la inseguridad" y reflexionó que debe trabajarse a largo plazo en las causas de fondo de la violencia, pero enfatizó que la situación amerita medidas urgentes "pensando en la gente y no en ideologías".

En tanto, Mieres planteó que el gobierno y la oposición deberían analizar temas vinculados a la seguridad "para cambiar el clima social".

Entrevistado por el programa A Diario de El País TV, Mieres pidió "construir una cultura de tolerancia, una lógica de comportamiento con participación de los gobernantes".

Anunció que promoverá una iniciativa para que cuando en una cancha de fútbol haya cánticos a favor de la violencia en la tribuna se pare el partido.

"Hay que parar la mano. Este fin de semana hicieron apología del delito e incitación a la violencia las hinchadas de Peñarol y de Nacional", afirmó.

En la sociedad "hay un problema cultural, de códigos, de valores y sobre eso hay que trabajar. Habría que aprobar un paquete de leyes, una de las cuales es sobre los espectáculos deportivos", propuso el senador del Partido Independiente.

Mieres dijo que "tiene que haber una señal fuerte de todos, de la conducción del país, gobierno y oposición, con compromisos muy firmes", y se manifestó partidario de que haya represión a la delincuencia. "Hay que parar la mano a los violentos de manera radical. Hay un nivel de tolerancia ce-ro que tenemos que aceptar", remarcó.

En la Memoria Anual y perspectivas para 2016 que el gobierno presentó al Parlamento el 1° de marzo, figura la intención de modificar las normas sobre libertad provisional haciendo más estrictas las disposiciones. En ese sentido, anunció un proyecto de ley que establezca la obligación de que los presos en libertad provisional y libertad condicional tengan la obligación de presentarse ante la autoridad policial para que el juez de la causa esté informado que no volvió a entrar en el circuito del delito.

También hay idea de modificar el régimen de las salidas transitorias para aplicar un sistema de pulseras electrónicas que permita "un seguimiento a la persona privada de libertad".

Otra iniciativa tiene que ver con la modificación de la normativa penal vigente en cuanto a la reincidencia en la comisión de delitos gravísimos como rapiñas especialmente agravadas, violación, copamientos, secuestros y homicidios intencionales. En estos casos, el gobierno no permitirá que el criminal goce de libertades anticipadas.

También es intención del gobierno modificar el régimen de medidas alternativas a la prisión para "facilitar la reinserción social de los imputados", según señala la iniciativa.

Al estar contenidas en la Memoria Anual del 2015 y sus perspectivas para 2016, desde los partidos de la oposición se aguarda ahora que sean enviadas al Parlamento.

EL DEBATE POR LA INSEGURIDAD