Se desconoce alcance de la filtración sobre SA panameñas.

Esta semana, cuando vinculados al escándalo de las offshore panameñas aparecieron los nombres del senador colorado Pedro Bordaberry o el excanciller blanco Sergio Abreu, algunos legisladores del Frente Amplio manejaron la posibilidad de hacer un uso político del tema instalando un debate parlamentario. Andrés Berterreche, senador suplente del expresidente José Mujica, dijo en las últimas horas que el caso de Bordaberry podría ameritar una investigación parlamentaria. Sin embargo, por diversas razones ha primado la cautela en el oficialismo. La razón fundamental es que nadie conoce aún el alcance del escándalo y a quiénes involucra.

"Nadie sabe cómo va a detonar esto. Y si se usa políticamente podría terminar siendo un boomerang. Por eso, por ahora, la prudencia manda", dijeron a El País fuentes oficialistas. Son incontables los uruguayos propietarios de sociedades offshore, no solo clientes del estudio Mossack-Fonseca —al que le filtraron millones de documentos— sino también de por lo menos media docena de otros bufetes panameños que se dedican al mismo negocio. Además, tampoco se conoce aún cuál será el alcance del escándalo en países de la región como Brasil o Argentina. El escándalo ha alcanzado al presidente argentino Mauricio Macri y también a exintegrantes del gobierno kirchnerista, entre ellos el exministro de Planificación Julio De Vido. La esposa del jerarca hizo contactos en Punta del Este para comprar una offshore panameña y a través de ella adquirir inmuebles en la península, aunque el negocio nunca se concretó.

Por otra parte, desde Asamblea Uruguay, al menos hasta que surja nueva información, se presume, en sintonía con la postura que han adoptado la DGI y la Secretaría Antilavado, que la figuración de Uruguay en los "Panama papers" responde a hechos ocurridos años atrás, cuando la legislación era otra y los movimientos financieros no implicaban ningún delito. En los últimos ocho años Uruguay ha avanzado en su legislación contra el lavado de activos y muchos de aquellos negocios ya no son posibles. Por otra parte, se señala que el negocio offshore en sí mismo no constituye un delito y se requiere más información para hacer un juicio de valor, por ejemplo los movimientos de dinero que esas sociedades anónimas realizan y su origen.

Bordaberry negó su vinculación con una sociedad anónima panameña que le hizo juicio a Colonización por un terreno. El diario argentino Clarín lo había mencionado en su investigación. Por su parte, Abreu aclaró esta semana que figura en los Panama papers porque su estudio contactó al padre del futbolista Lionel Messi con Mossack-Fonseca, dado que estaba interesado en adquirir una offshore panameña. "A eso nos limitamos", dijo.

Pero hay otros ejemplos del uso que se le puede dar a una firma panameña. La Intendencia de Canelones tiene vigente un acuerdo con la offshore Jayland Assets Inc., creada por Mossack-Fonseca. El exintendente Marcos Carámbula hizo un acuerdo con esta firma para reestructurar el pasivo, que ascendía a unos US$ 25 millones. Jayland se convirtió así en acreedor de la Intendencia de Canelones por la cesión de créditos hasta 2005 de los acreedores originales. La comuna canaria aceptó ceder y transferir a Jayland, una vez constituido el Fideicomiso Financiero, los créditos que le corresponden percibir por la "cobranza descentralizada" de tributos, precios y otros conceptos. El acuerdo fue a 15 años.

Una consecuencia directa en Uruguay del escándalo denominado "Panamá papers" (la filtración de millones de documentos de un estudio jurídico panameño) ha sido la renuncia del presidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani, al Comité de Ética de la FIFA. Días atrás, en el marco de la filtración de información volvió al tapete la vinculación de Damiani con sociedades del ex- presidente de la Conmebol y vicepresidente de FIFA, Eugenio Figueredo, procesado por corrupción. En ese marco, también se supo que el Comité de Ética de FIFA investiga a Damiani, es decir, a uno de sus propios integrantes.

Ayer, Damiani dio a conocer el contenido de la renuncia enviada a Hans-Joachim Eckert, presidente del Comité. "En los últimos días se buscó mancillar mi buen nombre y reputación, la de la firma que integro y la de los profesionales que trabajan con ella con versiones sin fundamento que intentaron poner en duda mi comportamiento ético. No le haría bien a la FIFA y a este comité, ni a la transparencia por la que tanto he bregado en el fútbol, si no diera un paso al costado ante la más mínima sospecha, por infundada que sea, respecto a la forma en que he procedido". Dijo que renunció para no entorpecer la investigación, y recordó que fue él quien denunció los manejos de la Conmebol ante la Justicia del Crimen Organizado en Uruguay y la propia FIFA. "Ni a título personal ni en nuestra firma se realizaron negocios con o para Figueredo", precisó en su indeclinable renuncia.

PANAMÁ PAPERS