El avance del narcotráfico y su incidencia en Argentina inquietan a los líderes partidarios.

El narcotráfico fue el tema excluyente de la reciente campaña electoral que en Argentina llevó a Mauricio Macri a la presidencia. Argentina declaró la emergencia de seguridad pública por el lapso de un año para luchar contra la "situación de peligro colectivo" causada por el tráfico de drogas y autorizó el derribo de aviones sospechosos de transportar droga, anunció el gobierno. La resolución "incluye un fuerte control del espacio aéreo", dijo el comunicado de la administración de Mauricio Macri, que prometió mejorar la problemática económica del país y también luchar contra el narcotráfico.

El pasado jueves, Macri firmó un decreto que establece un año de "emergencia pública" para luchar contra una "situación de peligro colectivo" derivada de la actividad de los narcos. Entre otras medidas autoriza a la Fuerza Aérea a derribar aeronaves no identificadas y refuerza la vigilancia fluvial. La ciudad de Rosario ya es conocida como la "Tijuana argentina". Argentina es el punto de salida de casi la totalidad de la cocaína producida en Colombia, Bolivia y Perú. El lucrativo negocio ha contaminado la política de ese país.

En los últimos años el mundo delictivo en Uruguay ha cambiado y el ritmo lo ha marcado la actividad del narco, que hoy explica el 60% de los homicidios, según ha dicho el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Desde los pequeños robos de adictos para comprar drogas hasta los ajustes de cuenta en disputas por territorios, al comienzo hiriendo rivales y ahora ultimándolos con decenas de balazos, forman parte del mundo narco. A eso se suma un arsenal cada vez más poderoso en manos de delincuentes, barrios "feudalizados" por los jefes narcos, fundamentalmente en el oeste de Montevideo y millones que circulan buscando oportunidades de blanqueo, lo que constituye una amenaza permanente de corrupción al sistema político y financiero.

La situación inquieta al sistema político, que plantea alcanzar un pacto que permita acordar las bases de un combate más frontal como alternativa para enfrentar la situación y evitar que un escenario como el argentino se instale en el país.

El año pasado, según informó el Ministerio del Interior, se detuvo a 2.554 personas por asuntos vinculados a drogas pero de estos se procesó con prisión a 763 personas. Otras 470 fueron procesadas pero no fueron a la cárcel.

Uno de los impulsores de ese "pacto" político es el senador y líder de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry.

"Uruguay tiene un problema grave, el narcotráfico ha avanzado. Hay que buscar una posición común para evitar el avance del narcotráfico y la droga tanto con acciones como con cambios normativos; no puede ser que tengamos un sistema penal que permita que narcos desde la cárcel sigan manejando el negocio", dijo Bordaberry a El País.

El senador remarcó que "como hoy todos los días se habla del alcohol, el discurso tiene que ser qué hacemos para echar a todos los narcotraficantes porque no podemos convertirnos en el Bronx (Nueva York) de los años 70 ni en el Miami de los 80, en donde los narcos se repartían los barrios y no se podía entrar".

"Si Argentina empieza a apretar las clavijas hay riesgos de una traslación del negocio y hay que preocuparse más. Pero más allá de eso estamos en una situación preocupante porque el delito organizado de tráfico se ha instalado en Uruguay de forma creciente y es difícil de enfrentar por la magnitud de recursos que maneja y la capacidad de desafiar a la autoridad", dijo, por su parte, el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, a El País.

El 31 de diciembre pasado unos 12 efectivos del Área de Investigaciones de la zona III del barrio Borro ingresaron en el pasaje 316 y avenida Aparicio Saravia en el barrio Marconi. Allí sabían que había una vivienda que funcionaba como depósito de armas de una banda de narcotraficantes que estaba enfrentada a otra por territorio para comercializar drogas. Terminaron incautando armas de gran porte y drogas, pero entre medio intercambiaron varios disparos.

Según el líder de Todos, el senador nacionalista Luis Lacalle Pou, es "clave" generar un cambio normativo.

"El miércoles 10 de noviembre de 2010 presentamos un proyecto de medidas contra el narcotráfico que incluye penas inexcarcelables, y antes habíamos presentado la figura del informante en delitos de narcotráfico, o sea que la preocupación está hace tiempo vigente porque obviamente el tema está instalado", dijo a El País el senador nacionalista.

Agregó que el "contagio de los buenos ejemplos" de Argentina en su política frontal contra el narcotráfico "es positivo" para el resto de la región. El líder de Alianza Nacional Jorge Larrañaga considera que "hay que tomar medidas radicales" porque el tema es "gravísimo" y "nos estamos afianzando como país de tránsito, lo que es un enorme riesgo".

"Hoy hay barrios en donde de noche los vecinos escuchan balaceras y son rehenes de esas situaciones", apuntó a El País. Según Larrañaga "situaciones donde se sabe que hay barrios con armas y drogas al por mayor y donde se sabe que a través de medios de transporte de alquiler o vehículos se concurre para comprar drogas. Sin embargo, no se hacen procedimientos a gran escala. Esas situaciones deben erradicarse".

El nacionalista es partidario de que se produzca una adecuación normativa también. "Hoy las bocas de pasta base se instalan en los propios hogares y para investigar y recabar pruebas se necesitan otras herramientas".

Asimismo dijo que el Ministerio del Interior y el de Defensa deben "controlar el espacio aéreo, poner escáneres modernos en los puertos, y mejorar el control de transporte de carga" porque allí puede haber movimiento de drogas como de armas.

La semana pasada trascendió que dentro del Ministerio de Defensa hay un proyecto de ley que permita a la Fuerza Aérea interceptar y eventualmente atacar aeronaves que representen un riesgo para el país al no acatar una orden de desvío o aterrizaje. La misma norma fue impulsada la semana pasada por Macri.

Dentro del Frente Amplio comparten la evaluación del tema y creen que un acuerdo interpartidario sería propicio.

El diputado del Frente Amplio y miembro de la comisión Especial de Seguridad del Parlamento, José Carlos Mahía, dijo a El País que "es necesario tomar nuevas medidas" porque es un fenómeno que "le está haciendo mal a la sociedad". "Lo mejor es el abordaje en su conjunto analizando las experiencias en la región. Creo que ante un problema tan importante es una buena cosa que hagamos un esfuerzo y miremos más allá de nuestros sectores políticos para combatir el narcotráfico, abordar las adicciones y todo el fenómeno asociado a la corrupción".

Según datos oficiales, el año pasado se incautaron 2.521 kilos de marihuana, 134,8 kilos de cocaína y 67,6 kilos de pasta base y se cerraron 865 bocas de droga, de las cuales 508 fueron desarticuladas en la zona metropolitana de Montevideo, Canelones y San José.

La oposición considera que la legalización de la marihuana perjudicó el combate al narcotráfico. Bordaberry dijo: "Hubo un relajamiento del tema ante la discusión de la marihuana porque empezó como la mejor forma de combatir el narcotráfico y terminó en el defensor de la ma- rihuana". Larrañaga considera que "el problema del narcotráfico va a acentuarse a partir de la venta de marihuana en las farmacias".

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