Aumento de entre 4 y 6 puntos; topean en 10% deducciones en los sueldos medios.

El gobierno redistribuyó marcadamente el peso que tendrá el ajuste fiscal. Originalmente alrededor de 400.000 asalariados iban a tener que afrontar un incremento del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), pero con los cambios que anunció ayer el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, los afectados serán algo menos de la mitad.

La última información de la Dirección General Impositiva (DGI) sobre cuántas personas pagan IRPF es de 2014, e indica que el tributo grava a 484.998 asalariados. De ellos, 132.041 ganaban más de $ 59.200; en tanto 136.241 percibían entre $ 39.467 y $ 59.199. De este grupo, los que ganen menos de $ 50.100 nominales no tendrán al final ningún cambio en el IRPF que pagan. De esta forma, algo menos de 200.000 personas serán las finalmente afectadas. Un 63% de los asalariados no pagan IRPF porque sus sueldos están por debajo del denominado "mínimo no imponible" que hoy está en $ 23.380.

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En una conferencia de prensa que dio ayer rodeado de todos sus compañeros de gabinete, Astori planteó que el gobierno prevé recaudar con los incrementos tributarios anunciados US$ 286 millones, casi lo mismo que los US$ 283 millones que planeaba ingresar antes de los cambios que aceptó a instancias del Frente Amplio.

El gobierno necesita bajar el déficit fiscal en alrededor de US$ 500 millones, un punto del Producto Interno Bruto. Ese objetivo fue ratificado ayer.

Otra novedad importante de ayer es que los asalariados de la franja que va de $ 33.400 a $ 50.100 podrán seguir teniendo deducciones de 10%, ya que no bajarán a 8%, como había planteado originalmente Astori.

"Mantener un tope de 8% a las deducciones luego de quitar el aumento de tributación en la franja que beneficiamos, podía traer como efecto que por la vía de las deducciones esa ventaja podía quedar eliminada y que, en definitiva, terminaran pagando más impuestos del que este proyecto propone", explicó Astori en la conferencia de prensa.

Según el ministro, la tasa efectiva de IRPF en relación a los ingresos de los trabajadores se mantiene en 1,7% en promedio en todo el país. "Esto mantiene el carácter moderado de la propuesta", sostuvo.

El nivel de efectividad del ajuste dependerá, en cualquier caso, de la evolución de la economía uruguaya que este año, si crece, lo hará menos de 1%. Los economistas dicen que hay "estanflación", es decir estancamiento con alta inflación (11% en los últimos doce meses, aunque Astori sostiene que el actual nivel es circunstancial). El enlentecimiento de la economía reduce los ingresos de la DGI y puede aumentar los gastos del Banco de Previsión Social, cuando debe pagar más seguros de paro por el aumento del desempleo.

El economista Aldo Lema cree que el ajuste tendrá el efecto de estabilizar y bajar el déficit estructural en el corto plazo. Lo que suceda más adelante dependerá de un contexto externo "hoy marginalmente menos adverso" (ha mejorado algo el precio de los "commodities"), pero signado por "mucha incertidumbre", y de la conducta en materia de gasto hacia los años 2018 y 2019, comentó Lema. A su juicio, el ajuste es "imprescindible" para acotar el déficit y reducir en el corto plazo la incertidumbre sobre la sostenibilidad de la deuda.

Lema opinó que el IRPF es un impuesto sobre los factores productivos, por lo que existirá un "desimpulso" fiscal a la actividad que puede ser del orden de un punto del producto.

"El ajuste reduce levemente el potencial de crecimiento de la economía posterior a 2017", sostuvo Lema. Además, la reducción del déficit "no necesariamente" llevará el déficit a 2,5% del PIB como se propuso el gobierno porque "eso dependerá del contexto estructural del gasto que puede llevar a que este se estabilice o suba", comentó.

Un complemento del ajuste podría venir por la vía tarifaria. Ayer los economistas Horacio Bafico y Gustavo Michelin señalaron en el suplemento Economía&Mercado de El País que el deterioro de las cuentas de las empresas públicas puede llevar a que deban ajustar sus tarifas en los próximos nueve meses si el gobierno pretende que incrementen sus transferencias y sus inversiones. En particular, consideran que es posible que Ancap suba por encima de la inflación el precio de los combustibles para enfrentar el nuevo escenario alcista del petróleo en los mercados internacionales. El crudo está en los mayores niveles de los últimos seis meses.

Otra corrección tarifaria generalizada sería, según Bafico y Michelin, "un tercer capítulo del ajuste fiscal" que ya comenzó con la no rebaja de los combustibles cuando el petróleo estaba bajo, y la suba de UTE en términos reales.

Las calificadoras de riesgo están mirando. Ayer, la estadounidense Standard&Poors, una de las tres más importantes del mundo, anunció que revi- só a "negativa" la perspectiva de la deuda de Uruguay a causa del riesgo de un mayor debili-tamiento de la economía, pe- ro mantuvo su calificación "BBB/A-2" (ver página A11).

El economista Javier de Haedo escribió ayer en Twitter: "Perspectiva negativa" es tarjeta amarilla. Rebaja de nota es roja. Uruguay no está hoy para roja directa pero sí para amarilla".

Una eventual caída de la nota que tiene la deuda pública uruguaya podría subir los costos de financiamiento del Estado porque se incrementarían las dudas sobre su capacidad de repago.

Uruguay recuperó el "grado inversor" tras salir de la crisis de 2002, durante la cual la había perdido.

Hablando en relación con el gasto público, el ministro de Economía, Danilo Astori, anunció en la Torre Ejecutiva que "no se diferirán, tal como se establecía en la propuesta original, algunos gastos previstos para 2017". Mencionó en concreto los rubros para las áreas de innovación, ciencia y tecnología (la ANII, el Instituto Pasteur, Cudim y Pedeciba). Astori recordó en la conferencia de prensa que "hay un importante gasto en educación previsto presupuestalmente para 2017 que tampoco se difiere. Son los recursos para los gastos en los convenios salariales con los docentes de la ANEP, una asignación de recursos muy importante por $ 1.317 millones", aclaró.

A su vez, pese a que días atrás admitió que el número de funcionarios públicos le parecía "un exceso", el ministro Astori ratificó ayer en la conferencia de prensa que en el Estado se seguirá con el plan de reponer a dos de cada tres funcionarios que se retiran. "Buscamos medidas de reducción de gastos que sean efectivas", subrayó Astori, que aclaró que "no recortamos inversiones", que "no sufran impacto por lo fiscal". "La medida contracíclica es un estimulo a la inversión", precisó.

El estudio Rueda Abadi Pereira calculó para El País que un asalariado dependiente que tenga dos hijos a cargo y gane $ 60.000 nominales, pasará de pagar $ 3.721 de IRPF al mes a $ 4.756, un aumento de $ 1.035. La idea original de Astori era incrementar la carga en $ 1.799. En el caso que no tenga hijos pasará de pagar $ 4.942 a $ 5.570, un aumento de $ 628. El proyecto inicial del gobierno suponía incrementar la carga en $ 1.229. El cálculo incluye el impacto de las deducciones, topeadas en 8%.

Cuando el asalariado gane $ 120.000 nominales si tiene dos hijos a cargo tendrá que pagar $ 4.775 más de IRPF y llegará a $ 19.022. En este caso pagarían $ 112 menos que lo originalmente previsto por Astori. Si no tiene hijos pagará $ 19.926 y la carga se le incrementará en $ 4.030. Los cambios anunciados ayer suben el impuesto que debe pagar este grupo en $ 69 con respecto a lo que originalmente había propuesto el equipo económico hace dos semanas, cuando anunció el ajuste.

Quienes ganen $ 180.000 nominales pasarán de pagar un IRPF mensual de $ 26.365 a $ 34.859, un aumento de $ 8.494 si tuviesen dos hijos a cargo. El cambio en los planes iniciales del gobierno incrementa la carga para este grupo en $ 814. Si no tuviesen hijos a cargo pasarán de tributar $ 28.352 a $ 35.835, un aumento de $ 7.501. En este caso, los cambios acordados por el gobierno la semana pasada suponen un aumento de la carga inicialmente prevista de $ 1.013.

EL PESO DEL ACUERDOJUAN PABLO CORREA