Artículo de la Rendición de Cuentas los envía a proteger barrera sanitaria.

El Partido Nacional se propone reinstalar en el debate parlamentario la propuesta del senador Jorge Larrañaga de destinar efectivos militares para la custodia de embajadas y edificios públicos, en virtud de que en el proyecto de Rendición de Cuentas hay un artículo que les asigna la tarea de custodiar la barrera sanitaria en las fronteras del país.

El diputado nacionalista Jorge Gandini halló en el Inciso correspondiente al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), un artículo que le otorga al Ministerio de Defensa Nacional la potestad de encomendarle al personal de las Fuerzas Armadas "funciones típicamente policiales", dijo a El País. Esto es, según el texto del artículo, con la facultad de "utilizar medios materiales de coacción en forma racional, progresiva y proporcional" para "desarrollar funciones junto a los inspectores del ministerio en la barrera sanitaria".

"Si fuera en Montevideo, al lado de un inspector de tránsito habría un policía", puso como ejemplo, "pero en este caso, a partir de la vigencia de la Rendición, el inspector va a estar apoyado por militares que podrán graduar su reacción hasta el punto de utilizar su arma".

Para el legislador esta disposición "abre la posibilidad de que las Fuerzas Armadas cumplan funciones policiales, de apoyo", por lo cual "si este artículo lo propone el Poder Ejecutivo y lo firman los ministros de Defensa y de Interior, nos abre la puerta para replantear que los militares cumplan funciones de custodia en embajadas y edificios públicos para poder liberar más efectivos al patrullaje y prevención de los delitos".

La idea expuesta meses atrás por el senador de Alianza Nacional, que llegó a hablar con el presidente de la República Tabaré Vázquez, contó con el rechazo abierto del jefe del Ejército, general Guido Manini Ríos, quien sostuvo que no se trata de tareas específicas de la fuerza castrense.

Sin embargo, desde hace más de diez años los militares tienen la responsabilidad del control de los perímetros externos de los establecimientos carcelarios, y a partir de enero tendrán además la tarea de proteger la barrera sanitaria como lo señala la Rendición de Cuentas.

Gandini adelantó que llamará en consulta al Parlamento a los ministros Eleuterio Fernández Huidobro (Defensa) y a Eduardo Bonomi (Interior) para analizar al propuesta del Poder Ejecutivo.

En el proyecto de Rendición de Cuentas no figuran específicamente las disposiciones anunciadas por el gobierno para reducir la cantidad de funcionarios en el Estado como una de las medidas para abatir el déficit fiscal, tal cual había anunciado el ministro de Economía Danilo Astori.

Sin embargo, hay un artículo que crea una comisión especial de retribuciones y ocupaciones que va a analizar el tema, explicó a El País el diputado Alfredo Asti (Asamblea Uruguay). Esa comisión ya está trabajando y lo que resta definir es si las disposiciones sobre ingreso de funcionarios públicos al Estado (por cada tres que salen ingresan dos) comienza a regir con el resto del proyecto de Rendición de Cuentas, el 1° de enero de 2017, o a partir de su promulgación que se calcula que será en septiembre u octubre.

Mañana, martes 28, se presentarán ante las comisiones de Presupuesto y Hacienda de Diputados las autoridades de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), en cuya ocasión el diputado Gandini preguntará "dónde está el anuncio del Poder Ejecutivo de que se llenarán dos de cada tres vacantes que se produzcan en el Estado", según adelantó a El País.

Esa norma, según el legislador, no existe en el articulado de la Rendición de Cuentas. "Pero si existiera debía estar regulada porque la medida no puede alcanzar a la salud, a la educación, a la policía", puntualizó.

"Es otro anuncio presidencial que no se cumple", puntualizó Gandini. "Parar el ingreso masivo de funcionarios al Estado permitiría recortar gastos fijos", agregó. En este sentido, los senadores Verónica Alonso (Partido Nacional) y Pedro Bordaberry (Vamos Uruguay) anunciaron que presentarán un proyecto de ley para limitar el ingreso al Estado por cinco años.

La cantidad de funcionarios públicos que ingresaron al Estado es un tema de debate político. Con el criterio de dos ingresos de funcionarios públicos cada tres bajas, tener una plantilla como la que existía en 2005 (240.000 empleados), cuando asumió el primer gobierno del Frente Amplio, llevará al menos siete años, de acuerdo a cálculos que realizó El País en base a datos oficiales disponibles en la página web de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC).

RENDICIÓN DE CUENTASDANIEL ISGLEAS