El decano de la Facultad de Humanidades, Álvaro Rico, dijo que el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, se contactó con él para solidarizarse y decirle que el presidente "sigue de cerca el tema" del robo de materiales allaboratorio del grupo de arqueólogos forenses.

El prosecretario de Presidencia de la República, Juan Andrés Roballo, llamó por teléfono al decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Álvaro Rico, para solidarizarse ante el robo de material en el laboratorio del grupo de arqueólogos forenses.

Roballo le dijo que el presidente Tabaré Vázquez "está enterado" de lo sucedido y que "sigue de cerca el tema", según declaraciones del decano a El Observador.

La facultad informó ayer en un comunicado que se constató el robo de material del laboratorio del Grupo de Investigación Arqueológica Forense del Uruguay (GIAF), que trabaja en la búsqueda de restos de detenidos-desaparecidos durante la dictadura en predios militares.

Se presentó la denuncia en la Seccional 3era. En el caso también trabajan la Policía Científica y la Dirección General de Información e Inteligencia Policial.

Esta mañana, Rico dijo en declaraciones al programa De Diez a Doce de radio Uruguay que lo que ocurrió "es un hecho de gran preocupación, no casual, planificado, por la forma de entrar y ubicar los materiales" que tuvieron las personas involucradas.

Además, señaló que "esto se da en el momento que el grupo de trabajo por Verdad y Justicia plantea su plan para los próximos años" y luego de que "han llegado datos nuevos a través de Familiares y de gestiones que ha hecho la Iglesia Católica".

El decano sostuvo que de todas maneras "había respaldo del material que fue robado" y en este momento están "completando la información para determinar qué falta en papel".

En declaraciones a Fuentes Confiables, de radio Universal, Rico confirmó que además del robo del disco duro, se encontró en el lugar un mapa de Montevideo con las direcciones de algunos integrantes del grupo investigador marcadas en él.

"En el mapa de Montevideo se marcó en un círculo la dirección de las viviendas de los integrantes del equipo", dijo el decano. Y detalló: "Son nueve los integrantes del equipo de antropólogos que viven en Montevideo y cuyas direcciones aparecen marcadas en el mapa".

Actualmente se está excavando en la zona denominada “La Montañesa”, en el departamento de Canelones donde se buscan los restos de cuatro hombres y una mujer desaparecidos durante la dictadura.

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) emitió un comunicado donde afirma que "de acuerdo a la información hecha pública en las últimas horas, es evidente que existe una clara intencionalidad de los autores de este atentado dirigida a entorpecer los trabajos que desde hace varios años se llevan adelante en el país para erradicar la impunidad de los crímenes cometidos durante el terrorismo de estado".

En ese sentido agregan que aclarar lo ocurrido "resulta fundamental para el funcionamiento del sistema democrático y el Estado de Derecho".

El secretario general de Derechos Humanos, Javier Miranda, dijo en conferencia de prensa que existe "preocupación" por lo ocurrido, pero que se debe esperar el resultado de la investigación antes de sacar conclusiones.

"Es preocupante que en una institución pública sucedan estas cosas", dijo Miranda y consideró que la supuesta amenaza hacia los integrantes del grupo se trata en realidad de "bravuconadas".

“Lamentamos informar que hoy, lunes 28 de marzo de 2016, en la mañana temprano, se constató (un) ingreso no autorizado al laboratorio del Grupo de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay (GIAF), que investiga sobre detenidos-desaparecidos en el marco del convenio entre la Universidad de la República y la Presidencia de la República, y el faltante de algún material de archivo que se está contrastando con el inventario para precisar su volumen y características”, dice el comunicado emitido ayer.

Recientemente, el papa Francisco anunció que el Vaticano abrirá sus archivos sobre las dictaduras latinoamericanas, incluyendo la uruguaya. La decisión fue comunicada al gobierno uruguayo y próximamente la Conferencia Episcopal Uruguaya adoptará una decisión formal sobre la apertura, que seguramente será positiva. Su presidente, Carlos Colazzi, dijo estar “sensibilizado” por el tema.

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