SINDICATOS CUESTIONAN

La confirmación ayer del anuncio del Poder Ejecutivo de aplicar descuentos salariales a los funcionarios públicos que ganan por encima de $ 80.000 líquidos -por franjas de 5%, 10%, 15% y 20%- puso en alerta al Pit-Cnt y a la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE).

Ayer la ministra de Economía y Finanzas Azucena Arbeleche ratificó el anuncio de Luis Lacalle Pou del jueves. Se trata de un aporte (implica en los hechos una rebaja en el salario) que harán por dos meses unos 15.000 funcionarios con salarios líquidos por encima de $ 80.000. El mismo será escalonado en cuatro franjas según sus niveles de salario nominal.

Ayer en COFE esperaban conocer más detalles del anuncio, sin embargo, definieron pasar el asunto a sus economistas para adoptar una resolución. El presidente de la confederación, Martín Pereira, dijo a El País que esperan recibir informes de sus asesores que “estudiarán el impacto” de la medida sobre los funcionarios públicos para poner “blanco sobre negro”. En la misma línea fue el secretario general de COFE, José Lorenzo López, quien antes de realizar un comentario prefirió esperar el informe de los asesores.

De todas maneras, en COFE ayer coincidieron con la propuesta del Pit-Cnt que reclama en forma inmediata convocar a un diálogo social tripartito. En un comunicado, el Secretariado Ejecutivo de la central de trabajadores instó al gobierno a promover este espacio para “desarrollar herramientas para solventar la emergencia sanitaria que ya a esta altura es también emergencia económica y social”.

El jueves el propio presidente Luis Lacalle Pou dijo que la medida, más que simpática era solidaria. Al respecto, el Pit-Cnt señaló que “la clase trabajadora no necesita demostrar ante nadie su carácter solidario, esto lo avala toda la historia nacional y en particular las miles de viandas alimenticias y víveres para ollas populares”. En el Pit-Cnt señalan que “estamos dispuestos a poner el hombro y contribuir en esta emergencia sanitaria”. Fuentes de la central de trabajadores señalaron a El País que tienen varias propuestas en este sentido, pero que no pudieron transmitirlas al Poder Ejecutivo.

En el Pit-Cnt entienden que “no es legal” que el gobierno decida “tocar” el salario de los trabajadores “al margen de los ámbitos de negociación”.

Lacalle informó de la decisión este jueves temprano a COFE, además de plantearla al resto de los socios de la coalición. Para concretarla enviará un proyecto de ley al Parlamento donde el oficialismo tiene la mayoría necesaria para aprobarlo. De todas maneras espera informar al Frente Amplio, de quien aguarda también el voto en ambas cámaras.

El Poder Ejecutivo sabe que la medida va a generar malestar en los sindicatos de trabajadores. Pero confía en que no genere una escalada de conflictividad sindical, para lo que han tratado de transmitir a los representantes de los trabajadores la necesidad de “colaborar”.

La medida de recorte se extiende a todas las prestaciones públicas. Incluyendo las jubilaciones de públicos, de retirados militares, y expresidentes, así como también los sueldos de legisladores y diplomáticos.

Para los trabajadores, la disposición de Lacalle Pou encierra una “falta de equidad” dado que “no toca un ápice de los salarios faraónicos que cobra y factura la alta gerencia” en empresas privadas que trabajan para el Estado.

Reclaman un “abordaje integral del problema” que contemple todas las situaciones.

En el Frente Amplio consideran que como se dice en la jerga política: “los corrieron por izquierda”. Es que la coalición se siente incómoda oponiéndose a una propuesta que discrimina los salarios por franjas, afectando a los niveles más altos.

Aquello de “que pague más, el que tiene más”; un concepto similar al que empleó el equipo de Danilo Astori desde que llegó al gobierno en 2005 y al implementar la reforma tributaria.

Pereira se propone defender a los “débiles”

El miércoles el Pit-Cnt promovió un apagón y caceroleada. En diálogo con el portal de la central de trabajadores, su presidente Fernando Pereira señaló que “si alguien espera que nos quedemos de brazos cruzados, que no hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para defender a los sectores más débiles de la sociedad, le erra”. La central mantuvo diferentes reuniones a lo largo de la semana en las que propuso diferentes medidas para paliar la crisis económica y social que atraviesa el país.

El lunes, la Intersocial, conformada por el Pit-Cnt y otras organizaciones, emitió un comunicado con 11 medidas que recomienda al gobierno que tome para enfrentar la emergencia sanitaria decretada por el avance del coronavirus en el país.

Dentro de las mismas propuestas está la creación de una “renta transitoria de emergencia” para que todos los uruguayos “cuenten con un ingreso mínimo que les permita acceder a bienes y a servicios básicos mientras dure esta situación”. A su vez se indicó que se deberían crear medidas de protección a las pequeñas y medianas empresas para garantizar los puestos de trabajo: “Las medidas instrumentadas por el gobierno son insuficientes porque no tienen como contrapartida el mantenimiento del empleo”, indicaron. Por otra parte, dentro de la batería de medidas está postergar el aumento de las tarifas, congelar alquileres y cuotas de créditos hipotecarios por seis meses y flexibilizar el pago de tarifas públicas y tributos, entre otros.