El gremio mantuvo la asamblea más multitudinaria de toda su historia

La Asociación de Funcionarios Judiciales rechazó ayer, en la asamblea más multitudinaria de su historia, la propuesta del gobierno para destrabar el conflicto generado a partir de la Ley de Presupuesto del año 2010, que "enganchó" las remuneraciones de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia a la de ministros de Estado y legisladores.

Mientras el gremio reclamaba cobrar el equivalente a un aumento de 21,6% retroactivo a diciembre de 2012 y hasta diciembre de 2016, el gobierno ofrecía llegar a un 15%. La suma total sería pagada en tres partes: un 50% en 2017, 25% en 2018 y 25% en 2019. Para los salarios de diciembre de 2016 en adelante, el Poder Ejecutivo ofrecía sumar un 8% más a un aumento de 7,76% que se desprende de un convenio firmado en 2015.

La asamblea rechazó por amplia mayoría el plan con 1.453 votos por el "No" (745 de Montevideo y 708 del interior), 589 por el "Sí" (179 de Montevideo y 410 del interior) y 21 abstenciones. La asamblea se iba a realizar en la Sala Zitarrosa a las 10 de la mañana, pero dada la gran cantidad de participantes debieron suspenderla para buscar un nuevo lugar. Comenzó finalmente pasadas las 13:30 horas en el Palacio Peñarol. Hubo 2.060 personas, de un total de 3.600 funcionarios. El secretario general del gremio, Carlos Fessler, sostuvo a El País que "jamás" hubo una asamblea con tanta gente.

Los funcionarios judiciales decidieron no pactar con el gobierno y reclamar el 100% del dinero que le adeudan. Lo hacen con el aval de una sentencia en primera instancia de un juicio que le hicieron al Estado y que les dio la razón. Fessler, sin embargo, advirtió que para él la propuesta "ofrecía certezas y ponía fin al conflicto".

El secretario general, por otro lado, reconoció que la asamblea le dio "un importante mensaje" al Ejecutivo del sindicato, puesto que siete de sus nueve miembros estaban a favor de aceptar el plan.

El Ejecutivo del gremio volverá a reunirse el martes para evaluar la situación. Fessler señaló que es probable que se llame a otra asamblea para resolver qué medidas se van a tomar. Muchos de los que votaron por el "No" reclamaban ayer ir a un huelga. Los actuarios también rechazaron un plan similar que les fue entregado por el gobierno, y evaluarán en los próximos días los pasos a seguir.

Una funcionaria que votó por el "No" y no quiso ser identificada, sostuvo que el cálculo hecho por el Ejecutivo del sindicato (de que se pagaría un 70% del retroactivo) era erróneo, y que había personas a las que se le adeudaban US$ 8.000, pero cobrarían US$ 3.000.

Por otro lado, tras un intenso debate, el Senado aprobó ayer un proyecto que el Poder Ejecutivo presentó el 30 de enero (un día antes que el plan ofrecido a los funcionarios judiciales) para jueces, defensores, fiscales e integrantes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, quienes también fueron incluidos en el aumento establecido por la Ley de Presupuesto, y que sí aceptaron el plan del gobierno.

La propuesta para estos cuatro colectivos fue menos generosa que la que se les dio a los funcionarios. Establecían en contrapartida a la plata adeudada "tres cuotas iguales y consecutivas a pagar en los años 2017, 2018 y 2019, correspondiente a un 10% de la remuneración", según el cargo de cada trabajador. También se incluye, además del aumento de 7,76% que recibieron en 2015 (al igual que los funcionarios), un incremento salarial de 3,24% para 2017 y otro de 3% para 2018.

En el curso del debate, el senador nacionalista Luis Alberto Heber dijo que los funcionarios "no tienen la culpa" del "error", que fue reconocido por el senador frenteamplista, Rafael Michelini. Habló también del dinero que se adeuda a los funcionarios judiciales, y señaló que en total el plan que se ofrecía implicaba desembolsar US$ 100 millones, al tiempo que advirtió que si estos no aceptaban, como ocurrió, "habrá que pagar mucho más".

"Todo se origina en la soberbia del gobierno de no escuchar razones que le dio la oposición, no para perjudicar sino para ayudar, porque estaban haciendo las cosas mal en 2010", subrayó.

"Peor aún fue el error de interpretar la ley de Presupuesto", que finalmente fue declarada inconstitucional, añadió Heber, quien ató este gasto con "los reclamos de la Rendición de Cuentas".

Le respondió Michelini diciendo que si bien "esto tuvo errores de muchos tipos", el oficialismo no se siente "soberbio" como para no escuchar consejos de la oposición. "¿Por qué voy a decir en sala que esto es la perfección? De ninguna manera. Estamos con este proyecto enmendando un error", reconoció el senador.

El senador colorado José Amorín (Propuesta Batllista) admitió públicamente por primera vez que "lamentablemente en la mayoría de los casos" de legisladores que han sido ministros mientras están al frente de la cartera continúan cobrando el sueldo de senador o diputado, que es sustancialmente mayor. Cuando son electos para el Poder Legislativo su banca dura cinco años, y en caso de ser nombrados ministros, no pierden la banca sino que dejan un suplente. Cuando termina su gestión en el ministerio vuelven a la banca. Esto significa que deben optar por uno de los sueldos, el de legislador o el de ministro, por lo cual optar por el más alto no es ilegal. El problema siempre fue de tipo ético. Amorín contó que cuando fue nombrado ministro de Educación "vino la contadora del ministerio y me dijo firme acá. Era para seguir cobrando como diputado y no el sueldo de ministro. Pero le dije que no, que si estaba en el ministerio debía cobrar como ministro. Eso mismo que hice yo hizo el senador José Mujica cuando fue a Ganadería. Y no (lo hicieron) muchos más. Cuando asumieron los legisladores del Frente Amplio como ministros, fueron muy poquitos los que tuvieron dignidad", relató el senador.

El senador nacionalista Javier García llamó a que se cumpla el artículo N° 25 de la Constitución, que establece la "responsabilidad patrimonial de los gobernantes cuando causan daños por dolo o culpa grave". Según García, resolver el "error" del tema judicial del anterior gobierno "cuesta US$ 100 millones, lo cual es igual a $ 1.000 por cada ciudadano, 60 escuelas, 1.500 ambulancias, o un Hospital de Clínicas". A su vez, su correligionario Jorge Larrañaga consideró en el debate que el Estado "es responsable por todo lo adeudado a los funcionarios del Poder Judicial" y que "con estas iniciativas pretende liberarse pagando un porcentaje del total". El senador expresó que esta norma implica varias violaciones a la Constitución: "Supone ingresar en una transacción sobre salarios cuando eso no es materia de ley." Además sostuvo que "esta iniciativa es inconstitucional. Vulnera los artículos 7, 53, 54 y 72".

CARLOS TAPIA / DANIEL ISGLEAS

CONFLICTIVIDADCARLOS TAPIA / DANIEL ISGLEAS