Advierten que el decreto sobre prohibiciones abre la puerta a despidos.

El decreto que prohíbe el consumo y la tenencia de alcohol y drogas en los lugares de trabajo genera dudas en los sindicatos. Advierten que mientras este expone una serie de protocolos para controlar a los trabajadores, no dice nada sobre los empleadores. Sostienen que deja las puertas abiertas para que las empresas echen a una persona que desempeña sus tareas bajo los efectos de alguna sustancia, sin tener en cuenta que "el alcoholismo es una enfermedad".

El decreto, que también prohíbe la tenencia de alcohol en el lugar de trabajo aunque no establece posibles sanciones ni mecanismos de control, expone sí un protocolo de acción para que los empresarios puedan abordar situaciones de consumo por parte de sus empleados. Dos cosas son las que más ruido generan en los sindicatos. Por un lado que no se aclara si los controles van a ser aleatorios o direccionados, y por otro que se señala que cuando se detecta un segundo caso positivo se "deberá orientar al trabajador involucrado a los servicios de salud para un diagnóstico y eventual tratamiento de rehabilitación, sin perjuicio de las sanciones que puedan corresponder".

"Esto quiere decir —señaló a El País el dirigente del sindicato de la bebida, Richard Read— que si después de la segunda vez la empresa decide echar al empleado, va a poder hacerlo. ¡Pueden echar a un enfermo! ¿Se echa a una persona porque tenga VIH, o algún tipo de cáncer? Esto, escrito así, lo más probable es que empeore las relaciones laborales". E insistió: "¡El alcoholismo es una enfermedad!".

Read cuestionó si "el sistema está listo desde el punto de vista logístico para darle cobertura, asistencia e internación a miles y miles de alcohólicos que andan en la vuelta".

El decreto señala que las empresas pueden llevar adelante "controles a trabajadores que al ingreso o durante la jornada de trabajo presenten evidencia de no estar en condiciones de desempeñar su labor y con indicadores conductuales que podrían corresponderse con el consumo de drogas".

Read dijo que "esto no deja claro cuáles van a ser los criterios" de los empleadores. Cuestionó también que "solo pasen los peones por la espirometría". Pidió que se haga lo mismo con "jefes, gerentes y supervisores; porque el decreto dice que el empleador puede convocar a un operario para que se haga un análisis, pero no dice cómo se lo va a controlar a él".

En el mismo sentido se expresó el dirigente del Sunca y miembro del Secretariado del Pit-Cnt, Daniel Diverio. "En la construcción ya tenemos un decreto de seguridad e higiene, por el cual se llevan adelante controles con espirómetro. Pero lo que siempre planteamos es que esto se aplique para el colectivo de los trabajadores, porque de los mandos medios para arriba todos quedan afuera", manifestó a El País.

Diverio dijo que según las cifras que maneja el sindicato, el 99% de los accidentes laborales en 2015 fueron con "cero al- cohol y cero droga". Precisó que el gremio "ha trabajado fuertemente en este sentido, porque lo que está en juego es la vida de nosotros mismos". El año pasado, añadió el sindicalista, se cerró con 4.251 siniestros laborales y siete fallecidos. En 2014 los accidentes fueron más de 7.000 y los muertos 14.

Read, que es parte de la Comisión sobre alcoholismo que armó el presidente Tabaré Vázquez, en tanto, denunció que ninguno de los puntos planteados en este decreto fueron conversados por ese grupo de trabajo.

La senadora nacionalista Verónica Alonso, que también forma parte de la Comisión, dijo a El País que este tema "solo se habló por arriba en algunas instancias". De todas formas, advirtió que "lo veía como algo positivo", sobre todo, por ejemplo, en lo que refiere a controles de trabajadores en obras de construcción o en instituciones médicas.

Desde la Cámara de Industrias, en tanto, reconocen que hay aspectos de la ley que quedan librados al sentido común. Por ejemplo, ¿qué sucede en caso de que se lleve a cabo un brindis en una empresa? "Bueno, eso es agarrar la norma desde una excepción finísima. Sería una zancadilla muy grande que una fábrica haga un brindis para después hacerle un test a los funcionarios. Eso no se va a dar", señaló a El País el encargado de la Comisión Sociolaboral de la Cámara de Industrias, Andrés Fostik.

Read se pronunció en el mismo sentido, y sostuvo que cuando "se hace un brindis o algo y se toma, por ejemplo, cerveza, no se está dentro del horario de trabajo. Y si se está, es algo que está mal".

"Lo que advierte la ley es algo muy básico y fundamental, no se puede ir a un trabajo si antes se consumió droga o alcohol. En realidad estos son controles que se vienen haciendo desde hace ya un tiempo en algunas empresas. Lo que cambia ahora es que se tiene el respaldo del decreto", dijo Fostik.

Por otra parte, señaló que el empleador "también tiene obligaciones, porque tiene la exigencia de no dejar trabajar a un operario en caso de que este no esté en las debidas condiciones para hacerlo".

Tanto Fostik como Read señalaron que no está claro cómo se va controlar a pequeñas empresas o a trabajadores que están en la calle. "Hay más de 100.000 unidades productivas que tienen menos de cuatro dependientes. Es todo muy relativo", insistió el miembro de la Cámara de Industrias.

"Las cosas han cambiado", dice el dirigente de la bebida, Richard Read, y se ríe. Cuenta que cuando entró "a trabajar a la cervecería, la empresa tenía peones que estaban dedicados a servir cerveza helada". Read ingresó al rubro en 1977, y "poco después", recuerda, esta costumbre fue descartada. "Cuando yo entré era así, había gente que andaba medio borracha", señala. Él, que por su trabajo sindical ha visitado otros países, jura que "en otros países en los comedores todavía se da vino; pasa en Italia".

La Comisión Contra el Consumo de Alcohol analizará cambios en el otorgamiento y mantenimiento de licencias para locales comerciales que quieran vender alcohol. Así lo confirmó a El País la senadora nacionalista Verónica Alonso, quien forma parte del grupo de trabajo creado por el presidente Tabaré Vázquez.

"Vamos a conversar el tema de la comercialización, si se va a seguir vendiendo como hasta ahora o si va a haber otros mecanismos con la licencias. Acá hay muchas cosas para discutir. ¿Todos pueden vender alcohol? ¿Todos pueden estar habilitados? Hay que hablarlo", manifestó Alonso.

La senadora señaló que en la mesa de trabajo se analizará un cambio en las sanciones que se aplican a los comercios que, por ejemplo, venden bebidas alcohólicas a menores de 18 años. En su opinión se debe generar "un mecanismo de licencias que sea fiscalizador, no con un fin recaudatorio, sino vinculado a un mayor control para que se aplique la suspensión de licencias cuando esto lo amerite".

El otro tema que se tratará en la Comisión, la cual se reúne una vez cada 15 días, tiene que ver con la publicidad. "Esto claro que afecta determinados intereses, pero hay que pensar que sirve para cambiar pautas de conducta y culturales. La publicidad cambia las conductas de los jóvenes", sentenció Alonso.

El pasado 6 de abril el ministro Jorge Basso, que también integra esta comisión, adelantó que se iba a invitar a las empresas de bebidas a formar parte de una serie de reuniones donde se iban a plantear aspectos sobre la regulación de la venta de bebidas alcohólicas.

Según las cifras del Ministerio de Salud Pública (MSP), "el consumo problemático de alcohol afecta a más de 260 mil personas en Uruguay". Los hombres presentan porcentajes de consumo superiores a los de las mujeres en todos los rangos de edad y el mayor consumo se da en la franja que va de los 18 a los 25 años.

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