La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) evaluará hoy sábado si se convoca a una huelga de docentes para todo el territorio nacional.

La asamblea se llevará a cabo a partir de la hora 9 donde está prevista una discusión amplia y extensa de las medidas y movilizaciones que se tomarán.

Durante la convocatoria se hará una evaluación general de cómo se vino llevando adelante el camino de la negociación colectiva de cara al próximo presupuesto quinquenal para la educación.

Las propuestas que están sobre la mesa fueron rechazadas por los diferentes gremios del sector, entre ellas la que hizo semanas atrás el Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP respecto a que el salario docente llegue en los próximos cinco años a $ 25.000.

Es así que tanto la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) de Montevideo como la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu) han decidido en las últimas horas movilizaciones, paros y la iniciación de una huelga por tiempo indeterminado para el próximo 17 de agosto.

Básicamente las lecturas de todos los sindicatos es la misma: la falta de negociación colectiva, la incapacidad del gobierno para proponer un ámbito bipartito y la demora de propuestas que acota los tiempos hasta el 31 de agosto, día en que el Poder Ejecutivo tiene que entregar al Parlamento el proyecto de presupuesto quinquenal.

José Olivera, secretario general de Fenapes, hizo referencia a la posibilidad de iniciar una huelga generalizada de docentes. Entrevistado por El País, el sindicalista aseguró que se maneja esa propuesta desde hace meses.

"El 29 de diciembre del año pasado nos reunimos con la ahora ministra de Educación, María Julia Muñoz, y allí le entregamos un librillo del congreso de Fenapes donde ya se analizaba alguna estrategia con pilares fundamentales como la vinculación de la negociación con las consecuentes movilizaciones".

Otros de los aspectos, remarcó Olivera, fue que "las cosas sustantivas se tienen que definir antes del 31 de agosto (plazo máximo para que ingrese el presupuesto nacional al parlamento) y por último "llevar a cabo el proceso con la mayor unidad posible entre los sindicatos, algo que se ha venido dando en los últimos tiempos".

Esa resolución que se le entregó a Muñoz, "decía muy clarito que la posibilidad de la huelga estaba prevista como una medida más de lucha por parte de los gremios docentes", enfatizó Olivera, y agregó que "hay que evaluar efectivamente cuándo se toma esta medida o no, cuándo es el momento correcto dadas las circunstancias y los hechos; está todo puesto sobre la mesa".

En cuanto a algunos acercamientos que Fenapes tuvo con el Codicen, Olivera aseguró que "la propuesta de que se llegue a un salario base de $ 25.000 no conforma, es un aumento real de $ 4.000 y además no está respaldado por el Ministerio de Economía ni por el Poder Ejecutivo, lo que no nos genera ninguna confianza. Ahora vamos a esperar el viernes 7 de agosto cuando haya una nueva reunión entre la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (Ceseu) y Codicen a ver qué nos dicen".

Las declaraciones de la ministra Muñoz esta semana respecto a los paros docentes generaron malestar entre las diferentes gremiales.

Puntualmente Muñoz se refirió al tema diciendo que en caso de que los estudiantes pierdan días de clase, los profesores deberán quedarse durante el verano para recuperar horas docentes o directamente tendrán que trabajar hasta Navidad si es necesario.

Muñoz también fue cuestionada desde ADES Montevideo, por su representante Emiliano Mandacen, cuando sugirió que llegado el momento podría aplicarse la esencialidad de los servicios en la educación. En está línea, tanto el dirigente gremial como el constitucionalista Martín Risso indicaron a El País que no es posible llevar adelante esa medida en el área de la educación.

Las declaraciones del presidente del Codicen, Wilson Netto, sobre la aclaración de que los docentes no cobrarían sus sueldos mientras estén en conflicto tampoco fueron bienvenidas por los sindicatos de la educación. En este sentido, para Olivera hay una connotación intimidatoria de Netto.

Diferentes dirigentes gremiales consultados por El País sostuvieron que las declaraciones de los jerarcas de Estado no son positivas y mucho menos coincidentes con los climas de negociación que los profesores y los maestros quieren crear para una mejor negociación colectiva. A medida que los días van pasando y se van acortando los plazos e instancias de negociación entre ambas partes, "las relaciones se vuelven más tensas", indicaron.

Por su parte, Ademu Montevideo resolvió el jueves paralizar sus actividades para el próximo 12 y 13 de agosto por la "falta de diálogo y propuestas serias del Poder Ejecutivo en los Consejos de Salario".

La secretaria general de Ademu, Raquel Bruschera, indicó a El País que "el primer día (12) habrá movilizaciones a nivel barrial, donde se entregarán en las diferentes instituciones educativas materiales de información y promoción del paro".

En tanto para el 13 de agosto, día en que sesionará el Consejo de Ministros de manera especial para tratar el presupuesto nacional, los maestros tienen previsto movilizarse en el lugar que se acuerde la reunión del Poder Ejecutivo.

Asimismo, ADES Montevideo también fijó entrar en huelga el lunes 17 de agosto por tiempo indeterminado, una medida que elevará aún más la conflictividad en el primer año del segundo gobierno de Tabaré Vázquez.

Con los mencionados paros también habrán movilizaciones y ocupaciones zonales en donde se le informará a la población los motivos generales de las medidas que se tomarán.

Las fechas concretas de movilizaciones se darán a conocer la próxima semana con mayor exactitud, según definieron a El País los representantes sindicales de la educación.

El Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ) rechazó el acercamiento y las conversaciones que mantuvo de manera "informal" el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) con algunos grupos que nuclea el gremio, donde se trató de negociar de cara al próximo presupuesto nacional para el sector.

En un comunicado emitido por el SAQ, que va directamente dirigido al presidente del SMU, Julio Trostchansky, advierte que las conversaciones mantenidas "no representan las propuestas de los médicos anestésico-quirúrgicos" y remarcan que en cuanto a que "cada una de las Sociedades que integra el SAQ asesore a través de dos médicos de su especialidad, al propio SMU" no es conveniente. El escrito indica que "como era lógico, la unanimidad de los delegados de las Sociedades Anestésicas y Quirúrgicas hicieron saber el total y explícito rechazo de sus representados a los términos y propuestas de dicha comunicación del SMU; comunicación que al estar dirigida a las Sociedades y no al Sindicato que las reúne y representa, violenta la palabra empeñada por las autoridades del SMU de enviar una propuesta al SAQ, generando así, intencionalmente, una nueva e irresponsable traba a los posibles avances en modificaciones al Régimen del Trabajo Médico".

Dirigentes de las SAQ dijeron a El País que "esto es un constante tire y afloje que existe desde que está esta administración en el país. Vamos a ver si iniciamos algún tipo de reivindicación, porque indudablemente no poder mediar con el SMU para poder estar en las negociaciones salariales nos va a perjudicar", admitieron.

El comunicado finaliza diciendo que "como es sabido y pese a que algunas autoridades del SMU intenten infructuosamente ignorarlo, esta participación solo puede tener lugar a través del SAQ, y no por medio de las Sociedades que lo integran o por sus afiliados asesorando a otro sindicato que no es quien gremialmente los puede representar".

La presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, manifestó ayer en la Mesa Política su preocupación por los altos niveles de conflictividad laboral que se desataron en estas últimas semanas, principalmente en la educación.

También se mostró inquietada por el rol que debería cumplir la coalición de izquierda en la búsqueda de diálogo con los sindicatos, aliados históricos del Frente.

Según un informe realizado por el Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica, el nivel de conflictividad laboral registrado en Uruguay en los primeros seis meses del año creció un 52% respecto al mismo período del año pasado.

En el documento se explica que por conflictividad general se entiende a los conflictos de empresas y a los paros generales.

Y en cuanto a la conflictividad sectorial (que no contempla los paros generales), sostiene que la misma "aumentó un 33% en relación a igual período" y si se compara el primer semestre de este nuevo período de gobierno, con períodos similares anteriores, "en este año se registró la más alta conflictividad solo superada en 1995".

Asamblea de Fenapes analizará sumarse a ADES Montevideo