La última vez fue en abril pasado cuandogerentes de bancos privados advirtieron al Banco Central que una vez puesta en marcha la venta en farmacias cerrarían cuentas.

A principios de 2012 la mesa de diálogo que asesoraba a la Junta Nacional de Drogas para la redacción de la ley advirtió varios escenarios que podían complicar el normal desarrollo de la política de regulación de la venta de marihuana. Julio Rey, uno de los presentes en aquellas reuniones, recordó que la falta de seguro para los cultivos ya era un tema en discusión y que "aún hoy no está resuelto".

Tras la puesta en marcha de la última parte de la ley, por la que se vende marihuana en las farmacias, el tema imprevisto salió a la luz: los bancos comenzaron a cerrar las cuentas de las empresas involucradas en el negocio.

Ayer el diario El Observador informó que el Directorio del Banco República (BROU) también tomó la decisión de cancelar todos los vínculos bancarios con empresas que producen y venden cannabis.

En 2015 cuando algunas nuevas empresas que trabajaban con la marihuana quisieron registrarse ante la DGI, "se les prohibía la inscripción si tenían algo que ver con el cannabis", recordó Rey. Ese mismo año, comenzaron a no autorizarse algunos créditos.

En 2016 el BROU cerró la cuenta de una de las dos compañías que había ganando la licitación para cultivar cannabis.

"Esta cuenta nunca debió abrirse", fue la justificación del operador bancario. Esa empresa hoy opera en efectivo y usa las redes de cobranza para pagarle a sus empleados bajo el mandato de la ley de Inclusión Financiera.

Al comienzo de este año gerentes de bancos privados advirtieron también al Banco Central que una vez puesta en marcha la venta en farmacias cerrarían cuentas de las empresas. En abril empresas vinculadas a la exportación del producto se reunieron en la sede del Ministerio de Economía en busca de una solución, pero desde el Ejecutivo no presentaron alternativas.

Así fue que en julio la venta de marihuana en farmacias se hizo efectiva y los problemas quedaron a la vista. Ahora el gobierno plantea la posibilidad de que se usen cooperativas de ahorro o redes de cobranza para las transacciones.

polémica venta