El Tribunal de Cuentas decidió observar la adjudicación de la construcción de una enorme draga que costaría US$ 61 millones a una empresa holandesa por parte de la Administración Nacional de Puertos. De todas formas, el presidente de la ANP, Alberto Díaz, ya dijo a El País que el gasto fue reiterado y que el organismo quiere firmar contrato con IHC Holland.

El Partido Nacional tiene el asunto en la mira. Su director en la ANP, Andrés Chahnazaroff, votó en contra de la adjudicación. Y el diputado blanco, Pablo Abdala, realizó un pedido de informes en el que pregunta cuál fue la oferta económica de cada una de las tres empresas que se presentaron al llamado y los motivos por los que se adjudicó a IHC Holland pese a que no habría cumplido con algunas exigencias de la licitación, como presentar en tiempo y forma la garantía de mantenimiento de oferta.

El pedido de informes del legislador blanco también apunta que otro de los oferentes, que realizó una oferta significativamente más barata, Astilleros de Murueta, fue descalificado por "fuertes indicios" de que no alcanzaría el cumplimiento del componente nacional exigido. Abdala pide que se indique cuáles fueron los criterios para medir y de qué manera se puntuó ese componente.

A la licitación se habían presentado también las empresas españolas Galictio Tiferey y Astilleros de Murueta que recurrió la adjudicación.

El legislador dijo a El País que la construcción misma de la draga es cuestionable ya que su construcción equivale a "un Antel Arena y medio" y se atraviesa un momento de dificultades fiscales. La ANP, dijo Abdala, ya tiene además dos dragas. El diputado quiere saber en qué etapa se encuentra el proceso licitatorio y si ya se firmó el contrato respectivo. A su juicio, otras obras de infraestructura portuaria deberían tener mayor prioridad.

El Tribunal de Cuentas considera que la ANP incumplió con lo establecido en el Tocaf (que regula todo lo vinculado a la adjudicación de licitaciones) al permitir a IHC Holland presentar la garantía de mantenimiento de oferta dos días después de la fecha del acto de apertura de las ofertas.

Ruperto Long, ministro blanco del tribunal, cuestionó que no se realizara un cuadro que especificara qué nivel de componente nacional incluía cada una de las ofertas, y que se haya descalificado a Astilleros de Murueta porque "no alcanzaría el requerimiento". "Al no hacerlo y, como consecuencia, generar la inadmisibilidad de una oferta, la Administración viola, a juicio del suscrito, los principios de igualdad de los oferentes y seguridad jurídica consagrados en el artículo 149 del Tocaf", sostuvo Long. "Todo lo anterior adquiere particular significación por el hecho de que el monto que separa la oferta descalificada en cuestión (Astilleros de Murueta) de la oferta adjudicataria, es de muy importante magnitud —tanto en valor relativo como absoluto—, lo que hace que la eventual descalificación a la que nos hemos referido, de haberse efectuado de manera incorrecta, traería aparejado un ingente perjuicio económico al erario público", agregó Long. El ministro entiende que "no se analiza ítem por ítem en materia de componente nacional y, en consecuencia, no se le asigna a cada uno de ellos (de los oferentes) un determinado puntaje" y no se aprecia precisión en el puntaje real de cada oferta".

La Administración Nacional de Puertos decidió encarar la construcción de la draga, entre otros motivos, para ahorrar, ya que en algunas oportunidades debe alquilar ese tipo de embarcaciones. IHC, adjudicataria en principio de la importante obra, fabrica más de la mitad de las dragas de arrastre del mundo, explicó a El País Guillermo Pagliettini, asesor técnico de la compañía que factura anualmente alrededor de US$ 1.290 millones y tiene unos 3.000 empleados.

La adjudicación fue realizada en julio y la observación del Tribunal de Cuentas ocurrió en septiembre.

El sindicato metalúrgico (Untmra) estima que la construcción de esa draga (no se ha construido nunca una en Uruguay) crearía entre 150 y 200 empleos durante los dos años que duraría la obra.

La Administración de Puertos reiteró el gasto; el Partido Nacional cuestiona