La Suprema Corte de Justicia elaborará junto con el Ministerio del Interior un protocolo para comenzar a implementar cuanto antes a El Guardián, el sistema de vigilancia electrónica que implementará la Policía y que permitirá realizar escuchas telefónicas y seguimiento de correos electrónicos y redes sociales.

Ambos organismos firmarán mañana lunes un acuerdo de trabajo para ultimar detalles sobre este sistema.

"Se trata de un memorándum de entendimiento para poner a trabajar grupos en diferentes áreas", explicó a El País el ministro de la Corte, Ricardo Pérez Manrique. "Y habrá un protocolo específico sobre el tema de El Guardián", agregó.

En principio se estimó que el sistema de escuchas comenzaría a aplicarse desde este mismo mes. Sin embargo, el ministro de la Corte aclaró que no se implementará hasta que se resuelvan algunas cuestiones que solicitó la Corte.

"El grupo de trabajo tiene que generar un informe. La Corte analizará si este es satisfactorio en cuanto a los temas que se han planteado. Se analizará y luego daremos el ok", explicó.

Alrededor de este sistema de vigilancia hay un halo de incertidumbre por la poca información que se ha hecho pública.

La Justicia, incluso, no hizo lugar al pedido de acceso a la información pública que presentó el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo).

CAinfo solicitó información sobre el protocolo regulatorio de El Guardián, que todavía se está ultimando.

El Guardián es un sistema de vigilancia electrónica que suplantará a los 22 sistemas de escucha "caseros" que funcionan en el país actualmente. Con este software se puede acceder de forma simultánea a 800 celulares y 200 teléfonos fijos; también habilita a crear cuentas espejo de hasta 100 suscripciones de e-mails y el monitoreo de hasta tres redes sociales.

Según dijo a El País el fiscal de Corte, Jorge Díaz, este sistema no cambia en nada los protocolos actuales. Díaz dijo que ya existe confidencialidad en el uso de la información de las escuchas. Y, aclaró, en caso de que se viole esta confidencialidad, se está en la presencia de un delito.

Según Díaz, las compañías telefónicas están obligadas a proporcionar datos de sus clientes y contenido de las escuchas siempre que medie una resolución judicial. y esta es necesaria, a su vez, para iniciar todo el proceso.

Según el Ministerio del Interior, el oficial del caso que requiera una escucha debe elevar una solicitud de interceptación al fiscal, este la evalúa y eleva, a su vez, al juez que es quien resolverá la pertinencia o no de la misma.

La parte operativa, la interceptación en sí misma, se hará efectiva por parte de la operadora de telecomunicaciones a instancia judicial.

Según el Ministerio, la compra a una empresa brasileña de este sistema por US$ 2 millones se debió a una búsqueda de mejores tecnologías para, entre otras cosas, el combate al narcotráfico.

El acuerdo que firmará el Ministerio y la Corte también incluye, dijo Pérez Manrique, aspectos que atañen a la "comunicación de los sistemas informáticos entre el Ministerio y el Poder Judicial para acelerar notificaciones" y otros aspectos vinculados a la violencia de género.

La Corte y Ministerio del Interior trabajan en el sistema espía