En una declaración aprobada anoche, los doce cancilleres de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) pidieron a Estados Unidos que deje sin efecto la resolución que declara a Venezuela una amenaza para su seguridad nacional.
La declaración, acordada en la reunión de Quito, Ecuador, aboga para que Washington y Caracas recompongan sus relaciones a través del diálogo.
Al mismo tiempo que sesionaba la Unasur, el gobierno chavista de Nicolás Maduro inició ejercicios militares en Venezuela movilizando a 80.000 uniformados y 20.000 civiles.
El canciller Rodolfo Nin Novoa, que presidió la reunión de la Unasur, fue el encargado de leer la declaración.
"Unasur reitera el llamado al Gobierno de Estados Unidos para que evalúe y ponga en práctica alternativas de diálogo con el Gobierno de Venezuela bajo los principios de respeto a la soberanía (...) y así mismo solicita la derogación del citado decreto ejecutivo", dice la declaración.
Las sanciones colocan a Caracas como el principal adversario ideológico de Washington en el continente, una posición que durante décadas ocupó el régimen comunista de Cuba hasta que Washington y La Habana anunciaron un deshielo en sus relaciones a fines del año pasado.
Maduro ha dicho que las sanciones son una justificación de Estados Unidos para invadir al país caribeño y derrocar a su gobierno, lo que ha sido negado por Washington. La declaración de ayer de la Unasur, si bien habla de que las medidas del presidente Barack Obama de sancionar a funcionarios chavistas es una "amenaza injerencista a la soberanía" de Venezuela, no llega al extremo de condenar a Estados Unidos, como pretendía Maduro y sus dos principales aliados en la región, Bolivia y Ecuador.
En otro punto de la declaración, los cancilleres de la Unasur pidieron que la situación interna de Venezuela sea resuelta "en base a los mecanismos democráticos previstos en la Constitución" del país.
La crisis política en Venezuela, agravada en las últimas semanas por la detención de opositores a Maduro, había provocado diferencias entre sectores del Frente Amplio y el gobierno de Tabaré Vázquez. El vicepresidente Raúl Sendic y Nin Novoa coincidieron en que el gobierno uruguayo no tiene pruebas de la injerencia de Estados Unidos en Venezuela. Esta posición no cayó bien no solo en sectores frenteamplistas alineados con el chavismo, sino en el propio Maduro, que llamó "cobarde" a Sendic. El gobierno de Vázquez respondió con una protesta formal a Venezuela.
"Hoy ha habido una decisión histórica porque la Unasur se le plantó al imperialismo de una forma firme y contundente, no se trata sencillamente de politizar o ideologizar esta situación, se trata de que hemos ratificado que en la diversidad podemos estar unidos", dijo la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, luego de la reunión de la Unasur.
El canciller ecuatoriano Ricardo Patiño, por su parte, aseguró que ninguna nación sudamericana respaldará la injerencia de terceros países en política interna de cada nación. "No es por la fuerza, no es por sanciones, no es por agresiones al gobierno y pueblo de Venezuela que van a conseguir las cosas y no van a tener el respaldo de ningún gobierno sudamericano", agregó a periodistas.
El gobierno de Estados Unidos sostiene que los funcionarios venezolanos sancionados han participado en la violación de derechos humanos y en actos de corrupción, y acusa a Caracas de intimidar a la oposición política y criminalizar la disidencia.
La Unasur reiteró su llamado a que los gobiernos "se abstengan de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales que contravengan el Derecho Internacional" y solicitó a Washington que "evalúe y ponga en práctica alternativas de diálogo" con Caracas.
Asimismo, expresó que la situación de Venezuela debe "ser resuelta por los mecanismos democráticos" previstos en su Constitución y mostró su apoyo para la celebración de las elecciones parlamentarias previstas para septiembre.
También subrayó su apoyo al más amplio diálogo político en Venezuela, "convencidos de la importancia del mantenimiento del orden constitucional y la democracia, con la plena vigencia de los derechos humanos".
La declaración fue firmada por los cancilleres Héctor Timerman (Argentina), David Choquehuanca (Bolivia), Mauro Vieira (Brasil), María Ángela Holguín (Colombia), Ricardo Patiño (Ecuador), Carolyn Rodrigues-Birkett (Guyana), Gonzalo Gutiérrez (Perú), Winston Lackin (Surinam), Delcy Rodríguez (Venezuela), Eladio Loizaga (Paraguay), Heraldo Muñoz (Chile), y Nin Novoa (Uruguay). La declaración fue aprobada por unanimidad.
Ejercicios militares.
Al mismo tiempo que en Quito se reunía la Unasur, en Venezuela el gobierno chavista iniciaba ejercicios militares movilizando 80.000 soldados y 20.000 civiles, para potenciar su "defensa integral", incluyendo la simulación de un ataque a una refinería. Estos ejercicios se extenderán por 10 días.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, vestido de uniforme militar, se fotografió con un lanzamisiles.
Foro K criticó a EE.UU. y se alineó a Venezuela
Políticos e intelectuales de América y Europa concluyeron ayer en Buenos Aires tres jornadas de debates sobre ideas alternativas al neoliberalismo con expresiones de apoyo al gobierno venezolano. En el Foro Emancipación e Igualdad, organizado por el gobierno kirchnerista, la diputada y dirigente estudiantil chilena Camila Vallejo, dijo que "en momentos, en donde hay señales de intentos golpistas, de poner en crisis a gobiernos que son progresistas, es justamente cuando más se necesita que la izquierda esté unida, no solo en cada nación sino como región latinoamericana". En tanto, el ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, rechazó los "innumerables ataques a los que someten a los gobiernos progresistas de América Latina" .
La conexión Irán-K que salpica Uruguay.
Irán habría enviado dinero para la campaña de Cristina Fernández en 2007 a cambio de impunidad en el atentado contra la AMIA y secretos nucleares, aseguraron a la revista brasileña Veja tres exmiembros del gabinete de Hugo Chávez que estaban al tanto de la mediación de Venezuela y hoy se encuentran exiliados en Estados Unidos. Según Veja, el entonces presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad pidió personalmente a Chávez interceder ante el gobierno argentino para obtener tecnología nuclear para su país y lograr que los iraníes sospechosos de estar detrás del ataque terrorista en Buenos Aires fuesen retirados de la lista de Interpol. La solicitud habría sido hecha durante una visita de Ahmadinejad a Caracas en enero de 2007, y confirmaría la hipótesis de encubrimiento que el fiscal argentino Alberto Nisman había presentado poco antes de morir misteriosamente en enero pasado.
Veja no revela las identidades de los tres exintegrantes de la cúpula chavista, que forman parte de un grupo de doce exaltos funcionarios venezolanos que, tras la muerte de Chávez, rompieron relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro.
Según las fuentes de Veja, la valija con los famosos 800.000 dólares con los que fue descubierto el empresario venezolano Guido Antonini Wilson al llegar a la Argentina en agosto de 2007 provenía de Irán, y tenía como destino la campaña presidencial de Fernández de Kirchner, y el gobierno de Chávez habría servido solo como intermediario. El caso Antonini estuvo bajo investigación de la justicia uruguaya.
Entre los personajes encubiertos por las autoridades venezolanas estaba el clérigo Mohsen Rabbani, citado por Nisman como uno de los presuntos autores del atentado contra la AMIA en 1994, y que vivió en Uruguay. Rabbani habría utilizado un pasaporte venezolano para viajar en secreto a Brasil al menos tres veces.
![El eterno femenino de una imaginativa pintora](https://el-pais.brightspotcdn.com/uploads/2017/09/10/59b5b2db8c615.jpeg)
hablan de “amenaza injerencista”, pero no se afilian del todo a tesis de Maduro