El gobierno terminó admitiendo ayer que tenía denuncias de violencia doméstica entre las familias sirias que trajo como refugiadas a Uruguay, aunque exhibió contradicciones entre sus funcionarios. Además de las mujeres, los niños de esas familias también sufren de maltrato, según denunció a El País el diputado blanco Pablo Abdala.

El testimonio de un integrante de la comunidad marista confirmó las sospechas. Un hermano marista —comunidad que acogió a los refugiados durante las primeras semanas— dijo a El Observador que vio en varias oportunidades cómo un hombre sirio golpeaba a una mujer. Según el testimonio, el religioso detuvo al hombre quien, enfurecido, solicitó irse a un país europeo. Esta versión coincide con información publicada por El País en diciembre, cuando se dio cuenta que uno de los refugiados planteó al gobierno su deseo de radicarse en Europa antes de fin de año, cosa que no sucedió.

Aunque la comunidad marista uruguaya negó ayer estos casos de violencia, no es la primera vez que surgen versiones sobre maltratos entre sirios.

El diputado blanco Pablo Abdala dijo, por su parte, que le informaron "de primera mano" sobre casos de violencia entre los refugiados.

"Me han llegado versiones de que ha habido situaciones de violencia doméstica y que, inclusive, esa violencia doméstica no sería solo sobre las mujeres sino que, eventualmente, habría recaído sobre alguno de estos niños", manifestó el diputado nacionalista.

"Me llegaron informaciones que dan cuenta de la fractura de un brazo de un niño de siete años", agregó. "Estoy intentando corroborarlas, profundizarlas", agregó.

El País recibió información de que uno de los niños refugiados sirios había concurrido al Hospital Pereira Rossell por lesiones en un brazo.

"Es muy grave que haya violencia doméstica. Y el problema es que el Estado, en conocimiento de los hechos de violencia doméstica, no intervenga o no active los mecanismos que tiene que activar", dijo Abdala.

Las versiones manifestadas por varios actores del gobierno sembraron desconcierto sobre la situación de los refugiados.

Mientras el presidente José Mujica volvió a hablar ayer de que estas situaciones se dan por problemas culturales entre sirios, el prosecretario de Presidencia, Diego Cánepa, dijo que "no constan denuncias directas ni de vecinos" sobre casos de violencia doméstica. Sin embargo, luego aclaró: "cuando hubo presunción por las características personales de algún jefe de hogar, se procedió a alertar a la Policía Comunitaria y a las ONG especializadas que están ubicadas en los medios inmediatos a donde residen las familias y que están trabajando en este plan de inserción".

Dijo que "si hay denuncias, se tienen que comprobar", y que en Uruguay la violencia doméstica "es un delito" y que las familias sirias también "tienen que estar sujetas a las leyes nacionales" como los uruguayos.

La senadora y candidata a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, Lucía Topolansky, también opinó sobre el tema, y dijo a El Observador que "sabía que había algunos problemas. Las familias tienen un potencial masculino muy fuerte y la mujer se siente muy desamparada".

El canciller Luis Almagro, por su parte, dijo desconocer si existe violencia doméstica entre los refugiados y solicitó un informe sobre el comportamiento que han mantenido en el país.

"Hemos pedido un informe sobre el asunto ya que nos enteramos por la prensa de esta supuesta situación", afirmó Almagro ayer al ingresar al Congreso de Ministros.

La Institución Nacional de Derechos Humanos explicó en un comunicado que dará seguimiento al pedido de informes de Almagro, aunque hasta el momento no recibió denuncias ni intervino en la llegada de los refugiados.

El director de la Institución, Juan Raúl Ferreira, dijo a título personal que el organismo tiene facultad para investigar de oficio y lo debe hacer.

Fuentes de Cancillería manifestaron desconocer la situación interna de los refugiados. En tanto, El País intentó comunicarse con los encargados del realojo de los sirios, la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, sin éxito.

Apenas iniciada la próxima legislatura, Abdala convocará a la Secretaría de Derechos Humanos y a la Institución Nacional de Derechos Humanos a comisión para analizar la situación de las familias sirias.

"Esto es una cuestión de derechos humanos. No es una cuestión del país. Así está considerado en convenciones y tratados internacionales. No hay cultura que justifique la violación de derechos y menos aún la violencia", dijo a El País sobre el tema la activista feminista Lilián Abracinskas.

Explicó que, si bien no tiene confirmada la existencia de violencia doméstica entre los refugiados sirios, en caso de que se confirmaran las versiones la Justicia deberá tomar cartas en el asunto.

"La postura que se va a tomar es la misma para cualquier caso de violencia doméstica. Nada lo justifica, nada lo atenúa. El delito es el delito y las autoridades tendrán que tomar las medidas correspondientes para intervenir", explicó la activista.

Abracinskas dijo que le consta que las familias fueron informadas sobre las costumbres uruguayas y que se les advirtió que la violencia doméstica en Uruguay constituye un delito.

Hussein Alali Alfleg, sirio que oficia de traductor y acompaña en el día a día de los refugiados, dijo no estar al tanto de situaciones de violencia doméstica.

Los refugiados son acompañados, además, por psicólogos y asistentes sociales.

"Cualquier sicólogo, asistente social o funcionario que haya intervenido en conocimiento de un delito y sin denunciarlo, puede configurar en sí mismo en un delito", sentenció Abdala.

El presidente José Mujica dijo en diciembre que los refugiados sirios que arribaron a Uruguay “hacen demasiadas cosas como las que hacían nuestros abuelos”. “Tienen algunas costumbres que nuestra tradición y nuestro sistema de derecho no”, había dicho en ese momento.

Ayer, consultado sobre la llegada del segundo grupo de refugiados que estaba prevista para estos días, volvió a hablar en el mismo sentido. “Mi sueño es que vengan gurises y madres”, dijo a la prensa.

El presidente se muestra reacio que más sirios, adultos y hombres, arriben a Uruguay. Y el gobierno ya manifestó que existe un cambio de planes respecto a la llegada del segundo grupo.

Según Mujica, no le consta que hayan ocurrido casos de violencia doméstica dentro de las familias que llegaron a Uruguay en el primer contingente el 9 de octubre.

“Nosotros no tenemos problemas concretos, denuncias concretas ni nada por el estilo. Lo que existe es información global de formas culturales de otras partes del mundo. Como en Siria, las relaciones del hombre con la mujer”, dijo el mandatario.

El presidente se mostró, como en otras oportunidades, preocupado por las costumbres que culturalmente traen los refugiados. “No tenemos comprobación de ninguna violación desde ese punto de vista pero nos preocupa porque hemos averiguado hasta el cansancio ciertas cuestiones”, dijo.

“Una cosa es tener amplitud religiosa -somos muy abiertos, el país más laico de América Latina- pero hay ciertas cuestiones que no estamos dispuestos a negociar. En Uruguay no estamos dispuestos a estar de brazos cruzados si los hombres les pegan a las mujeres”, puntualizó Mujica.

Consultado sobre el arribo del segundo grupo, Mujica dijo que no es contrario al arribo de nuevas familias, pero estas tendrán que tener seguridad.

Un niño fracturado y una mujer golpeada son los casos denunciadosGABRIELA CORTIZAS