El gabinete económico del presidente Mauricio Macri se prepara para el final de una era que duró 15 años y aisló al país agravando su recesión.

El gobierno de Mauricio Macri empezó a cerrar esta semana el último gran conflicto surgido durante la crisis de 2001 que aún permanece latente. El acuerdo alcanzado con los cuatro fondos buitre más duros representa un paso clave para que Argentina salga del default en el que había caído en pleno estallido del régimen de convertibilidad. Pero, además de cancelar una etapa que se prolongó por casi 15 años, la normalización financiera promete disparar fuertes efectos políticos y económicos en el país.

Hacia el interior del gobierno, el allanamiento del camino para volver a tomar deuda a tasas razonables fortalece al sector encabezado por el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay, que impulsa una corrección gradual de los desequilibrios fiscales en detrimento de aquellos que prefieren una estrategia de shock.

El eje del programa que lleva adelante Prat-Gay para intentar reducir una inflación que ronda el 30% anual pasa por disminuir los niveles de emisión monetaria con los que el Banco Central viene financiando el déficit de las cuentas públicas. Para cumplir con esa meta, en lugar de lanzar un severo ajuste fiscal que sería muy costoso en términos políticos, el plan del ministro pasa por avanzar de modo gradual. De acuerdo a las metas establecidas por el gobierno, el déficit fiscal, que en 2015 cerró en 7,1% del PIB, debería ir reduciéndose a razón del 1,5% por año hasta 2019.

"El acuerdo con los holdouts le da consistencia al programa económico porque permite que el ajuste gradual en marcha consiga financiamiento. Si no se alcanzaba un acuerdo, las alternativas se reducían a lanzar un ajuste fiscal más duro o a emitir más para financiar el déficit, lo que afectaría la inflación. Además, si no se cerraba con los holdouts, no había margen para financiar inversiones en infraestructura y eso también podía retrasar la recuperación de la economía", dijo a El País el economista Dante Sica, director de la consultora Abeceb.

Paradójicamente, con la reapertura del financiamiento externo, el gobierno de Macri podrá sacar rédito de una herencia positiva que dejó la etapa kirchnerista. Si bien en los últimos años el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner incrementó sustancialmente la deuda en pesos con organismos públicos como el Banco Central y la Administración Nacional de Seguridad Social, entre 2011 y 2015 canceló vencimientos de capital con el sector privado por unos 40.000 millones de dólares.

Con eso, la deuda nominada en dólares cayó el año pasado al equivalente del 13% del PIB, el nivel más bajo desde mediados de la década de 1970.

Esa fortaleza, en medio de tantas debilidades que presenta la economía argentina, permite prever cuál será el camino que tomará el gobierno nacional y los provinciales una vez resuelto definitivamente el conflicto con los fondos especulativos. Para el economista Miguel Bein, que fue el principal asesor del candidato oficialista Daniel Scioli en la última campaña presidencial, Argentina tiene capacidad para tomar deuda en los próximos tres años por el equivalente a unos 10 puntos del PIB, esto es, unos 50.000 millones de dólares. A diferencia de las tasas superiores al 10% convalidadas en el ciclo kirchnerista, analistas prevén que, tras el acuerdo, Argentina podría financiarse en los próximos meses al 6%.

Las emisiones de deuda previstas para los próximos meses no solo prometen jugar un papel clave para suavizar el ajuste fiscal e intentar reactivar la economía tras cuatro años de estancamiento, sino también para fortalecer el capital político de Macri. El acceso al financiamiento externo le otorgará a la Casa Rosada una herramienta clave para negociar con los gobernadores, la mayoría de ellos peronistas y con alta influencia sobre los legisladores de sus provincias. "Para Macri, el acuerdo con los holdouts le permite marcar un claro quiebre simbólico con el ciclo anterior. El próximo paso pasará por obtener en el Parlamento el respaldo de un sector del peronismo, lo que también le permitiría dar una señal de gobernabilidad muy importante", dijo a El País el analista político Rodrigo Martínez, director de Isonomía Consultores.

Pese a la derrota en las elecciones presidenciales, el peronismo aún conserva la primera minoría en la Cámara de Diputados y la mayoría en el Senado. Sin embargo, en las últimas semanas comenzaron a evidenciarse fisuras en esos bloques.

"La posibilidad de emitir deuda por parte de los gobiernos provinciales ahondará las diferencias entre el sector del peronismo con responsabilidades de gobierno y aquel que no las tiene. Los gobernadores peronistas saben que no pueden darse el lujo de no tener capacidad de gestión, y no la tendrán sin acceder a los mercados internacionales. En ese marco, habrá una división cada vez más pronunciada al interior de los bloques del peronismo en el Congreso", señaló Martínez.

Esa cercanía con parte de la oposición abre expectativas favorables en torno a la derogación de las leyes "cerrojo" y de pago soberano en el Congreso. Sancionadas durante el gobierno de Cristina Kirchner, esas normas establecen que no se puede mejorar la oferta hecha a los acreedores que ingresaron en los canjes de deuda de 2005 y 2010. Por eso, sin su derogación, el reciente acuerdo alcanzado con los llamados "fondos buitre" no sería viable.

Aunque en los últimos días los gobernadores y legisladores peronistas condicionaron el apoyo parlamentario al cumplimiento por parte del gobierno nacional de una serie de reclamos, es probable que la cuerda se tense pero no se corte.

Si finalmente el gobierno de Macri cumple con esos pasos legales y paga en efectivo los 4.653 millones de dólares acordados antes del 14 de abril, Argentina habrá resuelto el conflicto abierto con fondos que concentran el 85% de la deuda reestructurada y se lanzará a una nueva etapa de endeudamiento.

Ante las severas dificultades que enfrenta la economía, el ingreso de dólares promete actuar como un analgésico, pero analistas advierten sobre los riesgos de confundir un alivio de corto plazo con la cura de la enfermedad, algo bastante contraproducente.

"Hay una propensión en la política argentina de asumir la necesidad de cambios solo cuando se produce un estallido económico. Por eso, si se puede seguir financiando los desequilibrios con emisiones de deuda, crecerá la intención de postergar las reformas. Habrá que ver, entonces, cuánto de su capital político querrá arriesgar el gobierno en los próximos meses con reformas muy necesarias, pero que generan resistencias en algunos sectores", dijo a El País el analista político Marcos Novaro.

Los acreedores minoristas argentinos apelaron la orden del juez de Nueva York, Thomas Griesa, que le permitirá salir al Gobierno del default técnico una vez que se deroguen las leyes cerrojo y de pago soberano y le pague a los holdouts. El abogado de los minoristas, Michael Spencer, lo confirmó a La Nación desde Nueva York, luego de la apelación de los "fondos buitre" Aurelius y NML, para ser escuchados ante la segunda instancia. El juez federal de Nueva York deberá resolver ahora antes de concretar la medida.

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