GOLPEADOS POR IGUAL
El presidente alertó sobre el fin del u201cEstado de Derechou201d por las denuncias u201csin pruebasu201d.
El presidente Michel Temer es blanco de una nueva investigación judicial, y el exmandatario Lula da Silva deberá ir hoy por segunda vez a un juzgado. Brasil se parece a una olla de grillos con una larga lista de denuncias de corrupción que a esta altura abarca todos los niveles del poder político y económico.
Temer será investigado por presunta corrupción en relación a un decreto sobre el sector portuario con el que habría favorecido a una empresa privada, informó ayer la Corte Suprema.
La autorización para esta nueva investigación a Temer fue dada por el juez Luís Roberto Barroso, uno de los once miembros del tribunal, ante las sospechas de que un decreto que alteró artículos de la ley que rige la actividad portuaria fue una suerte de "favor político" a la empresa Rodrimar.
La solicitud para averiguar el papel de Temer en la emisión de ese decreto fue presentada por la Fiscalía General, que tiene otras investigaciones en curso contra el mandatario que han llevado hasta a una acusación formal por corrupción, aunque rechazada y archivada por la Cámara de Diputados.
La base para estas nuevas sospechas es que el decreto, firmado en mayo pasado, habría facilitado negocios de Rodrimar en el puerto de Santos, a cambio de sobornos pagados al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el propio Temer.
Esta nueva investigación se suma a otras abiertas contra Temer por acusaciones del grupo cárnico JBS cuya validez legal ha sido puesta en duda, lo que podría llegar a invalidar esos testimonios.
Además, otro frente judicial le acusa de haber dirigido una red de corrupción tejida por el PMDB en la Cámara de Diputados, sobre la cual la Policía Federal aseguró este lunes que existen serios "indicios" de que recibió sobornos de empresarios a cambio de favores políticos. Frente a esa nueva sospecha, Temer reaccionó ayer martes mediante una nota oficial de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia. "El Estado Democrático de Derecho existe para preservar la integridad del ciudadano, cohibir la barbarie del castigo sin pruebas y evitar toda forma de injusticia", pero "en las últimas semanas Brasil ha visto exactamente lo contrario", indicó la nota.
"Pacto de sangre"
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En tanto, un Lula debilitado por las confesiones de uno de sus principales escuderos volverá a comparecer hoy miércoles en Curitiba ante el juez Sergio Moro, por sospechas de que recibió sobornos de la constructora Odebrecht. Lula, de 71 años, ya fue condenado por Moro en julio a nueve años y medio de cárcel, como beneficiario de un tríplex en el balneario de Guarujá (San Pablo) ofrecido por otra constructora, OAS, a cambio de su influencia para obtener contratos en Petrobras. El expresidente puede recurrir la sentencia en libertad, pero si esta es confirmada le será difícil evitar la cárcel, por no hablar de la impugnación de su candidatura para las elecciones de octubre de 2018.
Lula vive horas bajas. Su reciente gira de tres semanas por el noreste, su bastión electoral, se cerró sin haber concitado concentraciones masivas con las que podría arroparse ante un cerco judicial cada vez más estrecho. Es que enfrenta cinco causas penales por cargos que van de corrupción pasiva y lavado de dinero a formación de organización delictiva, pasando por tráfico de influencias y obstrucción a la Justicia.
Pero Lula se declara inocente y denuncia un acoso que apunta a impedir su retorno al poder y a dar un golpe de gracia al Partido de los Trabajadores (PT). Esa línea de defensa quedó al borde del derrumbe cuando su exministro de Hacienda, Antonio Palocci, afirmó la semana pasada ante el juez Moro que la denuncia que será tratada hoy miércoles "procede", porque "los hechos relatados en ella son verdaderos".
En concreto, Odebrecht habría pagado el terreno del Instituto Lula en San Pablo y puesto a disposición de su familia un apartamento en la vecina San Bernardo do Campo.
Palocci, detenido hace un año y condenado en junio a doce años de reclusión, agregó que Lula, en vísperas de transmitir el poder a su heredera Dilma Rousseff, avaló en 2010 un "pacto de sangre" entre el PT y Odebrecht, que ponía a disposición del partido 300 millones de reales (171 millones de dólares al cambio promedio de ese año).
Tanto Lula como su Instituto negaron la denuncia. "La historia que Antonio Palocci cuenta se contradice con otros testimonios" y "se entiende sólo en el contexto de un hombre preso y condenado en otros procesos", que trataría de negociar una delación premiada "sin pruebas", escribió Lula en su cuenta de Facebook.
EL ACUSADOR
El fiscal general, Rodrigo Janot, que termina su periodo de cuatro años el próximo sábado 17, acusó en la última semana por diversos cargos al expresidente de la República Luiz Inácio Lula da Silva, a su sucesora Dilma Rousseff, así como a varios dirigentes del Partido de los Trabajadores u2014en el que ambos militanu2014, y a la cúpula en el Senado del PMDB, fuerza política del presidente Michel Temer. Según la prensa brasileña, se espera que presente una nueva denuncia contra Temer antes de entregar el cargo a su sucesora Raquel Dodge.
El mercado ajeno a la crisis política
El mercado financiero vive en Brasil su momento más álgido de la última década, ajeno a la crisis política.
Ni la denuncia contra el presidente Michel Temer por corrupción pasiva, ni las querellas contra la cúpula de su partido o las investigaciones que salpican a varios de sus ministros, ningún escándalo parece afectar negativamente al capital.
Según analistas, esto se debe a que el sector financiero ha descontado posibles costes políticos y está más interesado en las perspectivas macroeconómicas, las condiciones del mercado externo y la agenda del gobierno, sin grandes cambios a pesar de los escándalos en los que se ve implicado.
Para Ignacio Crespo, analista de Guide Investimentos, actualmente hay un "escenario más positivo" que "parece fortalecer a Temer y al gobierno" después de que se hayan puesto en tela de juicio las confesiones de los directivos del grupo JBS, que implicaron al jefe de Estado en asuntos de corrupción.
Para el profesor Joelson Sampaio, del centro de estudios económicos Fundación Getulio Vargas, "la crisis política no es determinante" en el mercado, pero "en cierta forma ya está un poco más petrificada", es decir, se da por descontada o absorbida.
En el presente ejercicio algunos indicadores macroeconómicos se han recuperado parcialmente, pese a la todavía preocupante tasa de desempleo de 12,8%. El PIB registró una expansión del 1% en el primer trimestre y del 0,2 % en el segundo, mientras el ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, considera que Brasil comenzará 2018 a un ritmo de crecimiento del 3% anual. EFE
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Lanzan operación por lavado de dinero en Pdvsa
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La policía brasileña lanzó esta semana una operación para investigar el posible lavado de dinero en la unidad de agronegocios de la petrolera estatal venezolana Pdvsa mediante exportaciones de equipos agrícolas desde Brasil a Venezuela.
Según la maniobra, que se investiga desde hace tres años, Pdvsa pagó de más a dos compañías u2014una venezolana y una brasileñau2014 por maquinaria agrícola por unos 200 millones de reales (64,46 millones de dólares) entre 2010 y 2014, dijeron funcionarios. La policía dijo que la venezolana Tracto América, una empresa comercial, compró equipos agrícolas a la brasileña America Trading que fueron vendidos a Pdvsa a precios inflados.
El dinero extra fue distribuido en empresas ficticias, disfrazado como pagos a consultoras. Parte de los fondos quedó en Brasil, pero la mayoría acabó en Panamá, Estados Unidos y Suiza, entre otros países.
Arib Jiobanny Garcia Vargas, propietario de Tracto America, fue arrestado en Madrid con la ayuda de la Interpol y también está siendo investigado en Venezuela por delitos cambiarios y contrabando.
La operación también incluye seis órdenes de arresto en los estados brasileños de Río Grande del Sur y San Pablo, y seis personas fueron detenidas para ser interrogadas.
Las autoridades brasileñas dijeron que planean lanzar una nueva etapa de la investigación para aclarar más detalles en colaboración con fiscales venezolanos. El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, afirmó hace unos días a EFE que la corrupción ha tocado altos niveles de Pdvsa. En base a REUTERS y EFE
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