Con el pronunciamiento de una comisión parlamentaria se inicia mañana el proceso.

La presidenta de Brasil Dilma Rousseff quiere enfrentar rápidamente el proceso de impeachment (juicio político con fines de destitución) iniciado en su contra, y su ministro de Hacienda, Joaquim Levy, hasta lo considera positivo para despejar la tormentosa incertidumbre sobre la mayor economía latinoamericana, en franca recesión.

El oficialismo se considera capaz de bloquear el proceso contra Rousseff pero una luz amarilla se encendió en sus filas este viernes: el ministro de Aviación Civil, Eliseu Padilha, considerado cercano al vicepresidente Michel Temer, eventual sucesor de Rousseff, estaría próximo a renunciar por desacuerdos con la designación de un funcionario de su cartera.

¿Será que los aliados de Temer, líder del poderoso partido PMDB, empiezan a romper filas con el gobierno?, se preguntaban este viernes los políticos en Brasilia.

Las especulaciones divulgadas en la prensa local están alimentadas con el mutismo de Temer, quien no ha dicho ni una palabra desde que hace dos días el presidente de la Cámara de Representantes, Eduardo Cunha, también del PMDB, dio inicio al proceso de impeachment contra Rousseff.

El PMDB es pieza clave para la gobernabilidad con su bancada de legisladores tan grande como variopinta, al extremo que incluye a desafectos con el gobierno como el propio Cunha. La presidenta dijo que dará su batalla, "por la salud de la democracia". "Debemos defenderla contra el golpe", dijo durante una ceremonia ante funcionarios de la salud que devino en un acto político en el que se escucharon consignas como "No al golpe" y "Fuera Cunha".

Ministros, legisladores y el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva fueron desplegados para acelerar un proceso que puede llevar varios meses, justamente cuando Brasil camina hacia su peor recesión en 85 años y Rousseff tiene una popularidad de apenas 10% a solo 11 meses de haber comenzado su segundo mandato. "Tenemos que resolver esto ya", dijo Lula, quien junto a varios líderes oficialistas quiere suspender el tradicional receso estival del Congreso que se extiende desde el 22 de diciembre al 1 de febrero.

En una entrevista con el canal GloboNews, el Ministro de Hacienda, Joaquim Levy, dijo este viernes que el inicio del proceso de impeachment puede ser positivo para la economía. "Esa cuestión del impeachment, lo que va a hacer es dar más claridad. En vez de que quede como una amenaza colgada, la enfrentamos", dijo.

Por lo pronto, la Bolsa de Sao Paulo refrenó el entusiasmo que le despertó la noticia el jueves, cuando subió más de 3%. Este viernes bajó 2,23%.

"Muchos inversores acaban actuando en efecto manada y eso resulta en una fuerte alza, que luego retorna", valoró el economista independiente Felipe Queiroz.

El gobierno confía en que salvará a Rousseff. Cree contar con los 172 votos requeridos para impedir que el plenario de la Cámara de Representantes logre separar del cargo a Rousseff e iniciar el juicio de destitución.

La comisión especial de 65 miembros comienza a sesionar mañana. En esa sesión los integrantes elegirán al presidente y al relator del grupo parlamentario. Este es el inicio de un largo proceso que podrá llevar meses (ver nota aparte) si finalmente se decide dar curso al juicio político. Si esto ocurre el destino de Brasil podría experimentar un profundo cambio.

La presión de la opinión pública es un factor clave y tanto los partidarios de Rousseff como sus adversarios saben que eso puede hacer cambiar a muchos legisladores. "Es muy probable que sean convocadas manifestaciones para presionar al Congreso a votar a favor del impeachment", estimó Rubens Figueredo, profesor de ciencia política de la Universidad de Sao Paulo.

El proceso hacia el "impeachment" comenzó cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, dio por aceptado el pedido presentado por los juristas Hélio Bicudo, Miguel Reale Jr. y Janaína Paschoal. Acto seguido el titular de la cámara ordenó la cración de una comisión especial de 65 miembros que deberá determinar si hay base o no para el juicio. Un sondeo publicado por O Globo reveló posibilidades nulas de que efectivamente se inicie el juicio: hay 182 legisladores a favor y 258 en contra. En la comisión habría una situación similar: hay 11 diputados a favor, 17 en contra, pero 37 aún no fijaron posición. La presidente tiene un plazo de diez sesiones para presentar sus descargos. En ese lapso la comisión debe elaborar un informe que será sometido al plenario de la cámara, son precisos dos tercios de los votos de la cámara (342) para ser aprobado y dar comienzo así al juicio. Rousseff deberá ser apartada de su cargo por un plazo de 180 días, asume el vicepresidente. Por último el proceso debe ir al Senado y al Supremo Tribunal Federal. El Senado debe aprobar por dos tercios la destitución.

La crisis política de Brasil