Nada parece detener la caída de la aprobación a la presidenta Dilma Rousseff. El último sondeo conocido sitúa este índice en apenas un 7,7% y una opinión negativa del 70,9% de su gobierno. Es apabullante, en cambio, la mayoría que cree que Rousseff debe ir a juicio político, un 62,8%.

Mientras las implicaciones del escándalo Petrobras —o como se le conoce en Brasil, el petrolão— crecen cada día, y las luces amarillas se encienden en la economía del gigante sudamericano, los efectos de la crisis parecen descargarse de manera inexorable sobre la mandataria. Hace tan solo unos días uno de sus aliados estratégicos se declaró en franca oposición: Eduardo Cunha (PMDB), presidente de la Cámara de Representantes.

La semana pasada el principal rival político de Rousseff, el senador Aécio Neves (PSDB) opinó que la presidenta está literalmente "sitiada por la crisis y el deterioro económico".

Pero las críticas y los señalamientos no terminan allí. Los más firmes han partido del interior de su propio sector, el Partido de los Trabajadores (PT) e incluso de su líder indiscutido, Lula Da Silva, que cuestionó su política de austeridad en materia económica.

Los diagnósticos no pueden ser más sombríos en torno al futuro de este gobierno.

Alrededor de 50 dirigentes políticos de primer nivel, así como los directivos de las empresas constructoras más grandes del país están bajo la lupa de la llamada operación "Lava Jato", que investiga el mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil. Un caso que por sus alcances dejó de ser nacional y comienza a tener repercusiones regionales e internacionales (ver nota aparte).

Las autoridades formalizaron el lunes pasado la acusación ante la Justicia a altos directivos de Odebrecht al considerar que los sospechosos son responsables de los delitos de fraude en licitación, lavado de dinero, corrupción activa y pasiva, crimen contra el orden económico y organización criminal. Además del presidente de la empresa, preso desde el pasado 19 de junio en Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, están los directores Rogerio Santos de Araújo, Alexandrino de Salles Ramos de Alencar, Márcio Farias da Silva y César Ramos Rocha. También fueron imputados por los mismos delitos el empleado de Petrobras Celso Araripe de Oliveira, el socio y gerente de la empresa Freitas Filho Construções Limitada, Eduardo de Oliveira Freitas Filho, y el exempleado de Odebrecht João Antônio Bernardi Filho.

Odebrecht, que reiteradamente ha negado las irregularidades en los contratos que supuestamente fueron amañados, evitó pronunciarse sobre las acusaciones de la Policía, que ahora deberán ser analizadas por el Ministerio Público (fiscalía), ente encargado de presentar o no las denuncias ante la Justicia. La constructora forma parte de una veintena de grandes empresas privadas implicadas en las corruptelas que desde hace un año y medio se investigan en Petrobras.

El mismo día se conocieron las primeras sentencias para otro grupo de acusados, en este caso los directivos de la otra gran empresa implicada, Camargo Correa. El expresidente de la compañía Dalton Avancini y el antiguo vicepresidente de la firma, Eduardo Leite, fueron condenados a 15 años y 10 meses de prisión, en tanto el ex presidente del consejo de administración de la firma João Ricardo Auler recibió una sentencia de nueve años y seis meses de reclusión, anunció el juez federal Sergio Moro, con sede en Curitiba.

Otra derivación del escándalo de corrupción alcanzó de lleno en las últimas semanas al expresidente y líder del PT, Luiz Inácio "Lula" Da Silva. Pero el trasfondo de esta causa, a su vez, traspasó las fronteras para llegar a Portugal.

El primer ministro portugués Pedro Passos Coelho, afirmó el lunes que Da Silva jamás le pidió favores para beneficiar a una empresa brasileña.

"El expresidente Lula da Silva jamás me pidió un trato especial para una empresa brasileña", declaró Passos Coelho ante la prensa, pero confirmó que sí se reunió con Lula en tres ocasiones. La fiscalía brasileña sospecha de tráfico de influencias a favor del gigante de la construcción Odebrecht, tras el final de su mandato. El diario brasileño O Globo afirmó el domingo que Lula pidió favores en 2013 a Passos Coelho para beneficiar a Odebrecht, en el marco de la privatización de el holding portugués de tratamiento de desechos EGF. Al final, la oferta la ganó el grupo portugués Mota-Engil.

Algunas anotaciones en los celulares del empresario Marcelo Odebrecht, presidente de la compañía preso desde el pasado 19 de junio, encendieron las alarmas para el juez Sergio Moro. Las anotaciones encontradas por investigadores de la Policía Federal (PF), encontró una que refería la necesidad de "trabajar para detener / anular (disidentes PF)". Aludía a su intención de obstruir la investigación y el juez dice que "arroja una sombra sobre el significado de la anotación", ya que podría utilizar policías para entorpecer el caso.

Aprobación de Rousseff baja al 7,7% y a favor del juicio político un 63%AFP, EFE Y REUTERS