Brasil está estremecido por un terremoto político: el martes pasado por la noche, el fiscal general Rodrigo Janot entregó al Tribunal Superior una lista que incluye a los políticos que, en su opinión están implicados en la mayor trama corrupta que jamás ha existido en el país, la de la petrolera pública Petrobras. 

Desde hacía meses, todo giraba en Brasil sobre la hipotética lista maldita y sobre los nombres que sí o no figurarían en ella. El fiscal prometió entregarla después de Carnaval y así lo hizo. El listado es aún secreto en teoría y solo el Tribunal Superior puede dar el visto bueno para que los nombres se conozcan oficialmente. Algunos ya se conocieron, como son los casos del presidente del Senado, Renan Calheiros, quien dijo no estar en la nómina porque negó haber tenido participación alguna en la trama, y del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien aseguró desconocer el hecho y añadió: "Espero que todo esto no sea una investigación política".

Calheiros y Cunha pertenecen al Partido del Movimiento Demócrativo Brasileño (PMDB), aliado del gobierno.

La solicitud para abrir investigaciones a varios políticos con fueros para determinar si participaron de la monumental trama de corrupción incluye 28 procesos que involucran a 54 personas, entre ellos políticos con cargos vigentes, e inaugura lo que se espera sea una etapa de fuertes tensiones institucionales en la potencia latinoamericana.

"Son 28 pedidos de apertura de investigaciones y 7 archivamientos, que involucran a 54 personas", incluyendo políticos, dijo a la AFP un asesor de prensa de la fiscalía general.

Originalmente, la procuraduría había informado que las 54 personas implicadas tenían fueros privilegiados, pero luego aclaró que algunos no los tenían aunque estaban conectados a políticos con cargos vigentes.

Los nombres de quienes serán investigados, si la corte lo aprueba, no fueron divulgados porque las causas están bajo secreto judicial. Pero el fiscal general Rodrigo Janot, que presentó la solicitud, pidió el levantamiento de esa reserva.

Ahora la corte debe contestar.

En la lista hay miembros del Partido de los Trabajadores (PT), la formación de la presidenta Dilma Rousseff y del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, pero también del citado PMDB y del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB).

La Fiscalía determinó que no hay ningún mérito ni motivo para investigar a Rousseff ni al líder del PSDB. Aécio Neves, quien fue el rival de la presidenta en las elecciones de octubre pasado.

El caso conocido como Operación Lava Jato (lavadero de autos) consistió en un sofisticado esquema delictivo que asoció a algunas de las mayores empresas del país con directivos de Petrobras para manipular licitaciones y desviar fondos. La red giró US$ 4.000 millones durante una década, según datos de la Policía Federal. La Perocuraduría General de la República ha señalado que es la mayor investigación de corrupción en la historia del país.

¿Cómo comenzó el escándalo que estremece a Brasil? La Operación Lava Jato comenzó en julio de 2013, cuando la Policía Federal de Curitiba descubrió una red de lavado de dinero que operaba desde Brasilia y São Paulo. Después de meses de investigación, el hilo llevó de vuelta al estado de Paraná, donde vivía el cambista Alberto Youseff, un personaje fundamental en el engranaje descubierto. Después de su detención en marzo, llegó a un acuerdo de delación premiada con la Policía: sus testimonios y los de otro “colaborador” de la Justicia, el ex director de Abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa, hicieron explotar el caso. Posteriormente, las autoridades hicieron otros once acuerdos de delación premiada. Además de Youseff y Costa están encarceladas 13 de las 21 personas detenidas el pasado 14 de noviembre, entre los que hay jerarcas de empresas contratistas que -según diversos testimonios de los delatores- se repartían los contratos de la petrolera.

La Fiscalía estima que la cantidad todal desviada entre 2004 y 2012 se sitúa en US$ 8.000 millones. Algunas estimaciones sitúan las pérdidas para la empresa derivadas de la corrupción en US$ 33.000 millones, aunque ese valor es discutido. La fuerte discrepancia de la presidenta Rousseff en torno a ese cálculo fue lo que propició la salida, en enero, de la presidenta Graça Forster, reemplazada por el ex banquero Aldemir Bendine.

Petrobras licitaba sus grandes obras a empresas constructoras y de ingeniería brasileñas, en aplicación de la política “Compre Nacional” aplicada por Rousseff cuando fue ministra de Energía, con la finalidad de estimular la creación de empleos. De los presupuestos se desviaba en sobornos un porcentaje cercano al 3% para empresarios y políticos. Posteriormente, el dinero se reintroducía en el sistema mediante negocios de varios tipos, así como había transferencia de dinero al exterior a través de más de cien empresas de fachada.

El sofisticado mecanismo terminó golpeando a los partidos políticos, y sus ramificaciones apuntan a figuras afines al gobernante PT y sus aliados, así como a algunos opositores.

La lista presentada por el fiscal Janot a la Suprema Corte inaugura una nueva fase del escándalo. Janot tiene en sus manos una de las causas más explosivas y delicadas de la política brasileña de los últimos años.

Petrobras es la mayor empresa del país, responde por casi el 12% del Producto Interno Bruto (PIB) de Brasil, da empleo a 87.000 personas y produce 2,5 millones de barriles de crudo por día. En función de esos datos, la mayoría de los analistas considera que el escándalo repercutirá en la economía del país, que según proyecciones del sector privado se encuentra al borde de una recesión. Dentro del impacto económico está la manera cómo se verán afectadas algunas de las mayores empresas brasileñas.

El presidente del Tribunal de Cuentas, Augusto Nardes, expresó su preocupación porque el caso tendría el potencial de parar a Brasil si las mayores empresas bajo sospecha fuesen finalmente declaradas “no idóneas” para firmar contratos con el sector público.

El caso apareció entre los temas de polémica durante la última campaña electoral, en la que Rousseff y Lula quedaron bajo un implacable acoso mediático, y estuvo cerca de inclinar la balanza en favor de su rival, el senador Aécio Neves. Se estima que la larga estela del escándalo y el enjuiciamiento de los acusados afectará todo o parte del segundo mandato de Rousseff. Cuatro empresas han responsabilizado en su escritos de defensa al gobierno de crear y utilizar a las empresas contratistas para la compra de voluntades políticas.

La entrega de la lista por parte del fiscal ya desencadenó un vendaval de reacciones y de especulaciones. Algunos analistas temen que las acusaciones envenenen las ya de por sí tormentosas relaciones entre el gobierno, acuciado por una economía enlentecida y un Congreso muy fragmentado que Rousseff no domina.

El gobierno se mueve en dos frentes para intentar frenar las turbulencias políticas y la sangría económica. Rousseff se ha reunido con los líderes de los partidos aliados en el Congreso y en el Senado para pedirles apoyo. Pero la situación es difícil como quedó en evidencia el miércoles pasado, cuando el Senado rechazó una medida de ajuste fiscal que el ministro de Economía, Joaquim Levy, consideraba indispensable.

Rousseff ha señalado que la Justicia llegará a los culpables de la corrupción, quienes “pagarán por eso”. Asimismo, consideró que el caso “podría cambiar a Brasil para siempre”.

Desde que se reveló el caso y sus ramificaciones, Petrobras contrató a un estudio jurídico brasileño y uno estadounidense, con la finalidad de investigar las posibles desviaciones de recursos. Asimismo, en diciembre pasado, aprobó la creación de la Dirección de Gobernanza para mejorar la transparencia y hacer cumplir la ley. También emitió una prohibición de firmar contratos con 23 empresas incluidas en el caso, contratistas habituales suyas.

Graça Forster, que presidía la empresa, fue acusada por una ex empleada de conocer los delitos desde 2009 -la exjerarca lo niega de manera categórica- presentó renuncia después que perdió la confianza de la presidenta Dilma Rousseff. Forster cayó por las repercusiones del caso, el descenso del precio del petróleo y las discrepancias técnicas con el gobierno. En diciembre, Forster indicó que continuaría en el cargo y dispuso investigaciones a fodo de todo el directorio. La presidenta Rousseff ratificó su confianza en Forster y afirmó que no sería removida del cargo: “Creo que hay un clima muy difícil para ella... Pero, por eso, no la voy a sacar”. Después, todo cambió.

Su sucesor, el banquero Aldemir Bendine dispuso medidas encaminadas a intentar aprobar y publicar el balance auditado del tercer trimestre, cuyo retraso sin fecha derivó en la rebaja de la calificación de la empresa. (Fuentes: AFP y El País de Madrid)

Varios políticos salieron a aclarar o están a la defensiva. El primero en afirmar que no triene vínculos con el caso fue el presidente del Senado, Renan Calheiros, y luego lo hizo su colega de la Cámara de Representantes, Eduardo Cunha, quien dijo desconocer el hecho. Los dos son del Partido del Movimiento Democrático Brasileño.

“Obviamente, hay un clima de tensión y ansiedad en el Congreso”, reconoció el ministro de Relaciones Institucionales, Gilberto Vargas, quien sostuvo que “hay mucha preocupación” por las sospechas que circulan de manera oficiosa.

Uno de los primeros en desmarcarse fue el diputado Arthur Lyra, del oficialista Partido Progresista, quien se vio obligado a comentar el caso después de ser elegido presidente de la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Representantes. “No tengo nada que ver con este asunto”, dijo Lyra. “Espero no estar, pero si debo explicar algo, será a la Justicia”. Adelantó que en caso de estar en la lista, no renunciará a su banca.

A su vez, la diputada Eliziane Gama, del opositor Partido Popular Socialista (PPS), dirigió un documento a la Fiscalía en el que pide que se informe a la brevedad sobre los acusados.

El senador Aloysio Nunes, del PSDB, opinó que “quien no debe no teme” y el Parlamento debe esperar que se cumpla el trámite legal. (Fuentes: AFP y EFE)

17 de marzo de 2014. La Policía descubre una compleja red de lavado de dinero y evasión de divisas, que habría movido US$ 4.000 millones en una década. La trama en Petrobras todavía no se conoce.

21 de marzo. El ex director de Refinería y Abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa, es detenido y acusado de vínculos con la organización de lavado de dinero.

11 de abril. Petrobras entrega a la Policía Federal documentos requeridos para la investigación.

3 de mayo. El Partido de los Trabajadores (PT) proclama a la presidenta Dilma Rousseff candidata a la reelección. El caso Petrobras estará en la campaña electoral.

6 de septiembre. Costa delata un sistema de corrupción que compromete a varios senadores, diputados y dirigentes del PT y sus aliados.

26 de octubre. Dilma Rousseff logra la reelección. Se compromete a combatir la corrupción “fortaleciendo las instituciopnes de control y modificando la legislación actual para terminar con la impunidad”.

11 de diciembre. La Fiscalía hace la primera acusación contra 35 personas -la mayoría empresarios- por corrupción y asociación criminal al sobrevalorar contratos de Petrobras.

4 de febrero de 2015. La presidenta de Petrobras, Graça Forster, y otros cinco directores renuncian a sus cargos. Dos días después, fue reemplazada por el banquero Aldemir Bendine, cercano al PT.

12 de febrero. Petrobras informó que presentará su balance auditado, a fines de mayo, incluyendo las pérdidas por corrupción.

3 de marzo. El procurador general Rodrigo Janot pide a la Suprema Corte abrir la investigación de 54 personas, incluyendo varios políticos.

Dos figuras del Poder Judicial tienen actuaciones decisivas en el caso de Petrobras. El procurador general de la República, Rodrigo Janot es quien actúa ante la Suprema Corte, investigando autoridades con fueros, que no pueden ser juzgados por la Justicia común. El 3 de marzo pidió ante la máxima instancia judicial la apertura de investigaciones contra 54 políticos para determinar si participaron de la monumental trama de corrupción. Janot fue nombrado en 2013 por la presidenta Dilma Rousseff.

La otra figura es Teori Zavacki, ministro de la Suprema Corte, quien fue elegido mediante un sorteo como el relator del caso Lava Jato y es quien recibe y estudia todas las denuncias y pedidos del procurador, para informar luego al resto de los magistrados, que junto con él deliberarán sobre el caso. Según funcionarios que lo conocen, es un juez detallista que trabaja rigurosamente apegado a la letra. (Fuente: AFP)

Caso de corrupción tiene impacto económico y político