Los negociadores del Gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron la creación de una Comisión de la Verdad, la Convivencia y la No repetición, que será independiente, imparcial y de carácter extrajudicial.

Se trata de un avance en las negociaciones que se desarrollan en La Habana desde hace casi tres años, en la medida en que se trata del primer acuerdo en materia de víctimas que se alcanza después de que se empezara a abordar este punto de la agenda hace un año.

La idea de la creación de una Comisión de la Verdad sobrevolaba los últimos días en Colombia. Una de las incertidumbres era saber el alcance que tendría. Los negociadores, a través de los garantes del proceso, los representantes de Cuba y Noruega, aseguraron que la Comisión sería de carácter extrajudicial. "La información que reciba o produzca la Comisión no podrá ser trasladada a autoridades judiciales para ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades en procesos judiciales o para tener valor probatorio, ni las autoridades judiciales podrán requerírsela", asegura el texto. Precisamente, un día antes, las FARC habían asegurado en un comunicado que no darían "un voto de confianza al sistema judicial colombiano ni a simples promesas sin garantías de sus instituciones corruptas. No hemos venido a La Habana a someternos".

La Comisión de la Verdad funcionará durante tres años y se pondrá en marcha a partir de que se firme la paz. "El acuerdo logrado no puede entenderse ni definitivamente cerrado, ni aislado del sistema que estamos comprometidos a construir y que aún no se ha concluido", puntualiza el texto, divulgado en Cuba en una rueda de prensa conjunta. Ese sistema se refiere a la manera en que se buscará satisfacer los derechos de los cerca de siete millones de víctimas que ha dejado el conflicto en cinco décadas.

La decisión llega en un momento crítico para el proceso, después de que la guerrilla suspendiese el cese del fuego unilateral. "Si bien es un avance, porque destraba las negociaciones, no las acelera hasta el punto de poder abordar aún la terminación del conflicto", opina Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac).

El futuro equipo, que estará financiado por el Gobierno colombiano, lo formarán 11 comisionados que serán elegidos en un máximo de 3 meses, una vez se cierre el periodo de postulaciones, por un comité de 9 personas. El Gobierno y las FARC elegirán a seis de ellas, mientras que las tres restantes serán los delegados de personas u organizaciones que decida la mesa de La Habana. El presidente de la Comisión, que no podrá contar con más de 3 representantes extranjeros, será colombiano.

Los negociadores de La Habana han fijado que la Comisión ha de tener tres objetivos fundamentales. Por un lado, "contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto, de tal forma que se promueva un entendimiento compartido en la sociedad, en especial de los aspectos menos conocidos del conflicto". Además, promueve "el reconocimiento de las víctimas como ciudadanos que vieron sus derechos vulnerados" y la "convivencia en los territorios". "Así se sentarán las bases de la no repetición, la reconciliación y la construcción de una paz estable y duradera", añade el texto, leído por los representantes de Cuba y Noruega.

Ambas partes han querido dejar patente que el éxito de la Comisión "dependerá del compromiso de todos los sectores de la sociedad con el proceso de construcción de verdad, y del reconocimiento de responsabilidades por parte de quienes de manera directa e indirecta participaron en el conflicto", que interpretan como un mensaje a los sectores más críticos con el proceso de paz.

La hija del jefe de la Unidad Nacional de Protección (UNP) de Colombia, que custodia a los colombianos amenazados en el marco del conflicto armado en el país, fue secuestrada en Cúcuta, fronteriza con Venezuela, informaron las autoridades. Daniela Mora, de 11 años, hija del director de la UNP, Diego Mora, fue raptada el jueves al caer la tarde cuando salía de un centro educativo, al parecer luego de que el vehículo blindado en que era llevada a su casa fuera interceptado en confusas circunstancias, indicaron medios locales. El presidente Juan Manuel Santos repudió este viernes lo ocurrido y exigió respeto por la vida de la niña. "El Gobierno está haciendo todo lo que está a su alcance para recuperarla", dijo durante la presentación de un libro en Bogotá.

Las autoridades tienden a creer que se trata de un secuestro con fines extorsivos.

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