Presidente de la Asamblea calificó de “basura” el fallo del tribunal judicial.

El Parlamento venezolano, de amplia mayoría opositora, acusó ayer jueves al presidente Nicolás Maduro de dar "un golpe de Estado", luego de que el máximo tribunal del país, controlado por el chavismo, asumiera las competencias del Legislativo. "En Venezuela Nicolás Maduro dio un golpe de Estado", denunció el presidente de la Asamblea, Julio Borges, quien rasgó ante las cámaras el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), calificándolo de "basura".

Borges instó a la Fuerza Armada a no "seguir callada frente a la ruptura de la Constitución". "Sabemos que la inmensa mayoría de los oficiales (...) están en contra del caos que sucede en Venezuela", sostuvo el diputado, y anunció que la cámara "desconoce" a la corte.

La Sala Constitucional del TSJ, al que la oposición acusa de servir al gobierno de Maduro, asumió las funciones del Parlamento. El pasado martes, el TSJ ya había asestado un golpe a la Asamblea, al retirar la inmunidad de los diputados, lo que abrió la posibilidad de enjuiciarlos incluso ante tribunales militares.

Esa decisión coincidió con una reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para debatir la grave crisis política y económica en Venezuela. Pero la cita culminó sin acuerdos.

Estas medidas constituyen "los últimos golpes con que el régimen subvierte el orden constitucional del país y termina con la democracia", señaló Luis Almagro, secretario general de la OEA en una nota oficial, donde apuntó que "aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado".

Almagro exige convocar a elecciones generales en corto plazo y liberar a un centenar de opositores presos.

Ayer en Caracas la oposición anunció protestas a partir de mañana sábado, mientras un grupo de diputados protagonizó una refriega con militares frente al tribunal.

Los analistas advierten sobre un "autogolpe" o un avance hacia un "modelo autoritario",

"Hemos avanzado lamentablemente hacia un modelo autoritario en la política venezolana", dijo ayer jueves a la AFP el analista Carlos Romero.

El TSJ declaró en desacato al Legislativo en enero de 2016, debido a la juramentación de tres diputados opositores cuya elección fue suspendida por presunto fraude. Tras ello, anuló todas las decisiones del Parlamento y ya había asumido algunas de sus competencias.

Por esa razón Diosdado Cabello, uno de los principales dirigentes del chavismo, defendió la medida del Tribunal Supremo. "No podemos estar con la Asamblea Nacional ausente porque ellos quieran", explicó.

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"Es difícil llamar esta decisión de otra forma que no sea un autogolpe", comentó a la AFP Michael Shifter, el presidente de Diálogo Interamericano, quien comparó el caso con la decisión del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) de disolver el Congreso en 1992.

Una semana antes de la reunión de la OEA en Washington, el bloque opositor aprobó un acuerdo en el que pidió al organismo aplicar la Carta Democrática Interamericana, que prevé sanciones en caso de alteraciones o ruptura del hilo constitucional, lo que Maduro calificó como "traición a la patria", delito castigado con penas de hasta 30 años de cárcel.

La decisión del TSJ es "una bofetada enorme a la OEA" para el politólogo Christopher Sabatini, experto en América Latina de la Columbia University de Nueva York. "¿Cuándo antes se escuchó que una corte suprema diera un golpe?", comentó Sabatini.

La sentencia mediante la cual el TSJ adopta las funciones del Parlamento también tiene trasfondo económico. Se produjo en respuesta a un recurso de interpretación sobre la creación de empresas mixtas en el sector petrolero. Según la Constitución, el gobierno no puede firmar contratos de interés público "sin la aprobación de la Asamblea Nacional". Pero al declarar "omisión legislativa", la corte indicó que no existe "impedimento alguno".

Esta cuestión resulta clave para el gobierno, que busca financiamiento para paliar un déficit fiscal que el Banco Mundial estimó en 11,5% del PIB en 2016.

Maduro también intenta atraer inversión extranjera para los sectores petrolero y minero, y enfrentar así la grave crisis económica, reflejada en escasez de todo tipo de bienes básicos y la inflación más alta del mundo, proyectada en 1.660% por el FMI para 2017.

Las elecciones presidenciales están pautadas para diciembre de 2018, mientras que las regionales debieron realizarse a fines del año pasado, pero el poder electoral las pospuso para 2017 y aún no fija fecha.

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El choque de poderes se da desde enero de 2016, cuando la oposición tomó el control del Legislativo tras 17 años de hegemonía chavista. El TSJ, aliado a Maduro, declaró en desacato a la cámara y ha anulado todas sus decisiones, por haber juramentado a tres diputados acusados de fraude electoral.

La oposición en 2016 impulsó un referendo revocatorio contra Maduro, pero el proceso fue suspendido el 20 de octubre por el poder electoral. Descartado el revocatorio, la oposición ha pedido adelantar las elecciones previstas para diciembre de 2018, lo que Maduro rechaza.

La caída de los precios del petróleo desde 2014 castigó a la economía venezolana, que recibe 96% de sus divisas de la exportación de hidrocarburos. De acuerdo con estimaciones privadas, la economía retrocedió 11,3% en 2016. El agudo desabastecimiento se combina con la inflación más alta del mundo, que el FMI proyecta en 1.660% para 2017.

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