La presentación de un nuevo pedido para la apertura de un juicio con miras a la destitución de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, atizó ayer la crisis política en la que se encuentra inmersa la mayor economía de Latinoamérica.

La calificadora de riesgos Ficht comunicó también ayer la baja de la nota de crédito, y señaló que está en juego la pérdida del grado inversor.

Un grupo de conocidos juristas —entre ellos Helio Bicudo, que fue uno de los fundadores del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) pero está alejado de la formación desde hace años—, presentó en una notaría de San Pablo la nueva acción, que será oficializada hoy en la Cámara de Diputados.

El nuevo pedido se suma a otros dos presentados previamente y que se fundamentan en las maniobras fiscales realizadas por el Ejecutivo en 2014 para maquillar sus balances, pero añade un informe de un fiscal del Tribunal de Cuentas que señala que esas irregularidades también fueron cometidas en los primeros meses de 2015. Con esa nueva acción, los juristas quieren adelantarse a un posible pronunciamiento del Tribunal Supremo tras una acción del PT, la cual argumenta que una "falta administrativa" cometida el año pasado, en el mandato anterior de Rousseff, no puede esgrimirse para juzgar su actual gestión, que comenzó el pasado 1 de enero. Por ello, los juristas incluyeron en el nuevo pedido de juicio político el informe que dice que las maniobras fiscales de 2014 se mantuvieron en los primeros meses de este año.

Miguel Reale, uno de los abogados más reconocidos del país y uno de los firmantes del documento presentado hoy, subrayó que el nuevo pedido supone una "reorganización" de las acciones presentadas anteriormente y demuestra que los "hechos son graves". Hasta ahora, el presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, ha rechazado 11 pedidos para procesar a Rousseff, pues entendió que carecían de las razones jurídicas exigidas por la Constitución, pero los juristas creen que la nueva acción sí las reúne.

"La expectativa es que la nueva acción sea acogida", afirmó Bicudo, quien recibió de manos de un líder de un movimiento civil a favor de la destitución de Rousseff un muñeco inflable con la figura del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, antecesor y mentor político de la mandataria, vestido de preso. La decisión de aceptar o no el pedido para el inicio de un juicio político contra la jefa de Estado está en manos de Cunha, quien a pesar de formar parte del oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), se ha pasado, de manera personal, a las filas de la oposición.

Cunha es investigado por supuestamente haberse beneficiado de la corrupción en la petrolera estatal Petrobras, por lo que un grupo de 49 diputados, 34 de ellos del PT, ha presentado una moción ante el Consejo de Ética del Congreso con el objetivo de despojarlo de su escaño. Según versiones de prensa, Cunha puede hacer negociado con el Gobierno un supuesto intercambio de favores —él rechazaría el pedido de juicio contra Rousseff y el PT le aseguraría su escaño—, pero él mismo negó ayer esas conjeturas en forma tajante.

"Sólo me cabe desmentir (...) No hice acuerdos ni con el gobierno ni con la oposición", resaltó Cunha.

Según una información divulgada ayer por el periódico Folha de Sao Paulo, el comandante del Ejército brasileño habló de una inminente "crisis social" que pondría en riesgo la estabilidad del país.

"Estamos viviendo una situación extremadamente difícil, crítica, una crisis de naturaleza política, económica, ética que (vemos) con mucha preocupación ya que de continuar así podría transformarse en una crisis social con efectos negativos sobre la estabilidad", dijo el general Eduardo Villas Boas, en una videoconferencia dirigida a oficiales reservistas.

El alto mando militar, que fue elegido como comandante en jefe por la propia presidenta a principios de año, aclaró que no ve, en cambio, una crisis institucional. Señaló que las instituciones funcionan perfectamente, como lo demuestran los procesos abiertos contra la propia mandataria. Estos hechos, señaló, "dispensan a la sociedad de ser tutelada. No son necesarios atajos de camino para llegar a un buen término", con lo que aventó toda interpretación golpista de su discurso.

De todos modos las inusuales declaraciones encendieron las alarmas en todo el ámbito político.

La agencia de clasificación de riesgo Fitch rebajó ayer la nota de crédito soberana de Brasil pero mantuvo el grado de inversión en el país aunque con una perspectiva "negativa" que deja la posibilidad para nuevas rebajas en el futuro. La nota pasó de "BBB" para "BBB-", el último escaño dentro del nivel de grado de inversión. "El ambiente político está empeorando el progreso en la agenda legislativa del Gobierno y creando un ciclo negativo para la economía", señaló la agencia, que apuntó al "mal desempeño económico y fiscal".

El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva prestó ayer declaración de manera voluntaria ante la Fiscalía, que le investiga por supuesto tráfico de influencias a favor de una importante constructora después de concluir su mandato. El Ministerio Público Federal de Brasilia abrió en julio una investigación penal contra Lula por haber influido, después de dejar la Presidencia en 2011, para hacer que el banco de fomento del Gobierno favoreciera a la constructora Odebrecht. En su declaración Lula argumentó que "todos los presidentes y exmandatarios del mundo entero defienden a las empresas de sus países en el exterior", según informó mediante un comunicado. Según las investigaciones, hay indicios de que Lula influyó en el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes) para que financiase proyectos de Odebrecht investigada por el escándalo de corrupción en Petrobras.

Juristas presentan pedido de juicio a Dilma Rousseff y suben turbulenciasEFE