Aprueban una ley para acusar a fiscales y jueces de abusos de autoridad.

Guerra de poderes en el Estado. Así puede definirse la situación que estalló esta semana en Brasil, cuando la Cámara de Diputados le dio media sanción a un proyecto de ley que permite acusar a jueces y fiscales de abuso de autoridad. Los fiscales reaccionaron de inmediato y amenazaron con renunciar y dejar acéfala la investigación por el caso Lava Jato, el mayor escándalo de corrupción en Brasil que hunde en un mar de sospechas a la estatal Petrobras y a prácticamente toda la clase política del país, se sienten a la derecha o a la izquierda.

Irónicamente, el proyecto de ley que obtuvo media sanción surgió de una iniciativa de los propios fiscales y contó con el respaldo de más de dos millones de firmas.

Pero los legisladores alteraron drásticamente su contenido y agregaron una enmienda que permite acusar a procuradores y jueces de "abuso de autoridad".

El proyecto se aprobó por 450 votos a favor y 1 en contra.

Este abrumador respaldo refleja la preocupación de la clase política por un acuerdo con Odebrecht, por el cual ejecutivos del mayor conglomerado constructor del país informarían a la Justicia sobre sobornos pagados a unos 200 políticos en los últimos años.

La votación se dio en la madrugada del miércoles mientras Brasil llora la muerte de los jugadores del club de fútbol Chapecoense (ver página A/5).

"En la oscuridad de la noche sacaron ventaja de un momento de duelo nacional y conmoción para alterar las propuestas", lamentó Deltan Dallagnol, jefe del equipo de investigadores que examina la trama de sobornos políticos en Petrobras.

El máximo fiscal de Brasil, Rodrigo Janot, dijo en un comunicado que los cambios buscan claramente "intimidar y debilitar" la autoridad de los fiscales y el Poder Judicial.

Para los fiscales, ese proyecto representa "el comienzo del fin" del Lava Jato.

"Nuestra propuesta es la de renunciar colectivamente en caso de que la ley sea sancionada por el presidente" Michel Temer, dijo el fiscal Carlos dos Santos Lima en una conferencia de prensa en Curitiba.

Los fiscales consideraron que se trata de una "ley de intimidación", elaborada por un cuerpo que tiene entre sus miembros a decenas de sospechosos de corrupción y muchos de ellos bajo el foco de la Operación Lava Jato.

Tras estas declaraciones y en una maniobra confusa, un grupo de senadores presentó un recurso para acelerar el trámite de la ley en la Cámara Alta y poder votarla de inmediato en el plenario, sin que fuera analizada por una comisión. Pero la polémica propuesta fue rechazada.

"El Congreso jamás utilizará cualquier medida que sea reconocida por parte de la población como una venganza en respuesta a las acciones de combate a la corrupción", argumentó el senador Ronaldo Caiado (DEM, derecha) al defender que la ley se tramite con los plazos normales.

La presidenta del Supremo Tribunal Federal (STF), Carmen Lucia, y el procurador de la República, Rodrigo Janot, se sumaron al reclamo de lo que ya es una batalla pública entre poderes.

Pero para Thiago Bottino, profesor de Derecho Penal en la Fundación Getulio Vargas, la renuncia de los fiscales "es una amenaza difícil de ser cumplida. El Ministerio Público es una institución independiente de la persona (...). Esta reacción emocional no es la mejor forma de convencer a los diputados de que la ley no debería ser aprobada", dijo a la AFP.

El juez federal Sergio Moro, devenido en emblema de la lucha contra la corrupción por su actuación en el caso Petrobras y sus investigaciones al expresidente Lula Da Silva, tildó de "enmiendas trasnochadas" la propuesta de los diputados que abre la puerta para acusar a miembros del Poder Judicial. En una audiencia con una comisión del Senado, Moro propuso una salida al choque de poderes: "salvaguardas" que amparen a jueces y fiscales.

Un cacerolazo de protesta contra la corrupción y respaldo a las investigaciones judiciales se realizó en Brasil poco después de que los fiscales amenazaron renunciar a las investigaciones por el "Petrolao" si el presidente Michel Temer promulga una ley que protege a los políticos que están en la mira del Poder Judicial. La promulgación de esa ley significaría "herida de muerte" del Estado de Derecho y el fin de la lucha contra la corrupción, dijeron los magistrados. Hubo protestas contra la corrupción en San Pablo y Río de Janeiro en la noche del miércoles cuando fue ratificada la convocatoria a una marcha para el próximo domingo.

El presidente del Senado de Brasil, Renan Calheiros, un aliado del presidente Michel Temer, será juzgado por malversación de fondos públicos ante el Supremo Tribunal Federal (STF). Calheiros es el tercer hombre fuerte del gobierno.

El político enfrenta una docena de investigaciones, varias de ellas ligadas a la red de sobornos de la petrolera estatal Petrobras.

El caso que juzgará el STF se basa en una investigación de la Fiscalía general sobre el origen de los recursos utilizados por Calheiros para pagar una pensión a la periodista Mónica Veloso, con la que tuvo una hija.

El STF rechazó otros dos cargos presentados por la Fiscalía: falsedad ideológica y uso de documentación apócrifa.

Según una acusación ante el Consejo de Ética del Senado en 2007, citada por la Fiscalía, entre 2004 y 2006 un intermediario de la constructora Mendes Júnior "supuestamente hacía pagos de 16.500 reales" (unos 7.800 dólares, al cambio de 2006), para alquileres y alimentos de la mujer y la niña. En medio del escándalo, que incluyó un desnudo de la periodista en la revista Playboy, Calheiros aseguró que los recursos provenían de fondos propios de su actividad rural.

CORRUPCIÓN A LA BRASILEÑA