La oposición venezolana intenta eludir varios obstáculos para destituir a Nicolás Maduro.

La oposición venezolana comenzará hoy a validar las firmas para activar un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, bajo la amenaza de una demanda de fraude que podría echar a pique su plan.

El proceso abre otra semana más de tensión en la ya larga crisis política en Venezuela, agravada en los últimos días por una ola de protestas y saqueos ante la escasez de alimentos, que dejó cinco muertos y centenares de heridos.

Los adversarios de Maduro, reunidos en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), temen que el Consejo Nacional Electoral (CNE) —al que acusan de ser servil al gobierno— trabe la ratificación de los 1,3 millones de firmas admitidas.

El sábado, Vicente Bello, delegado opositor ante el CNE, dijo que el organismo negó un pedido para que "duplicasen la cantidad de máquinas y ampliasen" los puntos de validación de firmas en los municipios donde más se reunieron rúbricas.

Quienes respaldaron con su rúbrica la convocatoria de un referendo contra Maduro deberán ir ahora a una de las 300 máquinas de registro de huellas instaladas por el CNE hasta el viernes, según el plazo fijado por las autoridades, con el fin de validar su apoyo.

La oposición calcula que logrará por lo menos legalizar unas 600.000 firmas, casi la mitad de las certificadas, pero suficientes para seguir con el proceso que desencadenaría la prueba de fuego contra Nicolás Maduro.

Una vez que se supere esta primera etapa, la oposición deberá recaudar cuatro millones de firmas para que se convoque la consulta popular.

La MUD busca que el revocatorio se lleve a cabo antes del 11 de enero de 2017, porque si logra imponerse en las urnas habrá elecciones anticipadas.

Pero si se hace después de esa fecha, y siempre que Maduro pierda, el mandatario designará al encargado de concluir su mandato hasta 2019.

Una lucha de poderes que se enmarca en la severa crisis económica que asfixia a una nación con las mayores reservas de petróleo del planeta, y que se traduce en una elevada inflación y desabastecimiento.

Al mismo tiempo que se esfuerza por validar los apoyos del revocatorio, la oposición enfrenta una amenaza mayor: una demanda de fraude que podría sepultar la iniciativa contra Maduro.

El chavismo presentó hace una semana un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), apoyado en la descalificación de 600.000 firmas por parte de la autoridad electoral.

La MUD recolectó en total 1,8 millones de rúbricas, pero el CNE solo admitió 1,3 millones y desechó el resto aduciendo irregularidades.

La demanda, en caso de ser aceptada, evitaría un "fraude brutal", dijo el viernes Jorge Rodríguez, delegado de Maduro para monitorear el proceso electoral en su contra.

Para el líder opositor Henrique Capriles, una decisión del TSJ a favor del oficialismo "significaría echarle gasolina al fuego" y "aumentar la conflictividad en el país".

Ante el escenario de una posible anulación del proceso del referendo revocatorio, la oposición podría tomar de nuevo las calles para "forzar un acuerdo con el chavismo" bajo presión internacional, dijo el politólogo Héctor Briceño.

La mayoría opositora en el Parlamento también afronta una demanda por "usurpación de funciones" presentada por Maduro, quien pidió un "juicio público" que podría atentar contra la legitimidad del Legislativo.

Entre tanto, Maduro se la juega por lograr un acercamiento con sus adversarios con la ayuda internacional como nexo.

La gestión la llevan a cabo los exmandatarios José Luis Rodríguez Zapatero (España), Leonel Fernández (República Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá), a instancias de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

La oposición ha supeditado las reuniones con los mediadores al avance del proceso revocatorio, pero el oficialismo insiste en que será imposible celebrarlo antes de 2017.

A raíz de ello, el mandatario venezolano acusó a la oposición de sabotear el acercamiento entre las partes.

Para los ciudadanos venezolanos, el diálogo es la vía más "conveniente" para superar la crisis económica del país. Al menos así lo consideran el 74% de los venezolanos, según un sondeo difundido ayer por la firma Hinterlaces.

Según Hinterlaces, "82% de los venezolanos está de acuerdo con una mediación internacional que promueva el diálogo", mientras que "15% estaría en desacuerdo", y 3% no sabe o no contesta.

La figura que goza de mayor respaldo es el papa Francisco, cuya mediación es apoyada por "89% de los venezolanos", en contraste con 9% que estaría "en desacuerdo".

Hinterlaces añadió que "67% de los venezolanos está en desacuerdo con que haya una intervención internacional en Venezuela para sacar al presidente Nicolás Maduro del poder, mientras que 26% está de acuerdo, y 7% no sabe o no contestó". Una intervención militar es rechazada por el 84%.

TENSIÓN EN PUERTAAFP, EFE