La policía brasileña desarticuló hoy una red acusada de haber desviado cerca de 100 millones de reales (unos 31,2 millones de dólares) de la estatal Caixa Económica Federal.
Un nuevo escándalo de corrupción estalló hoy en Brasil con una estafa millonaria en la Caixa Económica Federal, el segundo mayor banco público, justamente al cumplirse un año de la investigación del caso Petrobras, eje de la crisis política del segundo mandato de la presidenta Dilma Rousseff.
La policía brasileña desarticuló este martes una red acusada de haber desviado cerca de 100 millones de reales (unos 31,2 millones de dólares) de la estatal Caixa Económica Federal, lo que aumentó la presión sobre el gobierno en el combate a la corrupción.
La operación para desmontar la red enquistada en la entidad coincide con el primer aniversario de la bautizada como operación Lava Jato, la cual desenmascara desde hace un año la compleja red delictiva instaurada en la petrolera de la que formaban parte empresas de la construcción, ejecutivos y políticos.
La corrupción ha golpeado fuertemente la popularidad de la mandataria, que se encuentra en su nivel más bajo desde que asumió el poder en 2011, y también fue el principal motivo de las protestas que el domingo llevaron a las calles a cerca de dos millones de personas en todo el país, de acuerdo con una encuesta del diario Folha de Sao Paulo.
De acuerdo con el sondeo del Instituto Datafolha, después de la corrupción, el segundo motivo para protestar en la manifestación de Sao Paulo, la más masiva, fue con un 27 % la destitución de la presidenta, quien asumió su segundo mandato el pasado 1 de enero.
En medio de este escenario, Rousseff prometió el lunes un paquete de medidas para intensificar el combate a este tipo de delito, aunque insistió que su Gobierno ha sido el que más ha enfrentado esta lacra en los últimos años.
Once personas han sido condenadas y otras 82 son juzgadas en el marco de la investigación por la corrupción en Petrobras, mientras que la Corte Suprema autorizó a investigar a 50 políticos con fuero privilegiado, entre los que se encuentran los dos jefes del legislativo y cinco exministro de la presidenta.
El escándalo ha puesto en jaque al sistema político brasileño y ha generado una fragmentación en el Congreso brasileño que podría dificultar la aprobación del ajuste fiscal propuesto por el Gobierno para equilibrar las maltrechas cuentas públicas.
El nivel de alerta del Gobierno se ha acentuado todavía más este martes después de que la policía descubriera un millonario desvío de dinero en la Caixa Económica Federal, otra de las importantes estatales brasileñas.
El juez responsable por la investigación ordenó 34 mandatos de conducción coercitiva para permitir que los acusados sean trasladados y sometidos a interrogatorios en comisarías, así como 10 mandatos de separación de funcionarios públicos de sus funciones.
Los responsables por la operación también cumplieron 20 órdenes de decomiso de vehículos y 31 mandatos de allanamiento y de bloqueos de cuentas corrientes en los estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro y Sao Paulo.
Según la Policía Federal, con la complicidad de gerentes y funcionarios de la Caixa Económica Federal y presentando documentos falsos, la banda conseguía obtener en tiempo récord préstamos por hasta un millón de reales (unos 312.500 dólares) para adquirir viviendas que costaban menos de la décima parte de ese valor o no existían.
Los fraudes estaban concentrados en tres agencias del banco público y facilitaban los préstamos para viviendas en un área turística con conocidos balnearios en el estado de Río de Janeiro conocida como Región de los Lagos.
El pasado año, durante una Comisión de Investigación Parlamentaria en el Congreso, el detenido Paulo Roberto Costa, exdirector de Abastecimiento de Petrobras, afirmó que el pago de sobornos es un hecho común en Brasil y no exclusivo de la compañía de petróleo.
"Lo que pasó en Petrobras pasa en todo Brasil. En las carreteras, los ferrocarriles, los puertos, aeropuertos, las hidroeléctricas, eso ocurre en todo Brasil. Es sólo averiguar", señaló en la ocasión Costa, quien tiene un acuerdo con la Justicia de delación a cambio de reducción de pena.
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