Fiscal presentó la denuncia al Supremo Tribunal Federal y el Congreso decide si autoriza el juicio al presidente.

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La crisis política que estremece a Brasil desde hace meses tuvo un nuevo giro, debido a que la Fiscalía denunció al presidente Michel Temer, por corrupción pasiva, cargo que solo será aceptado después de un análisis del Supremo Tribunal Federal y con el aval de la Cámara de Representantes.

El primer análisis de la denuncia será hecho por el juez Edson Fachin, instructor del caso en la Corte Suprema, quien decidirá luego si la remite a la Cámara de Representantes, que tendrá la última palabra sobre el asunto por normas constitucionales, según las cuales Temer será suspendido de sus funciones por 180 días si fuera aceptada.

Es la primera vez que un mandatario brasileño en pleno ejercicio del poder es acusado formalmente de haber cometido delitos de tipo penal, como es el caso.

En medios políticos y jurídicos esta denuncia se daba como un hecho, sobre todo porque el fiscal general, Rodrigo Janot, adelantó la semana pasada su convicción de que Temer "recibió ventajas ilícitas" del grupo empresarial JBS, que supuestamente negociaba su antiguo asesor Rodrigo Rocha Loures, hoy en prisión por ese mismo asunto.

El mismo convencimiento ha mostrado la Policía Federal, a cargo de las investigaciones y que en un informe preliminar entregado la semana pasada al Supremo sostuvo que existen "serios indicios" de que el mandatario incurrió "con vigor" en prácticas corruptas.

En otro informe entregado ayer lunes, la Policía Federal concluyó que Temer también intentó "obstaculizar investigaciones" y "dejó de comunicar a las autoridades" sobre maniobras corruptas de las que tuvo conocimiento, lo que pudiera generar una segunda denuncia.

Las sospechas se desprenden de confesiones hechas por directivos del grupo JBS, quienes han declarado que sobornan al mandatario desde 2010 y además han entregado a la justicia unas grabaciones que comprometen al gobernante.

En esos audios, Temer escucha en silencio y hasta consiente unas maniobras irregulares que el dueño de JBS, Joesley Batista, dice que realiza en favor de su grupo tanto con autoridades del Gobierno como con representantes del poder judicial.

También se escucha a Batista insinuar que paga al expresidente de la Cámara de Representantes, Eduardo Cunha —ahora, preso por corrupción— gruesas cantidades de dinero mensuales a cambio de que no coopere con las investigaciones, frente a lo cual Temer dice: "Tienes que mantener eso, viste".

Esas grabaciones fueron hechas por Batista durante una visita que hizo a Temer en marzo pasado, por lo que la sospecha que se teje en torno al mandatario se refiere a hechos ocurridos en el ejercicio de su mandato, algo que la Constitución impone como requisito para que un gobernante pueda ser objeto de un proceso penal.

La Policía Federal indicó, después de realizar las pericias, que el audio no fue objeto de ninguna edición, contrariamente a lo que sostiene el presidente Temer, y es un indicio de que el mandatario pudo incurrir en supuestos delitos de obstrucción a la Justicia, en conjunto con lo que pudiera ser definido como una "asociación ilícita".

En caso de que el juez Fachin considere procedente la denuncia, la decisión final será tomada por la Cámara de Diputados, que la analizará primero en la Comisión de Constitución y Justicia —puede realizar hasta quince sesiones para considerar el caso— y luego en el pleno del órgano legislativo.

El presidente de la cámara, Rodrigo Maia, indicó que no bien reciba la denuncia la pasará de inmediato a consideración de la comisión.

Si la comisión la aprueba, pasa al plenario de la Cámara de Representantes, donde se requiere que los diputados avalen la denuncia con una mayoría de dos tercios del pleno. Temer sería suspendido de sus funciones durante un plazo de 180 días y su vacante sería cubierta en forma interina por Maia.

Si fuera finalmente condenado, en un plazo de treinta días Maia debería convocar a las dos cámaras legislativas para elegir en forma indirecta a quien completaría el período presidencial, que en este caso concluye el 1 de enero de 2019.

Sin embargo, todo eso quedaría en nada si los diputados rechazan la denuncia, pues eso obligaría al Supremo Tribunal Federal a archivar el caso y el presidente continuaría en el poder.

Las reformas que impulsa Temer en materia laboral y de seguridad social, quedan en duda a raíz de la acusación.

Temer accedió a la presidencia de Brasil, después de que la presidenta Dilma Rousseff resultó destituida por el Parlamento como resultado de un juicio político originado en la acusación de que maquilló las cuentas públicas para tener una mejor imagen.

Brasil ha vivido tiempos de incertidumbre desde ese momento, los que se vieron agravados por la situación económica adversa.

El empresario Joesley Batista (en la foto al salir, el viernes, de la sede de la Policía Federal, en Brasilia) hizo la grabación que compromete al presidente Michel Temer y luego acusó al gobernante, ante las autoridades policiales, de encabezar la mayor mafia en Brasil.

El presidente Michel Temer está convencido que cuenta con los 172 votos necesarios para frenar una resolución de la Cámara de Representantes que lo dejaría suspendido en sus funciones y habilitaría las actuaciones del Supremo Tribunal Federal.

La Cámara de Representantes tiene 513 miembros y se requieren los votos de 342 legisladores equivalentes a dos tercios del cuerpo para avalar la denuncia por corrupción pasiva.

Temer dice tener 172 votos a su favor, lo que de confirmarse significa que habría 341 en favor de avalar la denuncia, un voto menos de los establecidos por la Constitución como requisito.

Anoche, el presidente se reunió con sus abogados, así como con jerarcas del gobierno para analizar las perspectivas del caso y definir la estrategia que seguirán ante el caso. (Fuente: O Globo-GDA)

INTERACTIVOEFE