Jefe de la bancada oficialista en el Senado le retiró el apoyo.

A Michel Temer las cosas se le siguen complicando por los escándalos de corrupción. El presidente brasileño perdió ayer martes parte de su fuerza política cuando por primera vez desde sus propias filas se le sugirió la renuncia.

"No diría que estoy a favor de una renuncia", pero es "necesario hallar una salida" a la crisis y "la que interesaría más hoy sería una elección en el Congreso" para designar un "nuevo presidente" lo "más rápidamente posible", dijo Renán Calheiros, jefe de la bancada del oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) en el Senado.

Nadie del partido que lidera Temer se había pronunciado hasta ahora en una forma tan contundente, lo que sugiere que las grietas crecen entre los propios aliados del presidente.

Según dijo Calheiros a Radio Gaúcha, sería "fundamental que el presidente comprenda su papel en la historia, converse y se disponga a facilitar el proceso de la forma más viable". Apuntó que "no hay cómo administrar este escenario", pues "las cosas están muy difíciles y más tarde o más temprano se llegará a un final", en alusión a una posible caída de Temer por las acusaciones que pesan en su contra ante la Corte Suprema de Justicia.

Temer quedó en la cuerda floja cuando se reveló la semana pasada una grabación en la que aparece avalando un soborno al exdiputado Eduardo Cunha. Esa grabación fue hecha por el empresario Joesley Batista, dueño del grupo cárnico JBS.

Temer ha descalificado todas las acusaciones y ha dicho, en dos mensajes dirigidos al país desde el pasado jueves y una entrevista con Folha, que no renunciará al cargo que ocupa desde mayo de 2016, cuando comenzó el proceso que acabó con la destitución de la exmandataria Dilma Rousseff.

Como si no bastase con sus propios problemas, Temer debió atender ayer otro frente de conflicto causado por la detención de uno de sus asesores más próximos, Tadeu Filippelli, implicado en la negocios turbios con la construcción del estadio de fútbol de Brasilia. El presidente destituyó al asesor de una forma casi sumaria.

Filippelli está acusado de integrar una red delictiva que sobrefacturó casi 900 millones de reales (unos 380 millones de dólares al cambio promedio de 2014) durante la construcción del Mané Garrincha, el estadio más caro de la Copa del Mundo 2014, presupuestado en 600 millones de reales pero con un costo final de 1.500 millones, indicó la policía federal. Por este mismo caso ayer también fueron detenidos los exgobernadores José Arruda y Agnelo Queiroz.

En medio de ese clima adverso, los sindicatos reforzaron la convocatoria para una gran manifestación hoy miércoles en Brasilia, que inicialmente solo era contra las reformas que impulsa el gobierno y ahora se amplía con la consigna "Fuera Temer".

El propósito "es reforzar la lucha por la salida de Michel Temer, por elecciones generales y directas", sostuvo un comunicado de la Central Única de Trabajadores, la mayor organización obrera del país y vinculada al opositor PT.

Lo que ha sido calificado como "ocupación de Brasilia" pretende movilizar a 100.000 trabajadores, con réplicas en las principales ciudades.

El escándalo de corrupción que dejó al borde del abismo al presidente Temer amenaza con enfriar la lenta salida de la recesión de Brasil y con paralizar las reformas en el Congreso, apuntan analistas. "La economía se resentirá mucho con la actual situación de crisis. Temo un tercer año consecutivo de recesión", dijo Gesner Oliveira, profesor de economía de la Fundación Getulio Vargas y socio de la consultora GO Associados.

Haciendo eco a las premoniciones pesimistas, la calificadora Standard and Poors señaló ayer que podría rebajar la nota de Brasil, debido "a la creciente incertidumbre política".

La corte suprema brasileña despojó ayer martes al diputado Paulo Maluf, aliado del presidente Michel Temer, de su mandato legislativo y lo condenó a casi ocho años de prisión por lavado de dinero.

"El Supremo Tribunal Federal condenó al diputado federal Paulo Maluf, por el crimen de lavado de dinero, a siete años, nueve meses y 10 días de reclusión en régimen inicial cerrado", informó la corte.

En un nuevo capítulo de la saga de corrupción que golpea al país, la corte le prohibió además ejercer cargos públicos.

Según expertos judiciales, Maluf, de 85 años, podría cumplir la sentencia en prisión domiciliaria. El ahora exdiputado fue acusado por la fiscalía de blanquear "dinero desviado de obras públicas y enviarlo al extranjero a través de operadores del mercado ilegal de cambio".

El caso contra Maluf, del Partido Progresista (PP), remite a un esquema de sobornos iniciado en los años 90 en San Pablo, donde fue gobernador. Y según la fiscalía, continuó participando activamente "en los años siguientes".

De acuerdo con el expediente, Maluf ocultó y disimuló el origen de esos recursos mediante un esquema de cuentas en Suiza, Inglaterra y las Islas Vírgenes.

El juez Edson Fachin, a cargo de tramitar el caso, determinó que parte de los delitos de lavado cometidos entre 1998 y 2006 no habían prescripto y votó en favor de condenarlo. El resto de los magistrados acompañó su posición.

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