Hay largas colas para cambiar los devaluados billetes de 100 bolívares.

Venezuela quedó encerrada en su propia crisis. Ayer miles de personas se aglomeraron a las puertas de los bancos, en el primer día de las 72 horas que el presidente Nicolás Maduro dio para el canje de billetes de 100 bolívares, el de mayor denominación hasta ahora en el país. Además, la frontera con Colombia está cerrada y nadie puede salir o entrar.

Los venezolanos están acostumbrados a hacer largas filas para comprar alimentos y medicinas. Pero esta vez el malestar y la zozobra eran el denominador. Muchos acudieron a las agencias bancarias con bolsos, maletines y hasta cajas repletas con fajos de billetes de 100 bolívares, cada uno equivalente a apenas 0,15 dólares al cambio oficial y 0,025 dólares a la tasa paralela.

"Me parece una injusticia y la medida más fatal de este gobierno en Navidad. Ningún comercio quiere ya aceptarlos", se quejó Manuel Pinto, un odontólogo de 45 años a las afueras de una entidad financiera.

Los billetes de 100 bolívares representan más del 60% del dinero efectivo que circula en el país y serán reemplazados según el Banco Central de Venezuela (BCV) por el nuevo cono monetario que entrará en circulación de manera progresiva a partir de mañana jueves 15.

De acuerdo con las autoridades financieras, serán seis nuevos billetes con denominación de Bs. 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 y 20.000 y tres monedas de bs. 100, 50 y 10.

Para Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas, detrás de la decisión del gobierno hay algo peor que es el problema de la inflación y la escasez que no se van a detener con esta medida. "El gobierno está errando de nuevo la política económica y está colocando al sector de comercio en una crisis que se suma a la inflación, a la escasez de divisas, a los controles artificiales y al irrespeto de los derechos de propiedad", expresó.

A su juicio es imposible lograr la meta de sacar de circulación los billetes en tres días.

"Esto solo genera en el pueblo y sobre todo en los empresarios angustia, porque de nuevo hay una ola de confiscación y de arrebato de los inventarios a los comercios", afirmó.

Maduro desplegó toda su retórica conspirativa para justificar esta medida. Se presentó como una víctima de mafias colombianas apoyadas por la oposición venezolana reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), a lo que sumó "mafias internacionales a través de una ONG contratada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos". Todos estos factores supuestamente han conducido a "una operación de ataque para dejar a Venezuela sin billetes".

Los cuerpos de seguridad del Estado junto a las autoridades financieras se desplegaron para garantizar la seguridad durante el canje de billetes y además para inspeccionar las bóvedas de los bancos públicos y privados. "Estamos haciendo una supervisión y constatando el dinero que se encuentra en estas bóvedas, si coincide con el reporte del efectivo que hay allí", dijo el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico.

El comisario explicó que este es un operativo especial ordenado por Maduro en el que participan, además del Cicpc, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (Policía militarizada), la Superintendencia de Bancos (Sudeban) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

En la frontera con Colombia, que está cerrada por 72 horas, el despliegue militar, según el Ministerio de la Defensa, permitió la "retención de Bs. 104 millones y 117 personas detenidas a orden del Ministerio Público". El ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, informó que desplegaron más de 58.000 funcionarios de la Policía y de la Fuerza Armada en 3.504 "entidades financieras" en todo el país para implementar un sistema de "seguridad nacional ciudadana" durante los días en los que se depositarán los billetes de 100 bolívares.

Ayer Maduro dijo que aspira a conversar muy pronto con su par colombiano Juan Manuel Santos. Pero no fue necesaria una reunión para conocer la posición de Santos. Colombia le pidió a Venezuela respeto y garantías hacia los comerciantes y residentes de las zonas fronterizas que tiene en su poder billetes de 100 bolívares.

Colombia sostuvo que la medida de Maduro afecta "a las personas que, de buena fe, comercializaron legalmente los productos de primera necesidad en bolívares y ahora, al no poderlos cambiar, perdieron todo su valor", dijo Cancillería. En base a ANSA, REUTERS, EFE

Cuatro opositores presos fueron liberados en la madrugada del martes en Venezuela, ninguno de alto perfil, confirmó Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Se trata de Gilberto Sojo, parlamentario suplente; Vladimir Araque, ingeniero electrónico; Romer Mena, militar retirado; y Leopoldo DAlta, exdirector de la Alcaldía Metropolitana de Caracas. Apresados entre 2014 y 2015, los cuatro estaban recluidos en la sede del servicio de inteligencia (Sebin) en Caracas y fueron sometidos a exámenes médicos previos a la excarcelación.

Sojo, Araque y Mena habían sido acusados de conspirar contra el gobierno de Nicolás Maduro y participar en hechos violentos durante manifestaciones, entre otros delitos. DAlta estaba imputado por lavado de dinero.

Los opositores presos más emblemáticos son Leopoldo López y Antonio Ledezma.

El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, reanudó ayer martes el debate sobre la responsabilidad política del presidente Nicolás Maduro en la aguda crisis del país, una medida que busca declararle en "abandono del cargo".

"Retomamos el juicio político que debe terminar declarando la responsabilidad política del presidente Maduro en la crisis del país. Es justo, es necesario, Maduro es el responsable directo", dijo el diputado Juan Pablo Guanipa. El parlamentario aseguró que una vez declarada la responsabilidad política, el Legislativo continuará la revisión de los mecanismos constitucionales "que permitan, en el menor plazo posible, que Maduro, por una decisión constitucional, una decisión democrática, salga definitivamente de la Presidencia".

La bancada oficialista se retiró del hemiciclo al considerar la sesión como "un golpe de Estado".

Pero la salida de Maduro del cargo mediante este proceso no parece viable. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) prohibió en noviembre a la Asamblea Nacional seguir esa discusión, considerando que el "juicio político" (impeachment) no está contemplado en la Constitución.

Ese tribunal consideró además que el Parlamento está en "desacato" por haber juramentado a tres diputados cuya elección fue suspendida. AFP

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