Se conoció el resultado del informe de la Comisión Multipartidaria sobre la viabilidad de la energía nuclear en Uruguay. Tras seis años de trabajo la conclusión ha sido que esta fuente de energía no resulta económicamente viable hasta 2045.

Se conoció el resultado del informe de la Comisión Multipartidaria sobre la viabilidad de la energía nuclear en Uruguay. Tras seis años de trabajo la conclusión ha sido que esta fuente de energía no resulta económicamente viable hasta 2045.

Aunque el marco legal uruguayo prohíbe el uso de energía nuclear para la generación de electricidad en todo el territorio nacional (art. 27 de la ley 16.832 de 17 de junio de 1997), desde hace tiempo esta posibilidad cuenta con impulsores locales que defienden su ecuación económica, la supuesta independencia que nos brindaría en materia de importación de combustibles -aunque no producimos uranio, ni contamos con la tecnología para la producción y la gestión de sus residuos- además de la seguridad total contra siniestros de las plantas nucleares modernas, que se pregona.

Había que dar el primer paso y se dio. Era importante estudiar la viabilidad y factibilidad de la introducción de esta opción energética a la matriz nacional, sin apuros y con la mayor objetividad posible.

El terrible accidente ocurrido en la central nuclear de Fukushima en marzo de 2011 significó un golpe letal para la industria, porque demostró que hasta en el país más serio, organizado, rico y tecnológicamente avanzado, puede ocurrir un evento de magnitud catastrófica. Las seguridades de que es casi imposible la ocurrencia de un accidente serio en una planta nuclear quedaron hechas trizas, y con ello uno de los principales argumentos de los impulsores de la industria atómica en todo el mundo.

El paso del tiempo comenzaba a cerrar las profundas heridas en la opinión pública provocadas por lo ocurrido en Chernobil (1986) cuando sobrevino lo de Fukushima que sin duda sacudió al mundo. Las pérdidas humanas, ambientales y económicas fueron de tal magnitud que el tema quedó laudado de un plumazo, para casi todos.

Aunque la conclusión de la comisión multipartidaria se basa en los aspectos económicos -siempre prácticos y concluyentes- es evidente que la opción de producir electricidad a partir de materiales radiactivos en Uruguay encierra aspectos ambientales más importantes que su rentabilidad.

Es bien conocido el extremo peligro que significa la contaminación del ambiente provocada por estos materiales. De hecho no es necesario que ocurra un accidente de magnitud para exponernos a ella. Una vez que un país le abre las puertas a esta opción queda prisionero del problema.

El primero y más evidente es qué hacer con los residuos atómicos que inevitablemente produce esta industria. Su gestión es problemática por donde se la mire. Su manipulación y disposición final siguen siendo un dolor de cabeza para todas las naciones que optaron por esta fuente energética, debido a que su letal peligrosidad para la vida en general, se mantiene durante cientos o miles de años.

Es comprensible aceptar que la justificación de su uso se sustente en la extrema necesidad.

Si un país no tiene otras opciones puede correr todos los riesgos y costes que ello implica. No es el caso uruguayo. Estamos lejos de esa situación y tranquiliza conocer las categóricas conclusiones de esta comisión que cuenta con amplio apoyo político.