Dos noticias han acaparado la atención del comentario económico, el nuevo dato de crecimiento del PIB en el tercer trimestre y los anuncios de aumento de las tarifas públicas a partir de enero.

Dos noticias han acaparado la atención del comentario económico, el nuevo dato de crecimiento del PIB en el tercer trimestre y los anuncios de aumento de las tarifas públicas a partir de enero.

Una de cal y una de arena; la primera fue una buena noticia, dado el contexto, y la segunda, como todo aumento de las cuentas a pagar, una mala noticia, pero ambas deben considerarse en un marco más amplio y dinámico, y no simplemente en su efecto puntual y noticioso.

El crecimiento de 2% del PIB en el tercer trimestre de 2016 respecto al mismo período del año anterior y de 1,1% respecto al trimestre anterior confirma que la economía uruguaya este año crecerá a una tasa baja pero evitando la recesión. Confirma también que ya quedó a atrás la etapa de crecimiento exuberante de la década 2004-2014 y que entramos desde 2015 en una etapa más parecida al estancamiento que al crecimiento, ya que este año se repetiría un crecimiento anémico en el entorno del 1%.

La otra noticia fue el ajuste de las tarifas de las empresas públicas, justificadas como un incremento en línea con la inflación. Este argumento es un tanto pobre, ya que cabría preguntarse por qué se tiene que relacionar el aumento de UTE, OSE, Ancap o Antel con el aumento del índice general de precios y no con cualquier otra variable. De hecho, si se analiza la evolución de las tarifas de Antel, verbigracia, en los últimos seis años se observa una caída de aproximadamente el 50% en términos reales, vale decir, no vinculada a la inflación.

Detrás de la discusión sobre el incremento de las tarifas públicas subyacen otros dos temas. Uno es el problema fiscal que debemos resolver; el otro es el rol de las empresas públicas. Respecto a este último asunto es evidente que le estamos pidiendo a las empresas del Estado más de lo que pueden dar. Es imposible al mismo tiempo que sean eficientes, bajen tarifas y sirvan de sostén fiscal. El debate sobre su “gobernanza” y objetivos debe volver a estar en el tapete, empezando por desterrar a los directores nombrados como cargo consuelo de manifiesta inutilidad para la tarea.

El segundo asunto relevante, en especial sobre la discusión de si existe o no “tarifazo”, es comprender que no existe una sola medida de ajuste fiscal, sino que se viene desplegando desde el año pasado un “ajuste fiscal dinámico” que conlleva una serie de medidas con el fin de mejorar las cuentas públicas. Ya en el Presupuesto existían disposiciones de ajuste fiscal, complementadas por los cambios en el IRAE de diciembre pasado, los aumentos tributarios de la Rendición de Cuentas del presente año y los aumento de tarifas del año anterior y el actual.

Este ajuste fiscal dinámico está justificado a la luz del abultado déficit fiscal y de la evolución del endeudamiento público que se acerca peligrosamente al 70% del PIB, según las propias estimaciones oficiales. Por lo tanto, no debe asombrar a nadie el aumento de las tarifas públicas, era una de las medidas de cajón de fácil instrumentación que le quedaba por jugar al gobierno. Pero también debe tenerse en cuenta que esta película no terminó y tendrá nuevos escenas en 2017.

El desmesurado incremento del gasto público de los años anteriores y el consecuente desmanejo fiscal lo seguiremos pagando por un buen tiempo.