El paquete de medidas anunciado esta semana por el ministro de Economía vino de la mano del reconocimiento por parte del gobierno de que Uruguay entró en una fase de estancamiento que requiere un ajuste fiscal, aunque se usen otros términos.

El paquete de medidas anunciado esta semana por el ministro de Economía vino de la mano del reconocimiento por parte del gobierno de que Uruguay entró en una fase de estancamiento que requiere un ajuste fiscal, aunque se usen otros términos.

Comenzando por los aspectos positivos, es bueno que el gobierno reconozca que la economía está estancada, que equivale a la cifra de crecimiento de 0,5% que espera para este año. Eso llevará a una mejor programación presupuestal que la realizada el año pasado con supuestos a todas luces optimistas. También es una buena noticia que el gobierno reaccione y tome medidas para reducir el déficit fiscal. El costo de no hacerlo en términos de endeudamiento, inflación y pérdida de confianza que podía poner en riesgo el grado inversor era indudablemente mayor al del ajuste.

Ahora, no deja de ser una profunda decepción ver a Uruguay tropezar una vez más con la misma piedra, la de las consecuencias del gasto público procíclico. Se puede argumentar, y con razón, que gobiernos de los tres principales partidos han caído en este error. Incluso la última dictadura militar lo cometió a partir de 1980. Pero en una época en que muchos países del mundo han logrado controlarlo resulta frustrante que no logremos aprender la lección.

Hubiera sido sencillo, durante los años de crecimiento excepcional entre 2004 y 2014, haber ahorrado una parte de los ingresos también excepcionales para formar un fondo de estabilización entre cuyos fines entraría, verbigracia, evitar un ajuste fiscal ahora. Su ventaja sería evitar los efectos recesivos que va a tener el ajuste fiscal propuesto que llega en mal momento. En particular, el ajuste afectará el consumo al disminuir el ingreso disponible de parte de la población, además del efecto precaución al que conduce su anuncio.

Por tanto tiene efectos negativos sobre el nivel de actividad y por eso hubiera sido deseable evitarlo. Hace unos años hubiera sido posible gastando un poco menos, hoy no tenemos como zafar.

Particularmente curioso resultó el reconocimiento del ministro Astori respecto a los empleados del Estado. “Tenemos un exceso importante de funcionarios públicos” declaró Astori esta semana, comentando la medida por la cual se pretende que por cada 3 vacantes que se produzcan se tomen solo 2 trabajadores. Estamos frente a un caso extremo de la prociclicidad del gasto público que comentamos. Que el responsable de la conducción económica de la última década, que llevó la cantidad de empleos públicos desde 229.454 a 292.473 entre 2004 y 2014 según los datos de la Oficina Nacional del Servicio Civil, declare que “tenemos un exceso importante de funcionarios públicos” es la demostración más gráfica de la inconsistencia temporal de la política económica.

La coyuntura actual nos muestra lo que casi todos los analistas económicos anunciaban desde hace años, los ciclos económicos seguían existiendo e íbamos a cambiar de fase. Esta situación nos agarra mal parados por los errores de la última década que ahora vuelven. También nos hace ver un problema histórico: un Estado sobredimensionado, hiperregulador y distorsivo que desde la opulencia le pide al sector privado que se ajuste para pagar sus errores.