Parecería que el presidente Mujica está decidido a practicar el libre disparateo hasta el final de su mandato. La rara inimputabilidad de la que goza le permite decir casi cualquier cosa con cara de viejo sabio. Pero, con demasiada frecuencia, lo que dice es muy grave.

Parecería que el presidente Mujica está decidido a practicar el libre disparateo hasta el final de su mandato. La rara inimputabilidad de la que goza le permite decir casi cualquier cosa con cara de viejo sabio. Pero, con demasiada frecuencia, lo que dice es muy grave.

Su última hazaña consistió en desgranar una serie de reflexiones sobre el Poder Judicial durante una entrevista radial. Según el presidente, “el Poder Judicial se ha llevado puesto tres veces al Poder Legislativo”. Con esa frase aludía a las tres declaraciones de inconstitucionalidad decididas durante su mandato por la Suprema Corte de Justicia: sobre la ley interpretativa de la ley de Caducidad, sobre la ley de liquidación de Pluna y sobre la ley que creaba el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales.

En esas ocasiones, dijo Mujica, la Corte “declaró, por razones de forma, que no eran constitucionales ciertas medidas que tomaba el Parlamento”. Eso sería inadmisible porque “el que tiene capacidad de legislar, la intención de hacerlo, es el Legislativo, no el Judicial. El Judicial puede interpretarlo y sabe perfectamente (…) cuál era la intención del Legislativo”.

Dicho en breve, el presidente Mujica ignora que la función del Poder Judicial no se reduce a administrar justicia aplicando las leyes que aprueba el Parlamento, sino también a hacer el control de constitucionalidad de esas mismas leyes. Con eso demuestra que no solo desconoce (o desaprueba) el contenido de nuestra Carta Magna, sino también las bases filosóficas de la democracia constitucional.

La democracia constitucional no es solo un régimen en el que las decisiones se toman por mayoría, sino un régimen en el que aceptamos esa regla a cambio de que las mayorías nunca tomen ciertas decisiones. Esa condición es esencial, porque la historia muestra que las mayorías no solo pueden equivocarse, sino también volverse tiránicas y abusivas. Las mayorías apoyaron durante largos años a gobernantes como Mussolini, y las mayorías de varios países musulmanes apoyan hoy la eliminación de la libertad de expresión y de la libertad religiosa.

La Constitución es el documento que fija límites a lo que la mayoría puede decidir. En algunos casos, esos límites tienen la forma de derechos y libertades. Por ejemplo, la libertad religiosa significa que ninguna mayoría, por contundente que sea, puede obligarme a creer en determinado Dios (o en ninguno). En otros casos, los límites consisten en procedimientos que ofrecen garantías para todos (por ejemplo, el debido proceso).

La Suprema Corte de Justicia es la encargada de hacer el control constitucional de las leyes. Para que una ley pueda incorporarse a nuestro orden jurídico, no alcanza con que la haya votado una mayoría de legisladores. Además, debe respetar los límites y procedimientos establecidos en la Constitución. Solo así estaremos mínimamente a salvo de una mayoría que pueda volverse despótica hacia ciertas minorías o individuos.

Este principio tan básico es lo que el presidente Mujica llama “llevarse puesto al Poder Legislativo”. Para él, las ideas de división de poderes y de gobierno limitado son errores a corregir. Por eso sostiene que hay que reformar la Constitución. Mujica está proponiendo sustituir la democracia constitucional por una democracia mayoritarista, lo que significa romper con Montesquieu para acercarse a Mussolini.