El asesinato de los dos ciudadanos paraguayos, y de una inocente joven uruguaya, en plena avenida Gian-nattasio, elevó el problema de la violencia a niveles desconocidos hasta ahora en el país.

Que un grupo de sicarios se sienta con suficiente confianza como para iniciar una balacera en medio de una zona urbana y llena de gente como esa, con total desprecio por las consecuencias, dice mucho.

Es verdad que apenas días antes otro hecho similar, en el cual una familia fue masacrada supuestamente "por error" en un barrio humilde de la capital, ya había sido una señal de alerta importante. Pero, como siempre, desde el Ministerio del Interior se quitó relevancia al asunto, y se extendió la idea de que son cosas que ocurren en barrios alejados, cosas de malandras... Pero la seguidilla de hechos violentos, asesinatos y "ajustes de cuentas" se empiezan a acumular de una forma tal que ya no es posible mirar para otro lado. Ni ignorar la responsabilidad que le cabe a quienes vienen manejando con absoluto poder, las políticas de seguridad en el país.

La convocatoria al ministro Bonomi de la semana pasada al Parlamento fue una ocasión propicia para comprobar lo desnorteada que está la estrategia oficial en materia de seguridad. Pese a que las cifras de homicidios y rapiñas siguen en una escalada imparable, las autoridades optaron por decir que todo va bárbaro. Incluso algún jerarca del ministerio al parecer comparó sus resultados con los del FBI o Scotland Yard. Está claro que la humildad no es uno de los fuertes de quienes manejan esa cartera.

Es evidente a esta altura que ninguno de los casos policiales emblemáticos de los últimos tiempos ha logrado una resolución favorable por parte de quienes manejan la seguridad en el país. Que las cifras generales de delitos siguen creciendo sin freno. Que hay barrios de Montevideo donde la vida humana parece valer muy poco, y donde las tasas de homicidios son ya comparables a las de los países más violentos del mundo. Y que el clima general que se respira en las calles es de una absoluta orfandad de autoridad estatal establecida, y donde los ciudadanos honestos deben agachar la cabeza para no tener problemas con los malvivientes que pululan petulantes por las zonas céntricas.

Es bueno recordar que el ministro Bonomi lleva seis años a cargo de esa secretaría de Estado. Que ha tenido las mayores alzas presupuestales en muchos años, y carta blanca para hacer y deshacer en el organigrama policial. Seis años de cambios de autoridades subalternas, de modificaciones de jurisdicciones, de promesas y vaticinios. Y seis años donde los resultados, especialmente ante estas realidades, han sido de magros para abajo.

Otro tema importante es el comunicacional. Desde su llegada al ministerio, Bonomi y su entorno han generado una especie de medio de comunicación propio, han limitado el acceso de la prensa a todas las jerarquías policiales, y han generado un clima de enfrentamiento con los medios y hasta con la oposición política, que no tiene antecedentes en el Uruguay. Han regulado la información en base a un criterio absurdo de amigos y enemigos en la prensa, y han conseguido con eso, algún apoyo puntual, y un gran vacío informativo en general, que los medios intentan llenar de la manera que pueden, para cumplir su rol en la sociedad. En ningún país del mundo se ha visto que ante casos como el ocurrido en Solymar días atrás, no haya una conferencia de prensa, ni una autoridad que dé la cara, y explique a la sociedad lo que ha ocurrido.

Peor aun. Ayer mismo, en una entrevista con El País, la familia de la joven muerta por accidente en el hecho (otra víctima que no andaba en "nada raro" a decir del subsecretario Vázquez) se quejaba de que nadie del Ministerio se había comunicado con ellos. La respuesta fue un texto insólito del llamado Centro de Atención a Víctimas del Delito, que decía que no habían podido contactar a ningún familiar. Si el ministerio del Interior no logra contactar a familiares de una víctima, es de imaginarse cuáles serán las chances de que encuentren a los asesinos.

Uruguay padece un problema casi tan grave como la delincuencia ensoberbecida y desbocada. Es la falta del sentido de responsabilidad de sus políticos y dirigentes, en cuanto a que deben hacerse cargo de sus éxitos y fracasos ante la ciudadanía. Que su tarea no es hacer política ni pelarse con los periodistas, es meter presos a los delincuentes y dar seguridad a los honestos. Pero, sobre todo, dar la cara ante la gente, y explicar lo que pasa sin excusas y sin justificaciones absurdas. Para eso, está claro, falta mucho.

Editorial