El sistema de espionaje del Ministerio del Interior que permite escuchar llamadas telefónicas e interceptar correos electrónicos, sigue actuando sin el adecuado control del Poder Judicial.

Hace más de tres años que el Ministerio del Interior compró el aparato de espionaje conocido como "El Guardián" y casi un año desde que lo utiliza a fondo. Mediante ese mecanismo se pueden interceptar las llamadas de 800 celulares y 200 teléfonos fijos, así como intervenir 100 servicios de correos electrónicos y monitorear tres redes sociales. En un asunto tan delicado como la injerencia estatal en la vida privada de las personas, el Gobierno debe extremar los cuidados, cosa que no hace.

No lo hace porque para empezar falta una ley que organice todo lo relativo al tema. Una ley respetuosa del artículo 22 de la Constitución que prohíbe expresamente "las pesquisas secretas" y que determine que las tareas de inteligencia, necesarias para la seguridad pública, deben someterse siempre al contralor de la Justicia. Aunque todo acto de espionaje de "El Guardián" debe hacerse con la correspondiente autorización judicial, a fines del año pasado, el hoy presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediack, denunció que el sistema informático para controlar las funciones del sofisticado aparato no estaba operativo.

El software faltante se llama Sistema Autorizado de Interceptaciones Legales (SAIL) previsto para "dotar de transparencia al procedimiento" según se aseguró al momento de adquirirlo. El tiempo transcurrió sin que nada indique que el SAIL, una garantía para todos, cumpla con su deber, en tanto que el Ministerio del Interior aduce que afronta problemas técnicos que retrasan su puesta en práctica. Y no se pregunte más, porque desde que se compró "El Guardián" ante cada duda o consulta —incluidas las que formulan los parlamentarios mediante los pedidos de informes o en interpelación al ministro del Interior— se opone el secreto de Estado para contestar con el silencio.

Desde el aviso de Chediack no hay noticias de que el SAIL se haya puesto en marcha, por lo que "El Guardián" continúa espiando a los uruguayos sin que nadie, por fuera del Ministerio del Interior, supervise cómo, cuándo, por cuánto tiempo y con qué resultados se practica ese espionaje. Se concreta de este modo una amenaza contra la privacidad de los ciudadanos acentuada por la falta de información y el aura de misterio con que se manejó siempre esta iniciativa por parte de sus responsables. Mientras ese descontrol persista, el ministerio podrá escuchar conversaciones telefónicas o leer al detalle los correos electrónicos privados sin dar parte a la Suprema Corte de Justicia.

Es que el protocolo referido al SAIL le atribuía al Poder Judicial y al Ministerio Público competencias para realizar auditorías sobre las medidas de interceptación dispuestas por los jueces penales y su ejecución por parte de los operadores de telecomunicaciones. Se estableció que el Ministerio del Interior debía remitir trimestralmente un reporte a la Corte con esa información, así como un detalle de las aprobaciones y rechazos de los jueces a los pedidos de espionaje. Sin el SAIL no hay forma de asegurar la transparencia ni una adecuada rendición de cuentas sobre las acciones de "El Guardián".

Todo esto sucede mientras se le pide a la gente que haga confianza en que la vigilancia electrónica y el espionaje cibernético actuarán sólo contra los delincuentes, el crimen organizado o el terrorismo, pero no con otras finalidades. Sin embargo, no es sencillo confiar plenamente en un ministerio conducido por funcionarios que son ante todo políticos profesionales y acerbos militantes de izquierda. Aun suponiendo que a nadie se le ocurra implementar escuchas extrajudiciales y partiendo de la base que la Justicia autoriza escrupulosamente cada intervención de "El Guardián", siempre habrá motivos para recelar de la marcha de un sistema que jueces y fiscales no pueden controlar plenamente.

El Estado uruguayo, cada vez más robusto y todopoderoso, refuerza su arsenal de instrumentos capaces de intervenir en la vida privada de las personas, una tendencia que parece connatural a los dirigentes del Frente Amplio que se han mostrado obsesivos en la materia. Tan obsesivos que en vez de preocuparse por dar garantías del buen uso de esos instrumentos, se desvelan por conocer las operaciones de espionaje del pasado, las que llevaron a cabo policías y militares una vez restaurada la democracia. A tal punto, que hay una comisión parlamentaria investigando antiguos archivos hallados no hace mucho. Si bien esa inquietud es plausible, sería bueno que se ocuparan con el mismo empeño de indagar las tareas que, de manera discreta y sistemática, desarrolla hoy el incontrolado sistema de "El Guardián".

EDITORIAL