En comunicación política no hay verdades absolutas. Para empezar, se equivocan aquellos que dicen que las victorias electorales se obtienen gracias a la propaganda.

Sobrados ejemplos hay en el mundo de candidatos y partidos con cuantiosas inversiones publicitarias, que caen irremediablemente ante adversarios mucho más débiles en recursos económicos. Para muestra basta un botón: el 30 de noviembre de 1980, el No a la reforma constitucional que pretendía legitimar a la dictadura le ganó cómodamente al Sí, a pesar de que la campaña oficialista había sido multimillonaria y masiva, mientras que la del No se limitó a medios semiclandestinos, semanarios frecuentemente clausurados, y aquel único debate televisivo en que Eduardo Pons Etcheverry y Enrique Tarigo vapulearon a los personeros del régimen.

Una inteligente y masiva comunicación no garantiza el éxito, pero puede ayudar a alcanzarlo. Por eso hay que estar con los ojos bien abiertos en este aspecto, ante el más que probable referéndum del año que viene.

Una crónica del periodista Ramiro Pisabarro, de El Observador, dio cuenta anteayer de eventuales lineamientos estratégicos que estarían manejando el Frente Amplio y las organizaciones sociales para embestir contra la LUC.

Hay que empezar por sorprenderse del peculiar eslogan elegido, que aparentemente será lanzado mañana sábado en un acto en el Velódromo: “La LUC no es Uruguay”. Parece una obviedad. En efecto, una ley no es país. Tal vez con esa frase críptica quieren decir que es una norma que no nos representa, que no se identifica con la forma de pensar del país. Puede ser que así sea respecto a la forma de pensar de ellos, pero es bastante aventurado decir que una ley votada por el 60% de legisladores elegidos democráticamente, no refleja con exactitud la convicción mayoritaria de la ciudadanía. Decir que, habiendo sido promovida por la coalición que triunfó en 2019, enriquecida en ambas cámaras y votada por una mayoría tan amplia, no es “uruguaya”, implica que quienes la cuestionan se atribuyen tal calidad, negándola a quienes no pensamos como ellos, aunque seamos muchos más.

Otra vez el desprecio a la democracia representativa. Otra vez las veleidades mesiánicas, semejantes a esa inquietante columna de opinión de La Diaria sobre la que editorializábamos ayer.

Pero la crónica que citamos al principio agrega una observación de interés: los promotores del Sí a la derogación están muy interesados en no partidizar la campaña, en evitar convertirla en una polarización entre opositores y oficialistas. Y la razón es obvia: se dan cuenta de que así tendrían todo para perder. Esta es una novedad para los estrategas de la comunicación política. En nuestro país son tradicionalmente los gobiernos quienes intentan despartidizar las instancias como esta, de democracia directa. Y ello se debe a que los uruguayos somos críticos por naturaleza y tendemos usualmente a simpatizar menos con quien ejerce el poder y más con quien lo desafía. Esta formidable aprobación de medio tiempo que tiene la coalición republicana trastocó esa regla de oro: ahora los lobos se ven obligados a cubrirse con piel de cordero, para ocultar en lo posible su intención de torpedear a un gobierno que cuenta con la simpatía popular.

¿Qué deberíamos hacer nosotros, en ese contexto? Exactamente lo contrario.

Asumir que este será un referéndum de aceptación o rechazo de la gestión, y defender la LUC como el principal instrumento que la coalición republicana ha implementado para realizar los cambios que el país reclamaba a gritos.

Es cierto que hay que contestar una a una las barrabasadas que se dicen contra la norma. Pero desde el punto de vista estrictamente estratégico, esta campaña debe tener como paraguas un concepto muy simple: la intención del Pit-Cnt y su brazo político, el FA, de complicar al gobierno en el ejercicio eficiente de su gestión. O sea, empantanar al país. Los ciudadanos blancos, colorados, cabildantes, independientes y del Partido de la Gente que estén pensando en votar por la derogación de la LUC, deben entender claramente que con ello le inferirían una herida al gobierno, festejada por quienes ponen todas las fichas en impedir los cambios.

Que el Sí a la derogación es también un sí a las licencias sindicales mal habidas, un sí a los comedores escolares cerrados por paro, un sí a la simpatía por el delincuente y el rencor a la policía. A todas esas disfunciones que tanto nos hartaron, por las que tanto anhelamos la rotación de poder. La disyuntiva es esa: seguir emergiendo del pozo o cortarnos la cuerda.