El expresidente de la República, José Mujica y el actual vicepresidente, Raúl Sendic deberán comparecer ante la justicia en pocos días.

Mujica deberá hacerlo (o responder por escrito porque sus fueros de senador se lo permiten) a solicitud de la jueza especializada en Crimen Organizado, María Elena Maynard sobre su responsabilidad en el aval del caso Pluna; Sendic, por su parte ante la jueza en lo Penal, Ana de Salterain a raíz de la denuncia del abogado Gustavo Salle por "usurpación de título".

El caso Pluna llegó a la Justicia por la denuncia de oficio del fiscal del Crimen Organizado Juan Gómez a la que se sumaría luego la del Partido Nacional. Fueron procesados en abril de 2014 el entonces ministro de Economía Fernando Lorenzo y el presidente del Banco de la República, Fernando Calloia por el delito de abuso de funciones. El tema del aval en la subasta de los siete aviones de Pluna había generado críticas, denuncias y severos cuestionamientos a nivel parlamentario, en una muy sonada interpelación que llevó adelante el senador Carlos Moreira.

1) La subasta de los aviones de Pluna se realizó el 1° de octubre de 2012, luego de que la primera convocatoria a remate resultó un rotundo fracaso: no apareció nadie. La segunda iba por el mismo camino y el papelón del gobierno iba a ser monumental. Era necesario que apareciera alguien y sacara a Mujica y compañía del atolladero.

2) Se inicia la subasta y hay un oferente: es de la empresa española Cosmo. Representada por "el caballero de la derecha" que dice ser su vicepresidente y firma Antonio Sánchez (aunque sus documentos rezan Hernán Antonio Calvo Sánchez), se baja el martillo en siete minutos, dos más que los que había pronosticado Mujica desde Lima.

3) Cosmo, con un capital de US$ 7 millones, había recibido el aval del Banco República por US$ 13,6 millones como garantía de una operación de US$ 137 millones. El trámite, velocísimo, tuvo el respaldo de su presidente, Calloia, dos horas después de una llamada telefónica del ministro de Economía.

En aquel momento, para el entonces presidente Mujica fue solo un tema menor. "Es un problema que no existe para la inmensa mayoría de la gente", dijo en su audición radial; "es probable que menos del 1% de la gente de este país viaje con cierta regularidad en aviones". Una visión bastante sesgada sobre la responsabilidad de los gobernantes en el manejo de los dineros públicos.

En cuanto al vicepresidente Sendic, el episodio es más reciente. De acuerdo al currículum oficial difundido por el propio vicepresidente, se había recibido, con medallas de oro incluidas, como Licenciado en Genética Humana en la Universidad de La Habana, mientras estuvo exiliado durante la dictadura militar (1973-1985). La investigación de El Observador fue contundente: Sendic no puede ser Licenciado en Genética Humana, porque esa carrera universitaria no existe en la Universidad de La Habana y es apenas una asignatura de la Licenciatura en Biología.

Empezó entonces un "rueda-rueda" de aceptaciones, rechazos, precisiones y desmentidos, hasta que se despachó con "no se podría haber puesto en un currículum algo que no estaba documentado en Uruguay, que son papeles que quedaron hace tiempo en Cuba. Quizás fue un error dejar de lado esos papeles que nunca pensé que fuera necesario mostrar". Tampoco nunca los mostró, pero siempre pueden "aparecer".

La denuncia de Salle parece ser una buena oportunidad, o tal vez para dar una explicación de por qué se presentó su candidatura ante la Corte Electoral con el título de "ingeniero". En lo que no hay dudas es en que van a ser muy interesantes sus declaraciones ante la Justicia.

Sí queda claro que ambos casos no se pueden considerar episodios de "judicialización de la justicia" como algunos han querido apuntar, o de una campaña "desplegada por la oposición y diferentes medios de comunicación, destinada a menoscabar la imagen y credibilidad, tanto de integrantes de nuestro gobierno como así también debilitar la institucionalidad democrática del país" como sostuvo el Frente Amplio cuando expresó su solidaridad a Sendic. Solo es la aplicación de la norma constitucional de que todas las personas son iguales ante la ley. No hay impunidad: a gobernantes y gobernados se los protege y se los castiga de la misma manera.

Hay un Poder Judicial independiente que se encarga de que ello funcione así. Tal vez sea el menos visible de los tres poderes del Estado, le falte la fuerza de las armas o el respaldo de un pronunciamiento popular en su elección. Pero es la más sólida garantía del imperio del derecho, el respeto a la Constitución y la afirmación del orden jurídico.

EDITORIAL