Hace un par de años, Roberto Pettinato, periodista implacable de mirada ácida e irónica, lanzó un programa televisivo que llamó "Que parezca un accidente". Su explicación sobre el nombre fue categórica: es la actualidad en Argentina, la manera de describir el país.

El caso Nisman no fue un accidente, por lo menos eso es seguro. Pero deja tantas interrogantes que el resultado es parecido y en el estado actual de la República Argentina es muy difícil que la "solución oficial" sea pacíficamente aceptada. ¿Homicidio? ¿Suicidio inducido y desesperado? ¿Suicidio voluntario?

Todas las posibilidades están abiertas y, según quién las maneje es una cosa u otra. Lo cierto es que un fiscal, a escasas horas de presentar ante un grupo de legisladores un extenso y lapidario informe que acusaba a la presidenta y su canciller por encubrir a los autores del peor ataque terrorista de que fue objeto la Argentina, aparece muerto en su departamento, con el arma que efectuó el disparo a escasa distancia de su cadáver.

El 18 de julio de 1994, la explosión de un coche bomba frente a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) provocó la muerte de 85 personas. Las investigaciones judiciales del caso AMIA llevaron a la Justicia argentina a considerar que los responsables directos eran personas de Siria y Líbano, que habrían operado coordinados por sectores militares del régimen iraní de Ahmadinejad, aquel negador del Holocausto judío a mano de los nazis.

Importantes funcionarios iraníes fueron acusados por los hechos, lo que llevó a que Interpol librara órdenes de captura, pero los iraníes rechazaron presentarse ante la Justicia argentina.

Con ese panorama, el gobierno argentino, sorpresivamente, firmó un tratado con Irán, donde se creaba una "Comisión de la Verdad" con representantes de ambos países para analizar la "evidencia y la información" sobre el atentado en la AMIA. "La Comisión y las autoridades judiciales argentinas e iraníes se encontrarán en Teherán para proceder a interrogar a aquellas personas respecto de las cuales Interpol ha emitido una notificación roja. La Comisión tendrá autoridad para realizar preguntas a los representantes de cada parte. Cada parte tiene el derecho de dar explicaciones o presentar nueva documentación durante los encuentros". La existencia de ese documento, que completaba un acuerdo comercial (petróleo por granos), encaminó las investigaciones de Nisman (a quien Néstor Kirchner había encargado en 2004 la investigación de la AMIA), hacia el gobierno y fundamentaba la acusación de "encubrimiento" de la presidenta y su canciller. De prosperar la acusación, iría a hacerle compañía al expresidente Carlos Menem que ya se encuentra procesado por el mismo delito.

¿Lo mataron? ¿Lo indujeron a matarse? ¿Fue una decisión propia y sin presiones? Y en cada posibilidad también las dudas de por qué y quién. Las respuestas tienen algo en común a cualquiera de las alternativas: alguien necesitaba que desapareciera y desapareció.

Ese es el hecho irrefutable que recorre el mundo, que mira azorado y estupefacto hacia la Argentina y al gobierno de la presidenta Cristina Fernández. Una presidenta que solo atina a escribir en Facebook y mandar mensajes por Twitter con sus teoría detectivescas sobre lo ocurrido con el fiscal que la acusaba, mientras los servicios de Inteligencia de su país se desangran en una lucha interna inundada de dinero y corrupción, cargada de lealtades al poder "amigo", falsas lealtades y rencores. Una presidenta que no da la cara, ni reúne a los periodistas para explicar de frente y claro todo lo que hay o puede haber detrás de esto.

Si grave es la muerte de Nisman en circunstancias más que sospechosas, más grave es la reacción del gobierno en rehuir a las interrogantes que surgen desde todos los ámbitos. Prefiere divagar sin pruebas ni seriedad teorías que "demuestran" su inocencia absoluta (puede que lo sea) en este infame episodio. Argentina se juega su credibilidad, con las seguridades jurídicas (y ciudadanas) heridas de muerte, pero parece que eso no importa.

Todo permite pronosticar que el atentado de la AMIA seguirá impune (21 años después) y no somos optimistas en que la muerte de Nisman llegue a aclararse en forma rotunda y contundente. Por lo menos con este gobierno, que tan poco ha hecho para enaltecer el Estado de Derecho y la democracia en su país y más bien se ha ocupado de avasallar principios y libertades fundamentales.

Algo queda claro: en las próximas elecciones de octubre, la actual presidenta deberá buscar una banca en el Congreso. Da la impresión que necesitará de los fueros e inmunidades parlamentarios.

Editorial