La compleja coyuntura que vive el Mercosur tiene un nuevo episodio en esta crisis en torno a la entrega de la presidencia por los próximos seis meses a Venezuela. Argentina, Brasil y Paraguay se han manifestado contrarios a que ello ocurra por distintas razones.

Están las razones de conveniencia comercial. El Mercosur quiere avanzar en una negociación con la Unión Europea por la liberalización del comercio entre ambas regiones. Los próximos meses serán claves y en este sentido no parece lo más oportuno que Venezuela, que ha decidido no participar de esa negociación, quede al frente del bloque sudamericano.

Con todo, si bien es un argumento muy razonable si se quiere tener éxito en esas importantes tratativas, impedir que Venezuela ocupe por ello la presidencia implicaría que lo político estaría por encima de lo jurídico. Es que la conveniencia o no de tal o cual coyuntura no debe primar por sobre lo pactado y es regla en el Mercosur, es decir, el respeto del orden del ejercicio de presidencias rotativas por seis meses.

Están los motivos que aducen incumplimientos parciales de Venezuela en normas del bloque regional que ella aún no ha adoptado. En esta línea de razonamiento, como Caracas no avanza en ese proceso no sería conveniente que liderara en los próximos meses el Mercosur. De nuevo, se trata de un argumento que haría primar lo político sobre lo jurídico. Si en las reglas del Mercosur no se impide a un país integrante del bloque ejercer la presidencia por seis meses porque presente un déficit en "normas, tasas cambiarias y controles cuantitativos", como lo definió el canciller brasileño, pues entonces no son de recibo estas razones para impedir que Venezuela ocupe esa presidencia.

El problema es otro y mucho más grave. Si se pretende que un proceso de unión económica y comercial regional sostenga además una cláusula democrática para los países que lo integran, como es el caso del Protocolo de Ushuaia sobre derechos humanos y respeto a la democracia del Mercosur, entonces ahí está la razón para impedir que el régimen dictatorial de Maduro ocupe la presidencia del bloque. Incluso más: allí está la razón para ir más lejos y excluir a Venezuela del Mercosur.

El presidente argentino (pese a las últimas volteretas de su canciller Malcorra) lo ha planteado sin ambages ya varias veces: el gobierno de Maduro ha violado todos los derechos humanos. Paraguay también ha sido claro en el sentido de que el Mercosur debe exigir que se cumpla con la cláusula democrática para el caso de Venezuela. Los dos países asumen la realidad que todo el mundo conoce y que nadie puede negar: en Venezuela no hay garantías individuales, hay presos políticos y persecución a opositores, la libertad de expresión no está garantizada en lo más mínimo, no hay separación de poderes porque el Poder Ejecutivo controla al Poder Judicial, y el Congreso, que desde diciembre de 2015 refleja una mayoría opuesta al régimen de Maduro, sufre la amenaza presidencial de ser cerrado.

Para que lo jurídico se mantenga por encima de lo político hay que aplicar la cláusula democrática y, desde allí, superar la situación que llevaría a que el Mercosur esté presidido por un país que sufre una dictadura. Toda otra solución empañaría esa "imagen" del bloque que algunos actores quieren preservar con paños tibios, evitando siempre llamar a las cosas por su nombre.

Uruguay hace bien en recordar que hay que respetar lo jurídico. El problema del gobierno de Vázquez es que ha llegado a un punto en el que se hace imposible pretender cumplir con ese sagrado principio de nuestra política exterior sin poner en juego la cláusula democrática para la dictadura de Maduro.

Para todos es evidente que conducir la política exterior del país en este sentido hará que una parte importante del Frente Amplio y sus compañeros de ruta sociales y sindicales se opongan, porque todos ellos, para vergüenza de la izquierda democrática, siguen apoyando al dictador de Caracas. Pero la alternativa, que busca contemplar a esa izquierda frenteamplista, es dejar al Uruguay alineado en la defensa del dictador, cuando además Argentina y Paraguay en particular han sido claros ya en denunciar el carácter autoritario del gobierno venezolano.

Estamos en un grave cruce de caminos. O respetamos lo jurídico, es decir, el compromiso democrático del Mercosur, y actuamos en consecuencia con el régimen de Maduro, o haremos primar lo político para llenarnos nuevamente de vergüenza, como ya ocurrió en la crisis paraguaya de 2012. El presidente Vázquez tiene la palabra.

EDITORIAL