En diciembre vence el plazo de la moratoria de cuatro años que prohíbe la aplicación de la técnica minera de fracking en Uruguay.

Siempre hemos defendido lo conveniente que resultaría para nuestro país concretar su prohibición definitiva, porque los elementos negativos de su aplicación son tan peligrosos que no dejan lugar a otras argumentaciones.

Se ha dicho que una moratoria permite disponer de tiempo a la espera de una eventual mejora tecnológica que minimice los daños. En este caso la balanza está tan inclinada hacia uno de los lados que parece casi una ingenuidad esperar ese resultado. A ello hay que añadirle el hecho de que el procedimiento de fractura hidráulica existe y se aplica en EE.UU. desde hace muchas décadas sin haber podido revertir lo pernicioso de su aplicación.

Recordemos brevemente de qué se trata. Esta técnica logra aprovechar los hidrocarburos (gas y petróleo) atrapados en las formaciones de la roca madre y que no forman un yacimiento en grandes depósitos pasible a ser extraído de manera convencional, de ahí su denominación de “hidrocarburos no convencionales”.

El problema es que para lograrlo se deben provocar violentas fracturas verticales mediante la inyección a alta presión de agua mezclada con varios productos químicos.

Por un lado, varios de esos químicos son altamente contaminantes (metales pesados, materiales radiactivos, etc.); y una buena parte de ellos no se recuperan en la extracción, quedando en el subsuelo por un tiempo, y luego ascendiendo lentamente, contaminando todo a su paso (aguas freáticas y superficiales, suelos).

Por otro, las violentas fracturas del subsuelo ocasionan movimientos sísmicos de distinta intensidad, pero capaces de provocar hundimientos de diversa entidad, según la estructura del suelo de cada zona.

Al aplicarse el fracking también se produce una notoria contaminación sonora en muchos kilómetros a la redonda, afectando la calidad de vida de las personas, alterando el equilibrio ecológico y la salud ambiental de la región.

No podemos olvidar que, desde el punto de vista del desarrollo más conveniente para nuestro país, la aplicación del fracking significaría tomar la decisión -sin duda equivocada- de priorizar la explotación de un recurso natural no sustentable sobre otros que sí lo son, con el agravante de que puede significar un camino sin retorno como suele ocurrir con muchos proyectos de minería extractiva.

Desde el punto de vista económico es un procedimiento costoso y que embarcaría al país en un derrotero opuesto al que con éxito viene transitando; recordemos que orgullosamente nos posicionamos como una de las pocas naciones cuya matriz energética se basa en más del 90% de energías limpias y renovables.

Además, si algún día se aprobara el fracking estaría violando el artículo 47 de la Constitución que consagra la protección ambiental de “interés general” y prohíbe expresamente al Estado y a los particulares emprender acciones que dañen el ambiente.

El subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, anunció que el Poder Ejecutivo tiene la decisión tomada de extender la actual moratoria por 10 años.

Sin duda es una muy buena noticia, aunque tarde o temprano su prohibición deberá ser definitiva.