La convergencia de las crisis política, económica y ética sacudieron a Brasil en los dos últimos años. La recesión económica se agravó sin que se vea una salida y una recuperación sin medidas estructurales, de mediano y largo plazo. El programa mínimo que la seriedad de la crisis actual exige es pasar a Brasil en limpio y cambiar todo lo que haya que cambiar, dentro de los principios democráticos.

La convergencia de las crisis política, económica y ética sacudieron a Brasil en los dos últimos años. La recesión económica se agravó sin que se vea una salida y una recuperación sin medidas estructurales, de mediano y largo plazo. El programa mínimo que la seriedad de la crisis actual exige es pasar a Brasil en limpio y cambiar todo lo que haya que cambiar, dentro de los principios democráticos.

Brasil enfrenta una situación de extrema gravedad sin liderazgos políticos, empresariales y de los trabajadores que expresen los deseos de todos por una economía estable, un régimen político funcional que represente a la mayoría de la población, y una sociedad más justa. El grado alarmante de corrupción, facilitado por la interferencia e ineficiencia del Estado todopoderoso, contamina la vida política y económica del país, y clama por el fin de la impunidad. Se perdió el sentido de autoridad y de garantía de seguridad al ciudadano.

La pérdida del grado inversor de Brasil es la consecuencia de la falta de rumbo y de la incompetencia del gobierno en la conducción política y económica, que hizo que Brasil se sumergiese en la recesión. El desequilibrio económico, el crecimiento del déficit público, de la inflación, del desempleo y el gigantismo del Estado, impone la prioridad coyuntural de un ajuste fiscal. El problema, sin embargo, es estructural y se hace urgente la discusión sobre la agenda de reformas microeconómicas, iniciada pero interrumpida. La pérdida de la competitividad y del dinamismo del comercio exterior hace que sea urgente el cambio de la agenda interna, con una visión de mediano y largo plazo.

La ausencia de liderazgo efectivo en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial agrava el panorama nacional, y exige de los que se preocupan por el futuro de Brasil, un esfuerzo en promover un debate que llame la atención para los cambios que la sociedad brasileña tendrá que enfrentar y aceptar, como la necesidad de restaurar el crecimiento y aumentar el empleo.

En medio del deterioro de la situación económica y política internas, la sociedad brasileña, a través de las mayores manifestaciones de masas de la historia, pasó a presionar a la clase política por el impeachment a la presidente de la República, y por la investigación y el castigo de los responsables del escándalo de corrupción que involucra al Partido de los Trabajadores, a otros partidos y a empresas públicas, en especial a Petrobras.

El pedido de impeachment presentado para que fuese examinado por el Congreso, se enfocó en los fraudes fiscales cometidos por la presidente Dilma Rousseff y su gobierno en 2015. Todo el proceso de análisis por parte del Congreso fue debidamente definido por el Supremo Tribunal Federal (Suprema Corte de Justicia), obedeciendo el debido proceso legal de la Cámara de Diputados y del Senado, lo que llevó a varios ministros del STF a contestar repetidamente la versión del gobierno de un golpe contra las instituciones.

Lamentablemente los secretarios generales de la OEA, Luis Almagro, y de la Unasur, Ernesto Samper, en clara interferencia en los asuntos internos, por afinidades ideológicas con el gobierno del PT, intentan movilizar, sin éxito, a los países miembros y a otras instituciones para que condenen el impeachment.

En el día 11 próximo pasado, después de aprobado en la Cámara, el pedido de impeachment fue confirmado, con amplia mayoría en el Senado, y a partir del día 12, con el alejamiento de la presidente, asumió, como prevé la Constitución, el vicepresidente Michel Temer. El juicio contra Dilma Rousseff podrá extenderse hasta 180 días, pero tenderá a ser sensiblemente más breve y Temer gobernará hasta 2018.

El nuevo gobierno en Brasilia buscará desarrollar una agenda que restablezca la confianza y la estabilidad económica en el país. Será un gobierno de transición que deberá reponer las funciones del Ejecutivo, prácticamente paralizado en casi los dos últimos años, y conduzca al país hacia la elección presidencial en 2018.

El precio del inmovilismo sería mayor que el costo de los cambios necesarios para restablecer las condiciones de gobernabilidad del país. Dentro de ese panorama, en caso de que el nuevo gobierno tome las medidas necesarias para reducir los gastos del gobierno, para iniciar la reforma de la seguridad social y enfrentar las dificultades fiscales, habrá dado un paso importante para la gradual vuelta al crecimiento, para la disminución del desempleo y para la recuperación de la confianza.

La reversión de las expectativas negativas que hoy prevalecen será más rápida, ya que los agentes económicos están a la espera de un gobierno que apunte para una nueva orientación segura de rumbo para los próximos años. Las inversiones domésticas y externas volverán, y proyecciones realistas indican una caída de la inflación y un crecimiento de alrededor del 1% en 2017.