Cada noche, a las 8 p.m., se apagan las luces en la celda de 2 por 2 metros donde se encuentra detenido el líder opositor venezolano Leopoldo López, en la prisión militar Ramo Verde en las afueras de Caracas. López es la única persona detenida en el edificio donde está su celda, y es necesario atravesar al menos seis rejas cerradas bajo llave para llegar hasta donde él está. Este aislamiento, por sí solo, supone un mayor riesgo de que sufra abusos o maltratos. Además, todas estas rejas pueden dificultar que los guardias lleguen oportunamente hasta donde está López en caso de emergencia, o pueden ser una buena excusa para justificar que no llegaron a tiempo ante una “emergencia”.

Cada noche, a las 8 p.m., se apagan las luces en la celda de 2 por 2 metros donde se encuentra detenido el líder opositor venezolano Leopoldo López, en la prisión militar Ramo Verde en las afueras de Caracas. López es la única persona detenida en el edificio donde está su celda, y es necesario atravesar al menos seis rejas cerradas bajo llave para llegar hasta donde él está. Este aislamiento, por sí solo, supone un mayor riesgo de que sufra abusos o maltratos. Además, todas estas rejas pueden dificultar que los guardias lleguen oportunamente hasta donde está López en caso de emergencia, o pueden ser una buena excusa para justificar que no llegaron a tiempo ante una “emergencia”.

El 10 de septiembre, López fue condenado a casi 14 años de cárcel tras un juicio en el cual se cometieron graves violaciones del debido proceso y no se presentaron pruebas que lo vincularan con ningún delito.

Durante su prisión preventiva, los guardias realizaron requisas violentas en su celda llevándose hasta dibujos de sus hijos, y le aplicaron castigos que le impidieron recibir visitas familiares por varios meses. La justicia no concedió ninguno de los recursos que planteó López por violaciones del debido proceso ni por los abusos sufridos en prisión.

En un país donde las instituciones judiciales carecen de la más elemental independencia para proteger a aquellos cuyos derechos fundamentales son avasallados por el Gobierno, ¿quién podrá proteger a López?

Diversos observadores internacionales de los sistemas de derechos humanos interamericano y de las Naciones Unidas, han criticado insistentemente la detención y la condena arbitrarias de López. Recientemente, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria exigió la liberación inmediata de López, y sostuvo que su juicio se llevó a cabo “a puerta cerrada [y estuvo] marcado por graves irregularidades”.

Pero estos reclamos no han sido oídos. La reacción del gobierno venezolano ha consistido en defender lo indefendible, destacando la labor de los tribunales y el ministerio público venezolanos como si se tratara de un modelo a seguir.

Esta defensa es vergonzosa y no pasa el más mínimo escrutinio de decencia. El poder judicial venezolano ha dejado de actuar como un poder independiente de gobierno desde que, en 2004, el entonces presidente Chávez y sus partidarios realizaron un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia.

Sin embargo, fue recién tras la condena de López que algunos gobiernos latinoamericanos, como Chile, Costa Rica, Paraguay y Perú, exhortaron a Venezuela -con mayor o menor claridad- a respetar sus derechos básicos del debido proceso.

La semana pasada, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, contestó una carta enviada por el ex Canciller de Venezuela Elías Jaua, y reivindicó su derecho a reunirse con la oposición venezolana. Almagro señaló que “la Democracia es el gobierno de las mayorías”, pero también debe “garantizar los derechos de las minorías”.

A pesar de estas reacciones, lamentablemente, la mayoría de los gobiernos latinoamericanos han guardado silencio.

(*) José Miguel Vivanco es Director para las Américas de Human Rights Watch