La operación “Lava-Jato”, iniciada en 2014 para investigar una trama de lavado de dinero y evasión, se ha convertido en la mayor ofensiva contra la corrupción en la historia de Brasil. Pero su impacto trasciende las fronteras y ha afectado a toda la región, inclusive a Uruguay.

El “Lava-Jato”, la mayor operación contra la corrupción de las Américas, ya afecta directamente al menos a seis países de América Latina y el Caribe.

Debido a las denuncias, el banco nacional de desarrollo de Brasil (Bndes), suspendió el desembolso de US$ 3,6 mil millones para 16 proyectos de infraestructura en Argentina, Venezuela, República Dominicana, Cuba, Honduras y Guatemala. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil participa en las negociaciones sobre la reanudación de los desembolsos, los cuales, sin embargo, sólo ocurrirán mediante la firma de un término de cumplimiento (de acuerdo a reglas) entre las empresas contratistas y los países contratantes.

Los proyectos suman un total de US$ 5,7 mil millones y representan el 58% del importe asignado por el banco para financiar la exportación de servicios de ingeniería de Brasil en la región entre 2003 y 2015.

Los países más afectados son también los que recibieron más recursos del Bndes en el período. El mayor beneficiario, Venezuela, tendrá que renegociar cinco grandes proyectos, entre ellos la ampliación del metro de Caracas, cuyas obras recibieron US$ 1.28 mil millones de dólares del banco de desarrollo de Brasil, y el astillero Astialba destinado a la fabricación de los navíos petroleros de Pdvsa, la petrolera estatal venezolana. La República Dominicana, el segundo país de la región en el volumen de recursos, tiene seis proyectos cuestionados por el banco en obras viales, proyectos de riego y la millonaria termoeléctrica de Punta Catalina, con una financiación prevista de US$ 656 millones.

Todas las obras estaban siendo ejecutadas por cinco de las empresas constructoras más grandes de Brasil que participan en la operación del "Lava-Jato": Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Camargo Correa, Queiroz Galvão y OAS. Cuatro de ellas ya han tenido a sus líderes condenados por el juez Sergio Moro, del Tribunal Federal de 13 de Curitiba. El "Lava-Jato" ya ha tenido 82 condenados en primera instancia, de los cuales 25 se convirtieron en informantes de la trama de corrupción que, según Moro, es sistémica en Brasil.

La decisión del Bndes de suspender las transferencias fue tomada después de la detención del exministro Antonio Palocci, acusado de administrar una cuenta para "coimas" o sobornos de la empresa constructora Odebrecht con el Partido de los Trabajadores (PT), por la que habrían pasado R$ 128 millones hasta 2013. Entre las ventajas ofrecidas por el gobierno del PT a la mayor constructora brasileña había facilidades para la liberación de los fondos del Bndes para trabajar en el extranjero.

El empresario Marcelo Odebrecht y 77 de sus ejecutivos cerraron acuerdos de delación premiada (declaración negociada por reducción de la pena a pagar) con un grupo de trabajo de los fiscales que participan en el "Lava-Jato". Se espera que esos acuerdos se homologuen a finales de este año. El esquema habría concedido decenas de sobornos políticos a los partidos de la coalición del PT como el Partido del Movimento Democrático Brasileño (PMDB) y el Partido Progresista (PP), la mayoría aún en condición de investigados.

La reanudación de los desembolsos será precedida por la firma de un acuerdo de cumplimiento (de acuerdo con las reglas) entre los contratistas y los órganos de contratación de cada fondo. En el documento, los contratistas y el importador deben hacer un compromiso con la legalidad del proceso, lo que confirma la ausencia de actos ilícitos en relación con la operación, y garantizar la aplicación de los recursos. El documento prevé sanciones en caso de declaraciones falsas, incompletas o incorrectas de cumplimiento de la multa impuesta a la exportadora.

Al anunciar la revisión de 25 contratos, Bndes informó que los criterios serán ahora más estrictos y algunos pueden incluso ser cancelados. Se incluyen en esta lista contratos con tres países de África: Angola, Ghana y Mozambique.

La revalorización de los financiamientos tiene en cuenta el avance de los trabajos, los fondos que se ponen a disposición de otros prestamistas y el impacto de los nuevos desembolsos en el nivel de exposición y el riesgo del crédito bancario en cada país. Por ahora, el Bndes no ve la necesidad de cambiar otros elementos contractuales tales como el tiempo y el interés, siguiendo los estándares internacionales. Según el banco, nunca hubo morosidad de préstamos concedidos para la exportación de servicios de ingeniería.

Los 13 años del PT en el gobierno brasileño se cerraron en agosto pasado, con la destitución de la presidente Dilma Rousseff. Los principales líderes del partido están bajo investigación, entre ellos el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, responsable de la política de acercamiento con América Latina y África.

Ahora el escándalo salpica también al presidente Michel Temer (del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB) y a varios de sus ministros, porque uno de los delatores de Odebrecht le atribuye a Temer haber recibido unos US$ 3 millones, en parte para financiar la campaña electoral (ver más en D8).

"Hubo grandes distorsiones y desvío de prioridades en los últimos años. Los criterios para el apoyo de los países incluían razones ideológicas y/o cuestiones poco transparentes. El Bndes está en este momento ajustándose, pero es importante que siga invirtiendo en el apoyo a las empresas brasileñas en el exterior para que Brasil no se salga del mercado internacional, como ocurre con la mayoría de los países", dice el consultor Rubens Barbosa, que fue el embajador de Brasil en Londres y representante del país en la Asociación latinoamericana de Integración (Aladi).

En la evaluación de Barbosa, los intereses políticos y de grupos económicos que han marcado las decisiones de inversión del Bndes tienden a ser sustituidos por criterios técnicos más transparentes. "Hay que separar la ideología de las decisiones de financiación. El problema es la falta de transparencia. Si el proyecto es bueno para el país y para Brasil, está bien que sea financiado", opinó.

Siete países de América Latina y el Caribe ya han presentado solicitud al Departamento de Cooperación Internacional de la Procuraduría General de la República de Brasil (PGR) para recibir los documentos y la información recogidos por la Operación "Lava-Jato": Argentina, Chile, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Perú y Uruguay. En total, se han recibido 28 solicitudes de colaboración de 18 países.

Argentina y Perú son los más avanzados en recolección de datos. Con el cierre del acuerdo de delación premiada con Odebrecht y 77 de sus directivos, el volumen de información a ser compartida se incrementará. El contratista es responsable de nueve de las obras en la mira del Bndes, y recaudó US$ 5,98 mil millones de dólares de la institución sólo para trabajos en América Latina y el Caribe entre 2009 y 2015 —el volumen más grande entre las empresas investigadas.

Las investigaciones en América Latina incluyen las obras del sector eléctrico, cuyos procesos se arrastran lentamente en Brasil. En la investigación argentina, el objetivo inicial era la propia Petrobras en sí misma. En delación premiada, Néstor Cerveró, exdirector de Asuntos Internacionales de la empresa, dijo que había recibido sobornos por la venta de Transener (compañía de transmisión de energía) a la argentina Electroingeniería. En Brasil, el acuerdo habría producido beneficios ilícitos a un grupo de senadores investigados por la Corte Suprema gracias al foro privilegiado proporcionado a las autoridades.

En Argentina, las sospechas recaen sobre los ministros de la expresidente Cristina Kirchner. Los pagos realizados por una offshore utilizada por el Grupo Odebrecht se habrían hecho a un secretario de Transporte acusado de enriquecimiento ilícito. El país había tenido pagos del Bndes suspendidos en los préstamos para la construcción del sistema de abastecimiento de agua Las Palmas, proyecto de Odebrecht, y para la construcción, por parte de la empresa constructora OAS, de un segundo acueducto en la Provincia del Chaco.

En las últimas décadas Brasil se ha mostrado como un socio rico y ejerció su poder para atraer aliados políticos en América Latina, el Caribe y África. Entre 2005 y 2010 los préstamos del Bndes casi se cuadruplicaron en dólares. En un solo año, 2010, el banco brasileño llegó a prestar casi US$ 100 mil millones, tres veces la cantidad invertida por el Banco Mundial (BIRD).

Ahora, el gran volumen de recursos pone en duda la imparcialidad de los contratos firmados para financiar obras ejecutadas por las constructoras brasileñas fuera de Brasil. La corrupción sistémica revelada por el "Lava-Jato", fue descrita por los condenados por la Justicia de Brasil como la "regla del juego" de los acuerdos de negocios con Petrobras y otras agencias gubernamentales. La incorporación de soborno como "costo de mercado" en el presupuesto de Andrade Gutiérrez, revelada por el expresidente del holding Otávio Marques al juez Sergio Moro, hace incrementar aún más las sospechas sobre los contratos firmados en el extranjero.

Actualmente, el Bndes tiene 47 contratos de financiación para los trabajos en el extranjero, por un total de US$ 13,5 mil millones.

El exportavoz del gobierno de Lula, el profesor brasileño André Singer, acuñó la frase "lulismo" para definir la marca de los ocho años del antiguo obrero metalúrgico en el poder: una forma de hacer política que atrajo el apoyo de los más pobres a su partido, el PT, sin entrar en fricción con los más ricos. En su gobierno (2003-2010), y después, Lula implementó la versión latinoamericana de la misma tesis: abrazando banderas históricas de la izquierda en el continente —la integración solidaria entre los países— sin descuidar los intereses de poderosos grupos económicos brasileños, inclusive los más corruptos.

Intercambios de e-mails y mensajes telefónicos, comunicaciones diplomáticas y notas, aportan detalles sobre la presión que ejercieron las empresas sobre Lula, y cómo él aceptó defender la agenda económica de estas empresas, al tiempo que recibía ventajas y beneficios personales de las mismas. La evidencia sobre los beneficios a Lula llegó al corazón de uno de los proyectos centrales de su grupo político.

Oficialmente en nombre de ese proyecto, Lula hizo 150 viajes por América Latina entre 2003 y 2015, el 76% durante su administración, según el instituto que lleva su nombre. La mayor compañía de infraestructura en Brasil, Odebrecht, tenía un director solo para hacer frente a las cuestiones sobre Lula: Alexandrino Alencar, con buena relación con el líder del PT. Las acciones de Odebrecht en defensa de sus intereses, cuando Lula era todavía presidente, incluían a ministros y asesores cercanos del mandatario.

Llamado "seminarista" en los correos electrónicos, por su conexión con la Iglesia católica, el entonces secretario general de la Presidencia, Gilberto Carvalho, recibía a través de Alexandrinho informes de Odebrecht previo a cada visita internacional de Lula o de un jefe de Estado extranjero al país. Coincidencia o no, de las 23 conferencias contratadas a Lula en América Latina, 13 fueron pagadas por empresas investigadas en el "Lava-Jato". Odebrecht, en el primer lugar, tiene seis contratos. En comunicados, negaba que Lula hubiera hecho lobby en su favor. Pero los correos electrónicos muestran que su discurso era parte del servicio contratado.

Una comisión creada en la Cámara de Diputados el 16 de noviembre, investigará la fallida obra de construcción de la planta regasificadora en Puntas de Sayago, Montevideo. Con el voto del diputado Gonzalo Mujica —hoy alejado del Frente Amplio justamente a causa de esto— y el del legislador de Unidad Popular, Eduardo Rubio, la oposición obtuvo la mayoría para investigar la forma en la que se adjudicaron las obras y el perjuicio que sufrieron empresas uruguayas.

Según la denuncia presentada por el diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, el Estado uruguayo perdió más de US$ 65 millones por la frustrada obra. GNLS fue el consorcio elegido por la empresa Gas Sayago —que conforman UTE y Ancap— para hacerse cargo de la construcción y operación de una planta regasificadora, la cual firmó su contrato el 1° de octubre de 2013. A su vez, GNLS contrató a la brasileña OAS para que diseñara el proyecto ejecutivo y realizara la obra.

Desde el punto de vista de Abdala, el proceso de selección de OAS "está lleno de irregularidades e ilicitudes". "La oferta de GNLS y OAS no era la más conveniente. No lo era desde el punto de vista económico porque era la segunda más cara de cuatro y porque técnicamente hay informes de una consultora italiana que desaconsejó elegir a esta empresa y recomendó un nuevo llamado", advirtió el diputado.

Además, Abdala afirmó que una de las investigaciones hechas en Brasil sobre la gestión del expresidente Lula, reveló mensajes del presidente de OAS, José Aldemario Pinheiro, referidos a la organización de una visita del ex mandatario brasileño a Uruguay en 2014.

Según datos que obtuvo El País de Migraciones, Lula estuvo en Uruguay seis veces entre 2005 y 2014.

Abdala señaló que con insistencia le han llegado informaciones de que Lula habría incidido para que se diese participación a OAS en la obra de la regasificadora. OAS fue denunciada por la constructora uruguaya Costa Fortuna por lavado de activos, algo que ahora está investigando un juzgado de Crimen Organizado.

El empresario Benedito Rodrigues declaró que la empresa OAS solicitó los oficios de Fernando Pimentel como ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil para que este hiciera los contactos con el gobierno uruguayo y poder hacer la obra de la regasificadora y el gasoducto vecino.

Según los registros a los que accedió El País, Pimentel ingresó a Uruguay 18 veces entre 2005 y 2015, y lo más curioso es que ingresó por distintos controles fronterizos.

La Justicia de Crimen Organizado en Uruguay indaga a cuatro profesionales uruguayos que han sido multados por el Banco Central (BCU) por no haber reportado operaciones sospechosas vinculadas al caso "Lava-Jato". Se trata de dos corredores de bolsa, un abogado y un escribano, y se los investiga por su participación en la apertura de cuentas off shore.

La investigación judicial se desarrolló por el reporte de un caso sospechoso de lavado de activos planteado por un abogado al BCU. El profesional, al ver su nombre en la prensa, concurrió a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del BCU y brindó informaciones sobre la compraventa de un apartamento de lujo realizada por el exdirector del Área Internacional de Petrobras, Néstor Cerveró.

En abril de 2009, utilizando la sociedad anónima Jolmey, creada en 2007 y presidida por el abogado uruguayo, Cerveró adquirió un apartamento por US$ 689.000 en Río de Janeiro. El inmueble fue luego remodelado por unos US$ 700.000.

Con los datos aportados por el profesional uruguayo, la UIAF comenzó a investigar. Poco después, sugirió a las autoridades del BCU que ameritaba la presentación de una denuncia penal.

Fuentes judiciales del caso dijeron que "se sabe que también hay inmuebles y cuentas bancarias". Parte de ellas salen de la declaración premiada de Fabio Cleto, exvicepresidente de Caixa, aún bajo reserva de presumario.

En materia de propiedades, hace unas semanas trascendió por la revista Istoé, que el expresidente Lula Da Silva sería el propietario de una mansión en Punta del Este valuada en dos millones de dólares. Esa información dio inicio a un relevamiento por parte de la Secretaría Antilavado.

Este mes, una junta conformada por la ahora jueza penal del caso, María Helena Mainard, se reunirá para avanzar en la investigación. Esa Junta que actúa como auxiliar de la Justicia está integrada por personal de la Secretaría Antilavado, la DGI y el BCU.

Desde 2006, João Santana ganó ocho elecciones presidenciales en cinco países, con el éxito que ningún otro operador político ha tenido. Además de prestigio y millones de dólares, el trabajo del publicitario brasileño le aportó el apodo de "constructor de presidentes".

El consultor no pudo celebrar su última victoria ya que tras la victoria de Danilo Medina en República Dominicana este mayo, ya estaba preso hacía casi tres meses en la cárcel de la Policía Federal en Curitiba por la operación "Lava-Jato".

En la región, la prisión de Santana levantó fuertes sospechas sobre su forma de trabajo. Está acusado de corrupción, lavado de dinero y de ser parte de una organización delictiva en Brasil. Parte de los sobornos que habrían sido pagados al PT eran desviados, según la investigación, al publicista y a su mujer, Mónica Moura, responsables de las campañas de Lula en 2006, y de Dilma Rousseff en 2010 y 2014. El matrimonio asegura que no sabía que el dinero era producto de corrupción. En Venezuela, para la reelección de Hugo Chávez, Moura dijo a la Policía que ganaron US$ 35 millones por la asesoría.

UN CONTINENTE BAJO SOSPECHA